2006: aún perdura el litigio por las boletas

Para esta elección está contemplado el recuento de boletas en todas las casillas en casos específicos. Sin embargo, durante toda su administración Felipe Calderón se dedicó a bloquear el acceso de esta revista a las boletas de los comicios presidenciales de 2006. El propósito era sencillo: obtener información fidedigna sobre lo ocurrido en aquel proceso cuando ya era irreversible. La férrea oposición oficial a abrir los paquetes es uno de los factores de la actual desconfianza de un sector de la sociedad hacia las autoridades en materia electoral.

La sombra del fraude en la elección presidencial de 2006 evitó la destrucción de las boletas electorales y aun cuando este domingo se votó por el sucesor de Felipe Calderón, el IFE deberá conservar la paquetería de aquellos comicios porque aún hay litigios para lograr el acceso.
La iniciativa de la revista Proceso para hacer un recuento independiente de la elección presidencial mediante el acceso a la totalidad de las boletas fue el primer impedimento que tuvo el Instituto Federal Electoral (IFE) para destruir la paquetería de la elección adjudicada a Calderón en un juicio en el tribunal electoral.
Después hubo otras solicitudes de acceso a los más de 130 mil paquetes de la elección presidencial que polarizó al país, lo que impidió que se aplicara la disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ordena la destrucción de la papelería una vez concluido el proceso electoral.
Aunque el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2011 terminó por rechazar una queja presentada por la revista en contra del Estado mexicano por esa negativa, el IFE no puede disponer aún de las boletas porque el semanario y otros particulares insistieron en el acceso al material electoral, amparados en la reforma constitucional en materia de derechos humanos vigente desde junio del año pasado. El caso puede llegar a la Organización de Naciones Unidas.
En medio de la incertidumbre por la disputa de la Presidencia de la República aún después de la jornada comicial del 2 de julio de 2006, entre Calderón y el entonces también candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, la revista propuso hacer un recuento independiente de los votos. Para ello, pidió tener acceso a la paquetería electoral de la votación presidencial. En los paquetes se incluyen además los votos nulos y las boletas sobrantes e inutilizadas.
Ante esa solicitud, el material se mantuvo resguardado por el Ejército en los 300 distritos electorales del país. Dos años después, entre septiembre y octubre de 2008, cuando aún no se resolvían los litigios internos interpuestos para acceder a las boletas, el material se concentró en bodegas estatales, también bajo vigilancia militar.
El Consejo General del IFE acordó concentrar los paquetes en las 32 bodegas de las entidades del país para liberar las juntas distritales. El entonces consejero Arturo Sánchez Gutiérrez aseguró que varios paquetes ya estaban dañados por la humedad y “fauna nociva”.
La concentración de los paquetes fue una iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional para reducir el número de efectivos dedicados a custodiarlos, además de que a los distritos electorales estaban por llegar los paquetes de la elección federal intermedia de 2009, en la que se renovó la Cámara de Diputados.
Según el IFE, cuando se hizo el traslado, los lugares de resguardo se abrieron “con absoluta transparencia” en presencia de los vocales distritales respectivos, en tanto que los paquetes no fueron abiertos, no se revisó su contenido ni se les extrajo nada.

