MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar de las crecientes evidencias que han dado lugar al escándalo poselectoral conocido como #Sorianagate, la dirigencia nacional del PRI reviró prometiendo que interpondrá ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por “una acción simulada” que podría constituir un delito, en la que presuntamente incurrió la coalición Movimiento Progresista, encabezada por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. En rueda de prensa, el secretario jurídico del CEN del PRI, Raúl Cervantes, afirmó que el caso de la repartición de decenas de miles de tarjetas de Soriana, al parecer para la compra del voto el 1 de julio, podría tratarse de la comisión de dos o más delitos federales porque se trató de “un montaje” de los aliados de López Obrador. Uno de los presuntos ilícitos, agregó Cervantes, sería inculpar a alguien como presunto responsable de un delito ante la autoridad, y simular en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad. Cervantes expresó que “no se vale” que se insulte a los votantes, al acusar de que en la elección presidencial hubo coacción generalizada del voto a través de este tipo de instrumentos, cuando el “montaje” en el video es “un solo momento y un lugar específico y no en todo el territorio nacional”. Los videos que han circulado en las redes sociales, especialmente en YouTube, y los testimonios publicados por la prensa nacional y extranjera, forman parte “de las mentiras y de las farsas. Llevaron a gente a las tiendas a decir que venían de parte del PRI”, afirmó Eduardo Sánchez, vocero del PRI.