Durante el proceso electoral, aun antes de las campañas, el Instituto Federal Electoral se presentó como un árbitro atento e hizo intentos por pulir las leyes que garantizaran un ejercicio transparente. Pero a partir del martes 3 por la noche, cuando su consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, se apresuró a cantar victoria, se le vinieron las inconformidades encima, incluidas la del mandatario Felipe Calderón y las de los candidatos perdedores: Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El martes 3 por la noche, luego de que los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) festejaron que los ciudadanos empadronados ejercieron su derecho a votar y hablaban de una jornada limpia, comenzaron a manifestarse las inconformidades por “la iniquidad antes y durante la campaña”. “Señoras y señores consejeros y representantes: más de 50 millones de mexicanos acudieron a las urnas el domingo pasado. Cada uno de ellos ejerció su derecho y decidió en las casillas libremente el sentido de su voto”, expuso Leonardo Valdés Zurita en la sesión de consejo del IFE poco antes de iniciar el conteo oficial de los votos presidenciales. “Esta elección ha sido buena; ha sido limpia”, lo secundó el consejero Francisco Guerrero Aguirre. Pero las quejas y observaciones se desataron. Venían del propio presidente Felipe Calderón, de los candidatos del PAN y del Movimiento Progresista, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, de la sociedad civil y del movimiento estudiantil #YoSoy132. Todos exigían al árbitro electoral dar respuesta satisfactoria o, decían, “habrá razones para no aceptar la elección”. Y como telón de fondo, algunos diarios publicaron imágenes de “simpatizantes del PRI” cuando realizaban compras de pánico ante el rumor de que las tarjetas entregadas por ese partido a cambio de su voto se iban a cancelar. El mismo miércoles 4 López Obrador exhibió miles de plásticos con el logotipo de la cadena de tiendas Soriana. Avasallada por las pruebas contra el PRI y su candidato, la panista Vázquez Mota se sumó a los reclamos de iniquidad en la contienda presidencial. El presidente Calderón Hinojosa retomó las acusaciones sobre uso indebido de recursos en las campañas. Entrevistado por Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, el Ejecutivo federal expuso que el “tema” no está en el conteo de votos, sino en el uso indebido del dinero. Un asunto que, dijo, el IFE aún no aborda. –A las personas que están inconformes con el resultado, con el desarrollo de los comicios, a quienes están protestando en las calles, ¿qué mensaje les enviaría? –preguntó Beltrán del Río. –No sólo a ellos; yo creo que también a las autoridades. Yo diría que es importante que se atiendan sus cuestionamientos… Si esto no es atendido debidamente, evidentemente habrá razones, por lo menos, para no aceptar o, por lo menos, protestar en el proceso. Mi mensaje es que se haga legalmente por las vías institucionales. Creo que no son cosas triviales, yo creo que deben atenderse.   Calderón, “El Peje” y Vázquez Mota   Pese a que Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota se quejaron ante el IFE por el uso indebido de recursos, rebase de topes, manipulación de encuestas e iniquidad “antes y durante el proceso electoral” por parte del PRI, la Unidad de Fiscalización del instituto no consideró urgente su resolución; incluso adelantó que las investigaciones podrían concluir en cinco años. El viernes 5, justo cuando terminó el conteo oficial de los votos para presidente de la República, el cual dio al priista Peña Nieto una ventaja de siete puntos sobre López Obrador, el diario Excélsior publicó la entrevista de su director editorial con Calderón, quien se pronunció por una revisión del proceso electoral: “Yo creo que el tema no está, por ejemplo, en el conteo de votos. Yo creo que el conteo de votos va a arrojar más o menos las mismas cifras, porque, honestamente, las casillas estuvieron muy vigiladas y (los votos estuvieron) bien contados. Y qué bueno. Fue un poco como en mi elección.” Y aclaró: “Pero ahí no está el tema. Las acusaciones son sobre uso de recursos indebidos en las campañas que provocan una desigualdad”. Poco antes de la medianoche del domingo 1, una vez que el IFE emitió los resultados del conteo rápido que dio como puntero a Peña Nieto, Calderón emitió un mensaje en cadena nacional en el cual expuso sus primeras dudas sobre el proceso. “Dije por ejemplo –le recuerda a su entrevistador– que