MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar del punto de acuerdo aprobado ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Poder Legislativo desoiga las observaciones del Poder Ejecutivo y publique la Ley General de Víctimas para su entrada en vigor, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, no descartó que este asunto se convierta en una controversia constitucional y se recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que dé la última palabra. En conferencia de prensa, insistió en la postura del gobierno federal de que esa ley debe ser perfeccionada. Esto a pesar de haber sido aprobada por unanimidad por el Senado y la Cámara de Diputados, y aplaudida por las víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Poiré reiteró una vez más que de promulgarse la ley tal como fue aprobada, se exime a los gobiernos estatales y municipales de sus responsabilidades de dar atención a las víctimas del delito y de los derechos humanos, y se compromete únicamente a dar respuesta al gobierno federal. En contraparte, el Movimiento por la Paz, encabezado por el escritor Javier Sicilia, ha demandado que el presidente “cumpla su palabra”, no “traicione” a las víctimas y quite el veto a la ley que reconoce los derechos de las víctimas. Su propuesta es que las modificaciones se realicen a partir de que la ley sea publicada. La agrupación de víctimas considera que el mandatario quiere “reventar” la ley al regresarla al Poder Legislativo, donde se quedaría congelada. Además, ha señalado que las observaciones enviadas desde la Presidencia se hicieron de manera extemporánea y están fuera de la ley. Poiré dijo que en el Palacio de Covián –sede de la dependencia– esperan que el Senado les envíe el punto de acuerdo para analizar cómo se procederá. El 30 de abril fue aprobada la Ley General de Víctimas. El presidente tenía 40 días para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El 1 de julio, el Ejecutivo envió un documento de 40 páginas con observaciones a dicha ley, y la Secretaría de Gobernación pidió devolverla al Poder Legislativo para perfeccionarla. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó en su sesión del miércoles devolver al Ejecutivo sus observaciones, por considerarlas extemporáneas, e instruyó la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Defiende Poiré declaraciones de Calderón En respuesta a las declaraciones del presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, quien pidió al presidente Felipe Calderón no intervenir en la calificación del proceso electoral y comportarse como un hombre de Estado, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que el mandatario en todo momento ha cumplido la ley. Señaló que son irreprochables las declaraciones de Calderón de esta semana cuando dijo: “Esta compra-venta de voluntades políticas, así sea una o 10 ó 100 o mil, pues es simplemente inaceptable”, y calificó como “incontrovertible” que ‘la compra de voluntades’ no es admisible dentro de una democracia. El secretario reiteró lo manifestado en un comunicado del miércoles por la noche en el que la dependencia aclaró que los señalamientos del presidente van en el sentido de que la autoridad electoral resuelva los alegatos que se hayan interpuesto para verificar si todos los partidos y actores políticos actuaron dentro de la ley. “Es convicción del presidente Calderón y de su gobierno que la legitimidad deriva de la legalidad misma. Por ello, todas las etapas del proceso electoral deben desahogarse en los cauces institucionales correspondientes, conforme lo marca la propia ley. Esta convicción va en el mismo sentido que el mensaje emitido por el presidente Calderón a todos los mexicanos el pasado 1º de julio”. El comunicado agrega que el Ejecutivo ha señalado que los candidatos y sus partidos están en su derecho de presentar ante las instancias correspondientes toda inconformidad surgida del proceso electoral, y serán estas instancias las que habrán de resolver conforme a derecho los alegatos correspondientes.