Guatemala: los tribunales no curan la sífilis

GUATEMALA (apro).- El guatemalteco Manuel Gudiel García murió en 2011, a los 85 años de edad, sin haber visto justicia. Manuel fue parte del macabro experimento que el gobierno estadunidense realizó en los años cuarenta, que consistió en probar bacterias como la sífilis en indigentes, prostitutas y soldados.

En marzo de 2011, Gudiel y otros sobrevivientes, así como descendientes de las víctimas, presentaron una demanda colectiva en Estados Unidos contra nueve funcionarios de ese país. Dicha demanda fue rechazada por Reggie B. Walton, juez de la Corte del Distrito de Columbia, bajo el argumento de que los acusados poseen inmunidad por no haber estado involucrados en los sucesos.

En su resolución de 26 páginas, fechada el pasado 13 de junio, a la que Apro tuvo acceso, Walton argumentó que los hechos lo apenaron, pero no tuvo más opción que rechazar los reclamos.

“Como los acusadores reclaman, y los acusados reconocen, el estudio guatemalteco es un capítulo profundamente problemático en la historia de nuestra nación”, escribió.

Sin embargo, agregó, “esta corte no tiene poder para proveer de ningún remedio a los acusadores. Sus alegatos son dirigidos más apropiadamente a las ramas políticas de nuestro gobierno, que, si así lo decide, tiene la capacidad de conceder cierta compensación pequeña para los afectados por el estudio guatemalteco”.

Gudiel García, Federico Ramos Mesa, Marta Cesárea Pérez Ruiz, Víctor Manuel Tecú Florían, y Gonzalo, Victoria y Celso Ramírez Tista, descendientes de Celso Ramírez Reyes, presentaron una querella, el 14 de marzo de 2011, contra un grupo de funcionarios de la administración del presidente Barack Obama por violación a la prohibición contra experimentos médicos sobre humanos sin consentimiento previo, contra el trato cruel, inhumano y degradante, y el debido proceso.

Los acusados son Kathleen Sebelius, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos; Howard K. Koh, secretaria asistente de Salud; la vicealmirante Regina M. Benjamin, cirujano general del Servicio de Salud Pública; Thomas Frieden, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC); Rima Khabbaz, director de la Oficina de Enfermedades Infecciosas del CDC; Kevin Fenton, director del Centro Nacional para la Prevención del Sida, Hepatitis Viral, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y Tuberculosis; Gail Bolan, director de la División de Prevención de ETS; Harold Varmus, director del Instituto Nacional del Cáncer, y Mirta Roses Periago, directora de la Organización Panamericana de la Salud.

Los representantes legales se mostraron desconsolados con el veredicto de Walton y anunciaron que presentarán una apelación.

“Estamos decepcionados. Hubo serias violaciones a los derechos humanos y a las leyes, y el juez no las tomó en cuenta. Es un caso muy interesante y el juez adoptó una visión muy negativa”, declaró a Apro Piper Hendricks, abogada del despacho Conrad y Scherer, con sede en Fort Lauderdale, Florida.

De hecho, Walton decidió el fallo más de un mes antes de una audiencia que estaba programada para el 26 de julio y que fue suspendida.

En 2010, la investigadora Susan Reverby, del Wellesley College de Massachusetts, reveló los exámenes secretos, practicados tanto en Estados Unidos como en el país centroamericano.

“Debe haber una compensación para las víctimas individuales, como un recordatorio para los actuales investigadores de los costos de la investigación inmoral”, planteó Reverby a esta agencia.

Y en la resolución legal se lee que “con el reconocimiento implícito de que ninguno de los nueve acusados estuvo involucrado en el estudio guatemalteco, que concluyó en los años cincuenta, los acusadores sostienen que los acusados son responsables bajo los principios de la responsabilidad sucesora por los actos de sus funcionarios predecesores”.

Prosigue:

“Pero esta demanda no es simplemente el vehículo apropiado para remediar esos errores”.

Laboratorios del mal

En Guatemala, un equipo médico liderado por John C. Cutler, quien murió en 2003, infectó con sífilis a 696 personas, con gonorrea a 772 y con chancros a 142.

Menos de 700 de esas personas recibieron posteriormente un tratamiento curativo, y se estima que 83 de ellas murieron antes de 1953, aunque se ignora si fue a causa de los experimentos.

Como consecuencia se contabilizaron 438 huérfanos de entre seis y 16 años de edad.

Manuel Gudiel García fue soldado en el cuartel general “Matamoros”, en el centro de la capital guatemalteca, entre 1948 y 1950. Fue inoculado con sífilis durante 18 meses.

Celso Ramírez Reyes también fue militar entre esos años e infectado durante seis meses. Luego de abandonar las filas del Ejército, Ramírez padeció llagas, visión pobre y gonorrea. Su segunda hija, Victoria, una de las acusadoras, ha sufrido diversas enfermedades desde su nacimiento, incluyendo la ceguera a sus 15 años de edad.

