MÉXICO, D.F. (apro).- El escándalo del banco HSBC y el denunciado financiamiento paralelo de la campaña presidencial de Enrique Peña pueden tener en común el uso del sistema financiero para encubrir fondos obtenidos de manera ilegal. En el caso del banco inglés está plenamente probado que los siete mil millones de dólares lavados entre México y Estados Unidos tan sólo entre 2007 y 2008 provinieron del narcotráfico. En las acusaciones del PAN y el PRD contra el candidato del PRI, aún no se sabe de dónde salieron los recursos para fondear las tarjetas Monex y Soriana, pero cada vez hay más indicios de que el candidato presidencial pudo haber financiado parte de su campaña de manera ilegal. En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy está actualmente bajo investigación, acusado de lo mismo que se le imputa ahora a Peña Nieto: el uso de recursos ilegales cuando fue candidato a la presidencia en 2007 y de la que salió apenas en mayo pasado, derrotado por el socialista Francois Hollande. La acusación contra Sarkozy, ya sin la inmunidad, no involucra recursos del narcotráfico, sino la entrega en efectivo de 800 mil euros (12 millones 984 mil 80 pesos al tipo de cambio actual) para su campaña por parte de Liliane Bettencourt, la dueña de la multinacional de cosméticos L´Oréal. La cifra está muy lejos de los más de cien millones de pesos que, según el PAN y el PRD, se triangularon a la campaña del PRI a través de las tarjetas bancarias Monex y los monederos electrónicos de la tienda de autoservicio Soriana para la compra de votos. Este jueves 19 el PRI reconoció, en su respuesta a la PGR por el caso Monex, haber comprado 7 mil 851 tarjetas de prepago por un monto de 66 millones 326 mil 300 pesos a la empresa Alkino Servicios y Calidad. Pero no dijo de dónde salieron los fondos. La posición inicial del IFE, filtrada y publicada por la prensa el mismo día, es que esas tarjetas no constituyen una prueba de compra generalizada de votos por parte del PRI. Nada distinto puede esperarse de la otra “autoridad” electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De ser así, se repetirá el escenario de 2006, cuando el TEPJF dijo que Vicente Fox puso en grave riesgo la elección y que resultaba imposible medir en votos el impacto de la campaña sucia de la cúpula empresarial. No hubo sancionados más allá de las multas a los partidos. Al menos en el papel, de acuerdo con el organigrama del PRI, quienes tienen que dar cuenta de los gastos de Peña son los encargados de las finanzas del partido; es decir, los que recibieron el financiamiento público y privado permitido. El primero, el secretario de finanzas del PRI, el poblano Jorge Estefan Chidiac. Hombre de Emilio Gamboa y exdiputado federal, Chidiac es un economista del ITAM, especializado en el área de mercado de valores, está considerado no sólo como quien rescató al PRI del atolladero financiero, sino como el autor del programa de financiamiento para la contienda electoral. Incluso, estuvo al frente de una supuesta Unidad de Inteligencia Financiera del PRI para evitar dinero del narcotráfico en las campañas presidencial, al Senado y a la Cámara de Diputados. De acuerdo con sus propias declaraciones, el PRI debía gastar para estas elecciones 537 millones de pesos de financiamiento público, 52 millones de financiamiento privado y acceso a crédito, “si fuera necesario”, para llegar a 900 millones de pesos. De acuerdo con esas cuentas, el PRI habría tenido hasta 310 millones de pesos en préstamos. Junto con Chidiac está el subsecretario de Finanzas del PRI, el también poblano José Antonio López-Malo Capellini, funcionario en el gobierno de Mario Marín que llegó al Comité Ejecutivo Nacional con el expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. También están el coordinador general de finanzas, José Villalobos Gallegos, exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, y el director de Ingresos del PRI, René Ojeda Delgado. Peña designó, además, como su vínculo con los empresarios para la campaña al diputado federal saliente Ildefonso Guajardo Villarreal, un doctor en finanzas que fue jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. El PRI no ha mostrado hasta ahora algún contrato que ampare la adquisición de créditos, a diferencia del PRD, que dice haber comprobado 50 millones de pesos en deuda, aunque la cifra puede ser mayor. No sólo el IFE y el TEPJF han sido indulgentes con los gastos de campaña ilegales. Aunque en el caso de los Amigos de Fox y el llamado Pemexgate, en el 2000, el PAN y el PRI fueron multados, no hubo responsabilidades penales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda han sido incapaces para advertir sobre el financiamiento ilegal de los partidos. En el caso del PRI, deben decir de dónde salió, quién entregó y cómo se movió el dinero para las tarjetas de Monex y Soriana. La investigación del Senado estadunidense al banco HSBC, dada a conocer esta semana, dejó en claro que ambas instituciones han sido omisas ante el blanqueo de capitales. Amparada en el secreto bancario, la CNBV tardó en informar al IFE sobre las cuentas de los Amigos de Fox y el Pemexgate. Sólo sugirió a los directivos de HSBC que, por favor, mejoraran sus sistemas contra el lavado. Y ahora, calla ante los alegados fondos ilegales de la campaña del PRI. El secreto así entendido se llama complicidad. jcarrasco@proceso.com.mx @jorgecarrascoa