Temor al recuento

En plena incertidumbre electoral, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún no declaraba ganador a Calderón, con una diferencia de 0.56% de votos sobre López Obrador, este semanario solicitó el acceso a esas boletas, apoyada en la garantía constitucional de acceso a la información, pero le fue negada por el IFE, el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de casi dos años de litigios, consejeros electorales, magistrados electorales y ministros del máximo tribunal declararon improcedente la petición al considerar que se trataba de un tema electoral, que es materia exclusiva de los partidos políticos.
El rechazo, sin embargo, apenas pudo confirmarse en la SCJN. Con una votación dividida de seis a cinco, la mayoría de ministros estableció que la petición de Proceso era un asunto electoral y no de acceso a la información.
Ante la negativa en México, el semanario recurrió en abril de 2008 a la CIDH, que tiene su sede en Washington, para quejarse contra el Estado mexicano por considerar que violó su derecho a la información (Proceso 1643).
Como medida cautelar, la CIDH le ordenó al Estado mexicano, representado por el gobierno de Calderón, que evitara la destrucción de las boletas en tanto se pronunciaba sobre la queja.
En enero de 2010, Calderón logró colocar como integrante de la CIDH a José de Jesús Orozco Henríquez, uno de los magistrados del TEPJF que en septiembre de 2006 avaló el triunfo del panista, en medio de la polémica postelectoral.
Tres años y medio después que Proceso interpusiera su queja, en noviembre de 2011, la CIDH le dio la razón al gobierno de Calderón, que pidió a ese organismo no aceptar el caso.
Aunque Orozco formalmente se abstuvo de participar en la decisión de la CIDH, su presencia facilitó que prevalecieran los argumentos del gobierno calderonista, que además disminuyó sus contribuciones al organismo interamericano.
En su rechazo, la CIDH aseguró que en México las elecciones son transparentes, controladas por los ciudadanos y su información, “procesada”, es accesible a través de las actas electorales.
El organismo aseguró que dar acceso a la paquetería de la elección de Calderón representaría el peligro de “una posible contaminación de la información en bruto que fue utilizada para la elaboración” de las actas.
Según la CIDH, lo que pasó en la elección del 2006 se reflejó de manera sistematizada en las actas de escrutinio y cómputo, por lo que “al poner a disposición de la ciudadanía las referidas actas, el Estado estaría asegurando el acceso a esa información, en su modalidad de dato procesado”.
Para la CIDH fue suficiente con que el IFE ofreciera a la revista las actas de la elección para considerar satisfecho el derecho de acceso a la información, por lo que, según el organismo, no se puede alegar alguna violación a los derechos amparados por la Convención Interamericana, entre ellos el de la información.
Argumentó que en ocasiones el acceso a la información comprende tanto el acceso al dato procesado como a la información en bruto, como en los casos de archivos en los que hay información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos. “Sin embargo –agregó la CIDH–, en el caso de estudio, el acceso a las actas de escrutinio y cómputo habría sido satisfecho o pudiera haber sido satisfecha la necesidad de los sujetos interesados en materia de acceso a la información”.
Más aún, el organismo estableció que “los peticionarios no han aportado elementos para mostrar por qué dicha información no les habría servido”.
Sin entrar al fondo de la queja, porque sólo se pronunció sobre la admisión de la misma contra el Estado mexicano, la CIDH concluyó que “no se cuenta con elementos que permitan caracterizar prima facie (en principio) una posible violación a derechos amparados por la Convención”.

Maniobras de Calderón

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la CIDH resolvió con los argumentos del gobierno de México: el primero, que la revista no agotó los recursos internos “plenamente efectivos” al no recurrir la negativa del IFE ni promover un juicio de protección ante el TEPJF; el segundo, que el sistema de información electoral vigente “garantiza plenamente el derecho de acceso a la información”, pues “todas las actas electorales son contabilizadas por ciudadanos y son públicas y accesibles”.
Con su negativa, la CIDH levantó las medidas cautelares favorables a Proceso, pero aún operan en tanto no se den por terminados en definitiva todos los reclamos judiciales interpuestos por particulares diferentes a este medio.
La CIDH desestimó el argumento de la revista sobre la falta de recursos efectivos que entonces existía para combatir la negativa del Estado mexicano. En 2006, cuando el semanario solicitó un recurso de protección al TEPJF, esta instancia no estaba facultada para resolver asuntos relacionados con la inconstitucionalidad de leyes electorales. La reforma electoral de diciembre de 2007 le regresó al Tribunal Electoral esa facultad, que en 1999 había quedado en manos de la SCJN.
En su queja ante la CIDH, la revista había acusado al Estado mexicano de violar en su perjuicio los artículos 8, 13, 13.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los artículos se refieren a la protección judicial, la libertad de pensamiento y expresión, y la protección judicial, respectivamente.
El 25 fija la obligación de los Estados americanos de garantizar a todas las personas un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales.
La CIDH reconoció que al momento de la demanda “el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos no constituía un recurso eficaz al cual hubiere podido acudir la presunta víctima para atacar la inconstitucionalidad de la referida norma”. Sin embargo, para el organismo fue más importante “la transparencia de las elecciones” en México, por lo que resultaba innecesario revisar las actas y menos aún hacer un recuento de los votos.
Lo que no consiguió el gobierno de Calderón fue que la CIDH se desistiera de las medidas cautelares. Los argumentos del Estado mexicano fueron no sólo de rechazo, sino hasta de críticas al organismo. Peor aún, advirtió que habría consecuencias negativas no sólo para “los intereses nacionales” de México sino para todo el continente (Proceso 1657):
“No existe precedente alguno de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya solicitado la implementación de medidas cautelares relativas al acceso a las boletas electorales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco se ha pronunciado sobre esa materia en el ámbito de las medidas provisionales o fallos.”
Además, advirtió sobre las supuestas consecuencias en todo el continente: “Parecería adecuado que la Comisión valorara el impacto de la implementación de las medidas cautelares de esta naturaleza, solicitadas por los peticionarios, no sólo en México, sino en los países de la región”.
Acusó a la CIDH de interpretar mal sus propias reglas, pues requirió las medidas cautelares con “información insuficiente”. Le dijo que su tarea debe limitarse a ser “coadyuvante o complementaria”, sin constituirse en “revisora de los procedimientos agotados internamente”.
Aunque esos argumentos no demostraron la “afectación al interés nacional” y menos aún los efectos negativos en la región, al final Calderón se impuso para que el organismo interamericano apoyara la no revisión de la controvertida elección que se le adjudicó judicialmente.

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