Violación a la privacidad

En abierta violación a la privacidad –delito considerado grave por la ley–, el priista Sebastián Lerdo de Tejada presentó ante los medios y ante el Instituto Federal Electoral una conversación telefónica de Julio César Villarreal Guajardo, presidente del Consejo de Administración de Banca Afirme y presidente del Grupo Empresarial Mexicano Villacero, con el abogado Julio Scherer Ibarra en la que ambos negociaban la ampliación de un crédito para el PRD. En su afán por intentar hacer creer a la opinión pública que este partido recibió financiamiento ilegal, Lerdo de Tejada presuntamente incurrió en el delito de violación de la comunicación privada, por lo que él y quienes resulten responsables fueron demandados por Scherer Ibarra ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

 

 

En su pretensión por implicar al candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en un presunto financiamiento ilegal a través del PRD, el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, se valió de una grabación ilegal, por lo que ahora deberá enfrentar una demanda de hechos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Presentada por el abogado Julio Scherer Ibarra el martes 10, la querella es por la probable responsabilidad de Lerdo de Tejada y quienes resulten responsables de violación de la comunicación privada, delito considerado grave y por el cual el sancionado puede purgar una pena de tres a 12 años de prisión.

El demandante, hijo del fundador de Proceso, Julio Scherer García, fue grabado de manera ilegal en una conversación telefónica con Julio César Villarreal Guajardo, presidente del Consejo de Administración de Banca Afirme y presidente del Grupo Empresarial Mexicano Villacero.

Como responsable de restructurar la deuda del PRD con Afirme en 2006, Scherer Ibarra fue requerido por este partido para que buscara ante la financiera una ampliación de 30 millones de pesos a un crédito por 50 millones de pesos, según le dijo el abogado el viernes 13 a la periodista Carmen Aristegui en su noticiario radiofónico.

El PRD y Afirme, en efecto, acordaron el 11 de junio de 2012 un préstamo por 50 millones de pesos, firmado entre otros por el presidente y la secretaria general de esa organización política, Jesús Zambrano y Dolores Padierna, respectivamente. Scherer Ibarra anexó a su demanda el contrato respectivo.

En la escucha ilegal, que fue filtrada al periódico El Universal y hecha pública el sábado 30 de junio, un día antes de los comicios, Villarreal aludió a los 50 millones de pesos y a otros 60 millones.

Saliente diputado federal de representación proporcional y representante del PRI ante el IFE, Lerdo de Tejada presentó esa grabación ante el IFE el viernes 6 como ampliación de su demanda presentada el 22 de junio para que la Unidad de Fiscalización del Instituto revise las cuentas de la organización civil Honestidad Valiente, que financió a López Obrador.

En la entrevista con Aristegui, Scherer Ibarra dijo que Lerdo de Tejada expuso la grabación al IFE “para tratar de igualar a todos los partidos” en el financiamiento ilegal, y consideró grave que el órgano electoral le haya dado entrada a pesar de que su obtención y su difusión están fuera de la ley.

En su denuncia de hechos, Scherer Ibarra señala que la grabación ilegal ha sido utilizada, entre otros, por Lerdo de Tejada, quien la presentó ante el IFE a pesar de tratarse de una comunicación privada intervenida, y por una tercera persona sin permiso judicial y en violación de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte.

Además, la grabación se puso al alcance del público, al darse a conocer a través de los medios de comunicación masiva, argumenta Scherer Ibarra en su querella. “Una cosa es dar noticia de un suceso, y otra distinta es hacer algo que suceda…, haciéndolo noticia”, añade el escrito fechado el lunes 9 de julio.

Precisa: “La presente denuncia no cuestiona la libertad de prensa. De lo que da noticia es de las probables responsabilidades en las que pudieron haber incurrido los que revelaron, divulgaron y/o utilizaron indebidamente el contenido de una comunicación privada obtenida ilícitamente”.

No es la primera vez que Lerdo de Tejada se ve involucrado en un escándalo. En marzo de 2011 el periódico Reforma informó que él fue uno de los operadores del candidato Enrique Peña que se reunieron en la casa de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís.

El encuentro ocurrió en vísperas de que Alanís presentara su proyecto de resolución en el juicio abierto en el tribunal contra Peña por la violación a la Constitución y a la ley electoral que representó la difusión de 3 mil 500 spots en 30 estados, sobre el Quinto Informe del gobierno del entonces gobernador del Estado de México. (Jorge Carrasco A.)

 

* * *

 

Este es el texto íntegro de la demanda:

 

Denuncia de Hechos

C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal

Julio Scherer Ibarra, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Santa Fe No. 170, Oficina 124, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01210 en México, Distrito Federal, autorizando para ello, así como para dar seguimiento a la averiguación previa correspondiente al licenciado en Derecho Jorge Arturo Galván Jiménez, con el debido respeto:

 

Presento denuncia en relación a hechos que estimo probables constitutivos de delito grave, de persecución oficiosa.

HECHOS

1.- El día 30 de junio del año 2012, el diario El Universal publicó el contenido de una conversación telefónica sostenida entre el señor Julio César Villarreal Guajardo (Presidente del Consejo de Administración de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero) y el suscrito Julio Scherer Ibarra.

Se anexa la parte conducente del ejemplar de El Universal, de fecha 30 de junio de 2012, así como copia de la nota periodística que al respecto aparece publicada en la página de internet de dicho diario, dirección https://www.eluniversal.com.mx/notas/856558.html.

Por otro lado, es de destacarse que en la página https://www.eluniversaltv.com.mx/detalle.php?d=31125 puede escucharse la conversación telefónica a que hemos hecho referencia.

