MÉXICO, D.F. (apro).- De indignante fue calificado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) el veto que Felipe Calderón impuso a la Ley General de Víctimas (LGV) que desde el pasado 30 de abril fue aprobada y que a destiempo de los plazos legales fue devuelta al Congreso de la Unión con observaciones por el jefe del ejecutivo. Con su veto “el presidente Felipe Calderón está faltando a su palabra y un hombre que falta a su palabra, no vale nada”, resumió el poeta Javier Sicilia cabeza del movimiento pacífico. En conferencia de prensa conjunta el exombusdman en Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que el presidente Calderón no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral para no afectar los intereses políticos de Acción Nacional. Álvarez Icaza indicó que se observó un procedimiento fuera del marco legal, donde el decreto en la ley de víctimas fue “secuestrada” 20 días, en una acción fuera del marco jurídico entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Oscar Martín Arce, y la Secretaría de Gobernación. Ante esto, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, considera a este veto como una “burla al dolor y a las demandas de las víctimas”. “No nos oponemos a que se mejoren las leyes, pero se debe de hacer en el marco y con los instrumentos de la ley y en los tiempos marcados”, señaló el movimiento que durante meses dialogó con el gobierno federal, así como con los diputados y senadores para sacar esta ley que han demandado miles de víctimas de la violencia generada por la declaración de guerra al crimen organizado. “Reiteramos nuestra voluntad de diálogo de construcción de la paz y de una política pública de Estado a favor de las víctimas en el marco de un Estado Democrático de Derecho y nuestra disposición de trabajar en cualquier mecanismo con ese fin”, sostiene el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad que surgió hace un año, encabezado por el poeta Javier Sicilia. En un comunicado dicho movimiento de víctimas considera que las observaciones del Presidente Calderón están fuera del plazo establecido en el artículo 72 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución establece otros medios para que, en su caso, el titular del Ejecutivo Federal busque la modificación o contravenir a una ley. Sostiene que el gobierno de Felipe Calderón estuvo gravemente ausente en el debate que se realizó para las modificaciones a la Ley de Víctimas e incluso asegura que no ejerció sus facultades para proponer una ley alguna en beneficio de las víctimas que permitiera desarrollar una política de Estado a su favor. “Ahora intenta ejercer tardíamente la facultad de observar”, critica el movimiento de paz. Para el movimiento pacífico el veto a la Ley General de Víctimas “es un reflejo más de la negación a reconocer la emergencia nacional que vive México, con los dramáticos costos humanos, sociales y de toda índole causados por la fracasada estrategia de seguridad instrumentada por la actual administración”. Recuerda que en los dos diálogos sostenidos con Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec se estableció como urgente el desarrollo de una política pública que atiendiera a las víctimas dado las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico como “una de las urgencias de la democracia”. Sin embargo, Calderón ahora lo hace sin tomar en cuenta los plazos legales ya que desde el 30 de abril la minuta de la ley de víctimas fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Cámara de Diputados, en los términos en que la envió el Senado de la República y el 10 de mayo a través del oficio No. D.G.P.L. 61-II-1-3420, dirigido al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y firmado por el senador Renán Cleominio Zoreda Novela y la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, se remitió el decreto de la Ley General de Víctimas al Ejecutivo Federal. A partir de entonces el Ejecutivo contaba con 30 días naturales para observar la ley y no lo hizo. En caso de no hacer observaciones aún tenía un plazo de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley, y tampoco lo hizo. Transcurrido este segundo plazo, la ley establece que dicho decreto se considera promulgado y por ello el presidente de la Cámara de origen, el senador José González Morfín solicitó el 29 de junio al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, que girara sus instrucciones a fin de que se publicara en el diario Oficial de la Federación el Decreto. Pero tampoco se hizo esto. “Como el Presidente Felipe Calderón no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral, se observó un procedimiento fuera del marco legal, donde el decreto de la Ley de General de Víctimas fue ‘secuestrada’ 20 días, en una acción fuera del marco jurídico entre el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Diputado del PAN Oscar Martín Arce Paniagua y la Secretaría de Gobernación, sostiene el movimiento ciudadano. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad insiste que esta dispuesto a participar en el proceso de modificaciones al destacar que esta ley es una de sus principales prioridades. “Hay descontento, desánimo y rechazo a esta acción. El Movimiento no acompaña el sentido y la lógica del documento presentado por el ejecutivo federal. Nosotros lo tomamos como un veto”, dijo en conferencia de prensa Emilio Álvarez Icaza, representante de este movimiento pacífico en los diálogos con los poderes ejecutivo y legislativo.