MÉXICO, D.F.  (apro).- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, exhortó a dirimir las diferencias por los resultados de las elecciones presidenciales a través de las “instituciones” y “las leyes”, y ofreció el respaldo del gobierno federal hacia las instituciones electorales. En el mensaje que leyó este jueves durante la presentación de la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación, el funcionario se refirió al conflicto poselectoral en puerta y reconoció que aún faltan elementos por mejorar los mecanismos de elección. Sin aludir directamente al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió el recuento de votos por el cúmulo de irregularidades surgidas antes, durante y después de los comicios, Poiré señaló que los actores políticos deberían hacer un esfuerzo encontrar un “acuerdo” que privilegie lo mejor para los ciudadanos. “No podemos asistir a ese proceso pensando desde la perspectiva de qué le conviene más a uno o a otro, de cuál es el cambio, la agenda, el tema que le beneficia más o menos a una o a otra fuerza política. Por el contrario, tenemos que hacer un esfuerzo real, y así tendremos que conducirnos en su momento todos los actores políticos por encontrar ese espacio de acuerdo que privilegie, antes que el interés de la parte, el interés del ciudadano”, dijo. Asimismo, comentó que, pese a algunos incidentes, la jornada electoral se llevó a cabo en un ambiente de seguridad, tranquilidad, paz, y con una amplia participación. También señaló que el proceso electoral ha sido conducido por autoridades electorales aprobadas por todas las fuerzas políticas en el seno del Congreso de la Unión. “Creo que tenemos que reiterar todos nuestra confianza en que las autoridades electorales resolverán con exhaustividad, con apego a la ley y de manera imparcial cada una de las inquietudes que seguramente las fuerzas políticas están haciendo llegar y harán llegar en su momento”, dijo. “La actuación de las autoridades está a la luz de la opinión pública, al escrutinio de las fuerzas políticas y, ciertamente, con mecanismos concretos para dirimir, para definir cada una de las controversias, de las posibles inconformidades y de las denuncias que se vayan a presentar o que se hayan presentado”, indicó. Y agregó que uno de los pasos que siguen será revisar qué elementos se deben mejorar para las próximas elecciones, pues reconoció que existieron quejas por nuevas adecuaciones al procedimiento y por otras antiguas que no se han modificado. Nunca especificó a cuáles se refería. El titular de Gobernación aprovechó el mismo acto para defender las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo a la Ley General de Atención a las Víctimas del Delito y de la Violencia, que ya había sido aprobada por el Congreso y cuya publicación fue vetada por –dijo– presentar “problemas significativos”. El bloqueo fue criticado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, impulsor de la ley que decretaba la atención a las víctimas de la violencia y del delito, fijaba mecanismos, establecía medidas de reparación y de asistencia humanitaria. “Estamos conscientes, personalmente lo sé, que estas observaciones no han sido bien recibidas (…) Pero es fundamental, verdaderamente es muy importante que esta nueva ley funcione y funcione bien, y funcione auténticamente en beneficio de las víctimas; que cuente con todos los elementos que nos permitan garantizar que como resultado de este gran propósito que nosotros saludamos, reconocemos por parte del Congreso de la Unión, de todas las fuerzas políticas, de los grupos de atención a las víctimas que la ley verdaderamente funcione bien”, justificó. Poiré señaló que es preferible aprobarla ya mejorada, a tratar de cambiarla una vez que ya haya sido publicada. Entre los argumentos que dio para la impugnación de la ley, mencionó que ésta no reconocía a las personas que hubiesen sido víctimas de algunos delitos y que no establece la atención que los gobiernos estatales y municipales deben dar a las víctimas. Señaló que esa falta de claridad es grave porque aproximadamente nueve de cada 10 delitos son delitos del fuero común por lo cual corresponde atenderlos a los estados. “Se corre el riesgo de que como está planteada la ley y porque no necesariamente cuenta con el pleno fundamento constitucional, algún estado o algún municipio pudiese llegar a no cumplirla. Es decir, el asidero jurídico, la fuerza jurídica de esta ley en el ámbito de los estados y los municipios, particularmente como está planteada no es suficiente y entonces también tenemos que corregir eso, para garantizar que la gran masa delictiva, que es nueve de cada 10 delitos, que se dan en el ámbito de los estados tengamos la certeza absoluta de que esta atención a víctimas que queremos se dé con eficacia en el ámbito de los estados, al igual que en la Federación”, dijo. Finalmente, expresó que es del interés del gobierno del presidente Felipe Calderón que los mecanismos que propone esta ley “puedan funcionar adecuadamente lo más rápido posible”.