Impugna Moreno Valle sanción del IFE

martes, 10 de julio de 2012 · 21:35
PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Rafael Moreno Valle interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la sanción que le impuso el Instituto Federal Electoral (IFE) al promocionar fuera de territorio poblano su Primer Informe de Gobierno. Aunque en su momento el gobierno poblano negó la sanción, el pasado 3 de junio inició un litigio ante el TEPJF para echar abajo la resolución emitida por el IFE en contra de Moreno Valle y del vocero del gobierno estatal, Sergio Ramírez Robles. Los expedientes SUP-RAP-0272-2012 y SUP-RAP-0273-2012 fueron turnados al magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien también lleva el recurso presentado por Eduardo Mondragón Mora, representante de la empresa Make Pro, contratada para la promoción del Primer Informe de Gobierno en las salas de Cinemex. A raíz de una queja que presentó el pasado 3 de febrero el ciudadano Francisco Jesús Hernández Torralba, el Consejo General del IFE determinó que Moreno Valle y su vocero violaron la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) al contratar publicidad en estaciones de radio y cines fuera del territorio poblano. Y aunque el IFE declaró fundado el procedimiento especial sancionador, delegó al Congreso local y a la Contraloría Estatal la determinación de la sanción que se impondría contra Moreno Valle y contra su vocero, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero hasta la fecha el asunto no se ha discutido en el ámbito local. De acuerdo con el expediente del IFE, el gobierno de Puebla pagó 14 millones de pesos a la empresa Make Pro para promocionar el Primer Informe en las salas de Cinemex en el Distrito Federal. Por ello, el Consejo General emitió una amonestación pública contra dicha empresa por haber violentado el artículo 134 de la Constitución y el 228 del Cofipe, ya que los anuncios se transmitieron fuera del plazo establecido por la ley para la publicidad “personalizada” de los informes de gobierno y porque se difundieron fuera de territorio estatal.

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