Cherán y su rebelión contra la mafia michoacana

El municipio autónomo de Cherán se niega a ser parte de la diversificación de negocios de los cárteles del narcotráfico, que han sometido con las armas, el dinero y el poder político a las poblaciones aledañas. Los cheranenses no quieren “asociarse” con la Familia Michoacana ni con Los Caballeros Templarios para producir aguacate ni mariguana, se niegan a entregarles cerros para que los dejen pelones o permitir que exploten ilegalmente las minas. Pero están solos: justo ahí, donde el narco mutó en una mafia depredadora de los recursos naturales, el gobierno federal no interviene.

SAN FRANCISCO CHERÁN, Mich.- Los policías comunitarios armados se adentran en el monte rapado y devastado. Un grupo ya está en la cima, protegiendo al resto. Cualquier incursión por el bosque es peligrosa en estos tiempos. Lo denota el paisaje de cerros destripados, con apenas una última falange de troncos que se calcinaron pero aún se aferran a la tierra. En estos parajes, huérfanos de los árboles grandotes, milenarios y macizos que impedían la entrada de rayos solares, hoy se marcan sombras en el suelo.

 

“Conforme avanzan van prendiendo fuego, van talando, vienen asustando, sembrando terror para que la gente se resigne a abandonarlo. Quieren apropiarse de todas las tierras, dicen que quieren sembrar aguacates y que nos váyanos acostumbrando”, explica el jefe de un grupo de la ronda comunitaria de voluntarios que hacen las funciones de policía en este municipio independiente, mientras recorremos el cerro de San Miguel, al norte del poblado.

La matazón de árboles es palpable a un kilómetro de las orillas del pueblo; hasta allí entraron los talamontes comandados por un sujeto conocido como El Güero, de Rancho Río Seco, quien controla parte de la Meseta Purépecha para Los Caballeros Templarios. Algunos medios han dicho que su nombre real es Cuitláhuac Hernández.

El bosque parece un museo del ecocidio después de los tres años que duraron el saqueo voraz, la quema como tónica y el terror generalizado, hasta que esta comunidad se hartó, expulsó a los invasores, destituyó al presidente municipal cómplice y a sus policías, instaló su propio cerco de vigilancia y se reorganizó por medio de sus usos y costumbres.

Su insumisión y resistencia les han costado 15 comuneros asesinados y cinco desaparecidos así como 13 secuestrados en tres años de enfrentamientos y emboscadas. Los dos últimos –Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez– fueron levantados en el monte por hombres armados el domingo 8 y los encontraron muertos el día siguiente.

El conflicto de esta comunidad purépecha no es con los talamontes de las comunidades cercanas, como afirman funcionarios del gobierno estatal, sino contra los grupos del narcotráfico y de poderosos que patrocinan la deforestación y el despojo de los recursos naturales.

“Nos dicen que no vamos a durar mucho, que se van a quedar nuestras tierras y hasta el ganado se van a llevar, que ya nos conocen, que nos tienen en la lista, que nos van a embolsar, que no van a encontrar nuestros restos nunca”, dice el jefe de los policías voluntarios. Él es uno de muchos campesinos desplazados del bosque y de su milpa. Sus 12 hectáreas se quedaron en los cerros controlados por los talamontes. Tiene prohibido el ingreso.

Cherán tiene los reflectores de los medios desde el 15 de abril de 2011, cuando se levantó por la defensa de sus bosques. Pero su lucha va más allá. Su apuesta consiste en impedir la expansión del modelo de negocios que las bandas del narcotráfico han desplegado por todo Michoacán: cada que llegan a las comunidades se incrustan en las presidencias municipales, desde donde mandan al personal, controlan el comercio y someten a los vendedores, establecen pago de “derecho de piso” para todas las actividades productivas, extienden la venta, tráfico, producción o consumo de drogas, patrocinan actividades ilegales y se apropian de los caminos, los bosques, las tierras productivas, los recursos pétreos y hasta del agua.

Cherán está rodeado de comunidades donde esto ya ocurre. Huitzaco, por ejemplo, es un pueblo habitado por decenas de “propietarios” de minas en explotación que siguen siendo pobres porque son meros prestanombres. En San Juan Nuevo Parangaricutiro los locatarios del mercado ya comienzan a ser hostigados por el pago de protección. Los aguacateros de Uruapan, productores de “oro verde” de fama mundial, traspasan sus huertos a hombres armados que los obligan a asociarse y a vender la cosecha a sus empacadoras.

Los talamontes del pueblo de Tanaco pagan el paso de camiones con madera ilegal. Los bosques de El Cerecito son usados para camuflar laboratorios de droga. En Paracho se dice que controlan hasta el agua.

Es el rostro de la ecomafia mexicana. La diversificación de negocios de cárteles como Los Zetas, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana que se apropian de los territorios y sus recursos naturales.

Por el control total

Cherán iba por la misma senda hasta que decidió pelear, sin recibir ayuda del gobierno federal ni del estatal hasta el momento.

“Aquí el clima, que es frío, no permite que las tierras produzcan aguacate; para eso no las quieren. Pero nuestras tierras sí se prestan para dar bonitas plantas de mariguana, como hay en otras comunidades cercanas, o para instalar en las zonas más alejadas narcolaboratorios como los que ya se han encontrado en El Cerecito. Son tentadoras las minas de arena y las canteras de grava. Nuestros bosques les sirven para hacer madera. Lo que quieren es más dinero. Ya hasta querían cobrarle a la comunidad por el agua que sacamos del pozo profundo”, explica una comunera de las que inició el movimiento, que solicita no divulgar su nombre.

En abril del año pasado ella y otras mujeres subieron al cerro acompañadas de sus hijos pequeños para intentar dialogar con esos hombres que por las noches metían excavadoras para despelucar al monte y de día les pasaban enfrente con los troncos ya extirpados. A escondidas de sus maridos se acercaron a pedirles que, por favor, respetaran los centenarios árboles del ojo de agua, porque iban a dejar a la comunidad sedienta. Pero fueron tratadas de “viejas argüenderas” y expulsadas a punta de cañón.

Encorajinadas, al amanecer del día 15 detuvieron los primeros camiones troceros que pasaron ese día por la comunidad y, como los talamontes capturados respondieron con tiros, la gente salió a defenderlas. Desde entonces los cheranenses no han bajado la guardia: el pueblo vive atrincherado con costales de arena, instauró su propia policía para los rondines y cada poblador se convirtió en vigilante.

“Según los informantes que detuvimos e interrogamos, el crimen organizado les cobraba mil pesos por cada viaje de carro trocero de tres toneladas y tenían la obligación de venderles a ellos la madera. En las noches podías ver inmensidad de luces en el cerro, como cientos de luciérnagas, de trascavos cortando y abriendo caminos. Si alguien de la comunidad se oponía, le daban su calentada; comenzaron a desaparecer gente. En un año cortaron 16 mil hectáreas. Hasta que tocaron el manantial y ahí sí la gente no se dejó”, narra la mujer mientras muele en su metate una salsa de cebollas, yerbabuena, maíz y chile verde.

(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1864, ya en circulación)

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