había señalamientos muy serios y de preocupación de algunos partidos y candidatos; que tenían que ventilarse debidamente las inconformidades y que nuestra democracia, claramente, requiere perfeccionarse. “Los señalamientos que hace, por ejemplo, el candidato del PRD-PT-Movimiento Ciudadano, López Obrador, son relativos a la iniquidad y al uso de recursos. Él tiene una expresión: que hubo dinero a raudales en la campaña. Y Josefina (Vázquez Mota) ha hecho una declaración en el mismo sentido, que hubo una desproporción muy importante en el uso de dinero.” Calderón –quien contendió en 2006 contra López Obrador en una jornada tras la cual el tabasqueño exigió el recuento voto por voto– puntualizó al respecto: “Yo no puedo afirmar que lo haya habido (el gasto excesivo), pero sí creo, como presidente y como ciudadano, que las autoridades electorales están obligadas, desde luego, a darnos a todos una respuesta sobre ello.” El jueves 5, la candidata presidencial del PAN denunció la falta de equidad. Sostuvo que así como aceptó que los números no le favorecían, igualmente exigía a las autoridades una investigación al respecto. “En esta elección se hicieron visibles circunstancias de iniquidad que tuvieron un efecto determinante en el resultado electoral. Esas circunstancias se dieron antes y durante la campaña electoral.” Añadió: “En esta elección algunas encuestas en algunos medios dieron resultados que sólo pueden interpretarse como instrumentos de propaganda electoral y no basta un ‘me equivoqué, ustedes disculpen’”. Y, al igual que López Obrador, pidió a la autoridad electoral revisar “con todo detalle los gastos que evidentemente rebasaron los topes de campaña establecidos por la ley por parte de algunas fuerzas políticas y que se asocian a la compra y coacción al votante y al uso ilegal de recursos públicos y privados”. También sentenció que “la legitimidad que deriva de las urnas se pierde cuando se ha violado la ley para alcanzar un propósito electoral”.   Un árbitro complaciente   Satisfecho por la elevada participación ciudadana en la jornada del domingo 1, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, se precipitó al declarar que el proceso fue “limpio” y al desdeñar las pruebas y demandas presentadas por el PAN y la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano a lo largo del proceso contra el PRI y su candidato, en particular por el rebase del tope de campaña, la compra y coacción del voto y las encuestas de la empresa GEA-ISA que favorecieron a Peña Nieto a lo largo de tres meses, aun cuando nunca cumplieron con los requisitos establecidos por el IFE. Además, bajo la consigna de la aplicación “literal” de la ley, el instituto se negó a emitir un mensaje para conminar a los consejos distritales a abrir todos los paquetes electorales y disipar cualquier duda sobre los votos obtenidos por el candidato triunfador. Esta última decisión crispó el ánimo de integrantes del movimiento #YoSoy132, quienes desde el domingo 1 por la noche manifestaron su rechazo del conteo rápido y los resultados preliminares que daban como ganador a Peña Nieto. Desde ese día mantienen bloqueada la entrada del IFE y demandan que se limpie la elección. Sobre la presencia del movimiento, a cuyos integrantes ni siquiera los han invitado a dialogar, el consejero Francisco Guerrero se quejó porque, dijo, “el IFE sigue bajo el asedio. Según he podido platicar con gente que conoce el IFE, pareciera que no hay precedente en torno a este sitio al que se le quiere someter al IFE… Esta situación la señalo porque este clima de asedio nos debe hacer reflexionar el tono y la manera en que estamos conduciendo los trabajos de este consejo general”. Pero mientras sus consejeros dicen una cosa, el IFE se muestra omiso ante las demandas. Así, para evitar sesgos en las encuestas que realizarían algunos medios de información, desde el 14 de diciembre de 2011, según el acuerdo CG411/2011, el instituto fijó como requisitos obligatorios la entrega de las bases de datos. El 25 de abril último, en vísperas del arranque formal de las campañas, el Movimiento Progresista denunció que el Grupo de Economistas y Asociados, S.C. e Indagaciones y Soluciones Avanzadas, S.C. (GEA-ISA) desde febrero publicó todos los días una encuesta en Milenio diario y Milenio TV, pero nunca entregó la base de datos, por lo que pidió como medida cautelar que se suspendiera la encuesta en tanto no cumpliera con la obligación y el IFE tuviera certeza jurídica sobre lo que