Lo anterior habrá de ser confirmado por el Ministerio Público a través de la inspección y/o la prueba pericial en materia de cibernética que se realice respecto de los portales de internet antes citados.

2.- El contenido de la comunicación telefónica privada sostenida entre Julio César Villarreal Guajardo y Julio Scherer Ibarra, ha sido utilizada, entre otros, por el señor Sebastián Lerdo de Tejada, representante ante el Instituto Federal Electoral, del Partido Revolucionario Institucional.

Se tiene conocimiento que el señor Sebastián Lerdo de Tejada ha exhibido ante el referido instituto el contenido de la comunicación telefónica privada en cuestión.

Esto se corroborará cuando el Ministerio Público recabe del Instituto Federal Electoral la información y/o documentación correspondiente.

Consideraciones

Compete al Ministerio Público el esclarecimiento de aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

Tal es el caso de los que se da noticia, pues salvo error de apreciación de nuestra parte, se estima que pudiera haberse actualizado el delito denominado violación de la comunicación privada.

Este delito se encuentra previsto en el artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal, que dispone:

1.- En su primer párrafo, sanción de dos a ocho años de prisión:

“A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente.”

2.- Y en su segundo párrafo, sanción de tres a doce años de prisión:

“A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información… obtenida en una intervención de comunicación privada.”

Se estima la probable comisión del delito de referencia:

1.- En su hipótesis de intervención, toda vez que es un hecho que la comunicación privada sostenida telefónicamente entre los señores Julio César Villarreal Guajardo y Julio Scherer Ibarra fue espiada por una tercera persona, sin contar para ello con mandato de autoridad judicial competente.

Corresponderá al Ministerio Público hacer las indagaciones pertinentes, a efecto de acreditar que la intervención de la comunicación privada, fue hecha fuera de los márgenes establecidos en los párrafos doce y trece del artículo 16 constitucional…

2.- En sus hipótesis de revelar, divulgar, y utilizar indebidamente, toda vez que es un hecho que la comunicación privada intervenida:

a).- Se hizo del conocimiento de terceras personas que la desconocían;

b).- Se puso al alcance del público, al extender su contenido a través de medios masivos de comunicación;

c).- Se aprovechó ilegalmente, pues se usó pese a haber sido obtenida sin mandato de autoridad judicial competente, ni con la anuencia de quienes la sostuvieron.

Se considera la probable responsabilidad penal en la comisión del delito “violación de la comunicación privada”, de los que hayan llevado a cabo cualquiera de las conductas antes referidas.

No se soslaya que algunos medios de comunicación, en ejercicio de la libertad de prensa, reprodujeron como noticia el contenido de la comunicación privada, haciendo eco de lo revelado y divulgado originariamente.

Corresponderá al Ministerio Público deslindar las responsabilidades.

Porque una cosa es dar noticia de un suceso, y otra distinta es hacer que algo suceda (intervenir sin mandato judicial una comunicación privada y/o revelar, divulgar o utilizar indebidamente el contenido de esa comunicación privada obtenida ilícitamente), haciéndolo aparecer como noticia.

Se reconoce que la libertad de expresión, en la que se sustenta la de prensa, no debe tener limitación previa alguna. Acaso deberá, si se diera el caso, estar sujeta a responsabilidades posteriores, previstas como tal expresamente en la ley.

Así lo establece nuestra Constitución Política y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

El artículo 7 constitucional prevé:

“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.

“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianzas a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.”

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección.

“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

“a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás…”

Es decir, que incluso en nuestra ley suprema y los tratados internaciones se prevé que cuando en el ejercicio de la libertad de expresión se incurra en violación a los derechos de otros, habrá de responderse en los términos que expresamente fije la ley.

En el caso, el suscrito denunciante, acorde a la Convención Americana de los Derechos Humanos, tiene como garantía que el Estado lo proteja de intrusiones ilícitas en su vida privada. Así lo prevé el artículo 11 de dicha Convención, que establece lo siguiente:

“2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada…

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

En síntesis, se puede concluir que en nuestro sistema legal el libre ejercicio del derecho a expresarse, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, no está sujeto a prohibición previa, pero será materia de responsabilidades cuando con ello se incurra en alguna conducta que transgreda el derecho de otros, en el caso particular, el derecho que toda persona tiene a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas, en su vida privada, lo que incluso está expresamente sancionado como delito de violación de comunicación privada, por la legislación penal del Distrito Federal.

La presente denuncia no cuestiona la libertad de prensa. De lo que da noticia es de las probables responsabilidades en las que pudieron haber incurrido los que revelaron, divulgaron y/o utilizaron indebidamente el contenido de una comunicación privada obtenida ilícitamente.

Por todo lo anterior, respetuosamente formulo los siguientes:

Petitorios

I.- Tenerme por presente dando noticia de hechos probablemente constitutivos de delito que la legislación penal considera como grave, de persecución oficiosa.

II. Iniciar las averiguaciones previas correspondientes, ordenando la práctica de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

III.- En términos de lo previsto por el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, en relación a la fracción I del artículo 9 Bis del Código de Procedimientos Pernales para el Distrito Federal, hacer cesar las consecuencias del delito, como una manera de proteger y reparar la afectación a mis derechos humanos y garantías individuales, ordenando para ello las providencias necesarias.

IV.- Agotadas las investigaciones, existiendo delito que perseguir, ejercitar la acción penal que corresponda, en contra de quien o quienes resulten probables responsables, consignando la averiguación previa a los tribunales penales competentes, con solicitud de orden de aprehensión.

Protesto lo necesario
México, Distrito Federal, 09 de julio de 2012.
Julio Scherer Ibarra.

Comentarios

Load More