Federico Ramos Mesa perteneció a la Fuerza Aérea Guatemalteca, de la que formó parte entre 1948 y 1950, lapso en el que fue inyectado cada 15 días por un periodo de seis meses. Esas inoculaciones le provocaron sensaciones incómodas en el área genital, secreciones y ronchas. Cada vez que era tratado médicamente, tenía que estar en cama de uno a tres días por el cansancio, dolor y somnolencia.

Luego de dejar la aviación, las secreciones persistieron y experimentó problemas para orinar.

Marta Cesárea Pérez es la esposa de Óscar Pérez Ruiz, quien fue un niño de la calle. Hacia 1960, Pérez fue recogido de la indigencia por desconocidos que trabajaban con los acusados y contagiado con el padecimiento. Años después, la víctima se casó con Marta, con quien procreó siete hijos. El primero nació muerto y el segundo, que cuenta con 27 años, es discapacitado.

En 1980 la pareja se sometió a una prueba sanguínea, que arrojó positivo con sífilis, por lo que durante 20 días recibieron dosis diarias de penicilina. Ello hizo posible que tuvieran cinco hijos más libres de la infección.

Víctor Manuel Tecú Florían perteneció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército guatemalteco entre 1969 y 1971 y recibió inyecciones cada 15 días. Aunque se sometió a un tratamiento luego de abandonar la disciplina militar, Tecú no camina bien debido a los efectos del experimento.

Pero ellos no fueron los únicos cobayos.

Entre 1932 y 1972, médicos del Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas –ahora División de Prevención de ETS– realizaron el estudio Tuskegee de sífilis no tratada en hombres negros, entre 600 afrodescendientes del sexo masculino.

En 2009, el CDC reconoció que los conejillos de indias no recibieron el tratamiento adecuado, aunque les realizaron exámenes médicos y les ofrecieron comida gratuita y seguros funerarios.

Durante cuatro décadas, los 399 participantes que dieron positivo al examen de sífilis nunca fueron informados de que poseían esa enfermedad fatal.

Además, en 1944 un grupo de internos en la prisión de Terra Haute (Indiana) fueron contagiados con gonorrea.

Para evadir los controles existentes en Estados Unidos, los funcionarios buscaron un sitio más laxo para practicar sus proyectos. Así dieron con Guatemala.

El propósito era comprobar si la penicilina, en ese entonces la novel cura contra la infección, podía ser también usada como profiláctico inmediatamente después de una exposición a la bacteria.

La Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos de Bioética, creada por Obama en 2010, confirmó en su reporte final de septiembre de 2011 –titulado Éticamente imposible: investigación sobre enfermedades de transmisión sexual en Guatemala desde 1946 hasta 1953– que 5 mil 500 personas fueron utilizadas en los ensayos financiados por instituciones de salud estadunidenses.

En su estudio Infección intencional de poblaciones vulnerables en 1946-1948: otra trágica lección de historia, publicado en octubre de 2010 en el Journal of the American Medical Association, Thomas R. Frieden, director del CDC, y Francis S. Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, resaltaron una serie de violaciones éticas cometidas por sus predecesores.

Entre los quebrantos destaca que los sujetos de estudio eran miembros de poblaciones vulnerables, como discapacitados mentales e internos de manicomios, prisiones y soldados, quienes no pudieron dar un consentimiento válido informado.
Además, el estudio señala que los individuos fueron infectados intencionalmente con patógenos que pudieron causar enfermedades serias y a los cuales se les engañó en la realización de los experimentos.

A causa del “Estudio Tuskegee”, el gobierno de Estados Unidos llegó a un arreglo con víctimas y sus familiares por 10 millones de dólares.

“Hubo experimentos similares en Estados Unidos y ha habido diferencias en el trato a las víctimas. Cada una debe ser tratada de forma similar”, señaló Hendricks, quien forma parte de un equipo de abogados estadunidenses y guatemaltecos que representan a las víctimas y sus parientes.

Arreglo posible

El juez Walton sugirió de manera implícita que el gobierno estadunidense debería indemnizar a las víctimas.

“Parece que esos esfuerzos remediadores están por venir, basado en la postura de Estados Unidos ante la Corte de estar comprometido a tomar los pasos apropiados para abordar los agravios terribles que ocurrieron en Guatemala”, escribió el magistrado.

“No hemos visto indicios de que el gobierno quiera negociar. Un punto muy importante es que la remediación debe ser para todas las víctimas y no sólo para unas cuantas”, aseguró por su parte Hendricks.

Y mientras, en el Congreso estadunidense continúa la pugna entre demócratas y republicanos, en medio de la contienda electoral que desembocará en las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

“Pero que el Congreso estadunidense lo haga (apruebe una compensación para los afectados), por estar tan dividido y por ser un año electoral, parece improbable”, sostuvo Reverby.

Para Hendricks, es un año políticamente muy complicado en el que no abunda la cooperación entre los dos partidos mayoritarios.

“El informe de la Comisión Presidencial demostró que no es un asunto de demócratas o republicanos. Se puede apoyar a las víctimas”, enfatizó la abogada.

En tanto, en octubre de 2010 Obama, Sebelius y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se disculparon con el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom.

Y en enero de este año el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que desembolsará un millón 800 mil dólares para apoyar el tratamiento y prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras enfermedades de transmisión sexual en el país centroamericano.

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