revelaba. Contra sus propias reglas, el IFE declaró improcedente el recurso. Las encuestas siguieron publicándose. Otro par de ejemplos: cuando el PAN denunció el caso de Monex y el Movimiento Progresista el de Soriana, así como el rebase del tope de gastos de campaña –según el cual hasta el 4 de junio el PRI había gastado 719.5 millones de pesos, 383.3 millones por encima de lo permitido–, el instituto no actuó. Meses antes, el 8 de febrero, López Obrador presentó 12 puntos para evitar la compra y coacción del voto, entre ellos uno en el que pidió “reforzar acciones como el revisar los perfiles de los capacitadores electorales”. El Estado de México y Veracruz, expuso, “son ejemplos vivos de la utilización de programas sociales”. Pidió también que la Unidad de Fiscalización fijara reglas para la contabilidad y registro de los bienes que se distribuyen como propaganda durante las precampañas y las campañas, así como realizar auditorías durante la campaña para verificar el origen y destino de recursos y evitar la simulación de compra indebida de espacios en radio y televisión, entre otras acciones. Tres meses después, el IFE respondió que se estaban realizando esas acciones. Pero no fue así. Prueba de ello es que el miércoles 4 el Movimiento Progresista presentó un escrito con la denuncia de tres consejeros propietarios del Distrito 05 en Coahuila, en el cual pedían que el vocal de esa circunscripción, Jorge Luis Grana Hernández, no participara en el recuento de votos, ya que desde el 22 de febrero, en una plática a los futuros capacitadores y asistentes electorales, les comentó que López Obrador “hizo mucho daño a la democracia”. En cuanto a las denuncias acerca de Monex, Soriana y el rebase de tope de gastos de campaña, el representante del Movimiento Progresista ante el IFE, Eleazar Márquez Madrid, se reunió con el director de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, la tarde del jueves 5 para solicitarle información. El funcionario le respondió que no era su obligación dársela; incluso le dijo que se la proporcionaría en cinco años más. En la sesión de ese día, Márquez Madrid pidió al consejero presidente del IFE que se les entreguen “los proyectos de resolución de dichas quejas, porque hay que destacar que el proceso electoral tiene que analizarse antes, durante y después de la jornada electoral”. Y expuso: “El señor Cristalinas dijo que él no está obligado a rendir ningún informe ni a adelantar ningún avance de lo que ha investigado ni lo que le ha informado el SAT o la CNBV ni los requerimientos que ha hecho a Soriana, ni los que ha hecho al PRI. Hay una violación al principio de equidad, legalidad y transparencia sobre el uso de recursos de dudosa procedencia que utilizó el PRI”. Valdés Zurita respondió a Márquez Madrid: “Analizaremos con la Unidad de Fiscalización la pertinencia de su solicitud”. Cristalinas dijo a Proceso que dará su informe el próximo 26 de julio. En la sesión del jueves 5, el representante del PAN, Agustín Castilla Marroquín, le reclamó al IFE el hecho de que aún permanezcan “vigentes prácticas nocivas como la compra y coacción del voto, o la inducción a través de encuestas”. Y Pablo Gómez, representante del PRD, manifestó que la elección fue “una práctica que no consiste en la manipulación de votos en casillas, sino en la compra de votos y en presionar a los electores”. En una de sus peticiones para evitar la compra y coacción de voto, López Obrador demandó que se prohibiera el uso de celulares el día de la elección. El IFE desechó la solicitud el 21 de junio con este argumento: “no tenemos base jurídica alguna para prohibir celulares, prohibir fotografías o hacer registros en la privacidad de la casilla”. Sin embargo, en su acuerdo CG41/2012, emitido como respuesta a la petición que el 11 de junio pasado hizo el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, para que se permitiera al votante fotografiar su propio sufragio, el consejo se negó porque, dijo, daría pauta a la compra o coacción del voto: “El fomentar que los ciudadanos puedan fotografiar la boleta electoral una vez emitido su voto, más allá de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, podría utilizarse como un elemento que propiciara una práctica contraria al principio de secrecía y libertad del sufragio, como son la compra y la coacción del voto.” De acuerdo con las denuncias, el PRI pedía a los ciudadanos mostrar una foto de su voto a favor del partido para entregarles la tarjeta Soriana.