MONTERREY, NL (apro).- Entidades donde los priistas son mayoría se endeudaron para financiar la campaña del candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, denunció hoy el senador del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez. Las entidades que contrataron deuda para apuntalar la “elección de Estado” en favor de Peña Nieto, denunció, fueron Campeche, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Nuevo León. “Estamos indagando que en la mayoría de los estados donde gobierna el PRI, previo a la elección, solicitaron miles de millones de pesos prestados y autorizados por sus respectivos Congresos, recursos que estaban destinados a los operativos de esta elección de Estado”, dijo esta tarde en rueda de prensa. Luego de anunciar la realización de ‘megamarchas’ para el 29 de julio y 5 de agosto, en reclamo de la anulación de los comicios presidenciales, Anaya dijo que la coacción del voto fue originada desde los estados en que el PRI es mayoría en el Congreso local. “Es una situación que nos pone a reflexionar, se compró una elección en abonos, se compró una elección con empréstitos que deliberadamente han gestionado los respectivos estados. (…) Pidieron prestado para gestar el fraude electoral”, aseveró. El dirigente nacional del PT reiteró que durante las acciones efectuadas por el Revolucionario Institucional para favorecer a Peña Nieto fueron comprados por lo menos 5 millones de votos. Señaló que en la campaña del exgobernador mexiquense fueron utilizados recursos de procedencia ilícita, como el lavado de dinero o ingresos no reportados al Instituto Federal Electoral (IFE), autoridad que, dijo, ha sido omisa y complaciente. Ante la serie de irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales, Anaya dijo que la autoridad electoral debería promover las respectivas investigaciones y no dejarle el trabajo a los partidos. “Antes de la elección se dijo que los gobernadores habían tenido reuniones en el Estado de México para decidir cómo operar el fraude en cada estado. Todo consta documentalmente previo a la elección, pero es preocupante que sean los candidatos y los partidos los que estemos reuniendo videncias, cuando esa tarea es del IFE, que es quien debe fiscalizar, es trabajo de la Fepade, de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera” y de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló. El virtual diputado federal plurinominal dijo que el plazo para poder revertir el resultado de los comicios presidenciales es el jueves 6 de septiembre, fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificará el proceso del 1 de julio. Se dijo confiado en que la elección sea anulada y la autoridad en la materia llame a votaciones extraordinarias, como ya ha ocurrido, en el pasado reciente, en Colima y Morelia, Michoacán, donde se detectaron anomalías que ameritaron nuevos comicios. En la conferencia también participaron Blanca Rocío Carranza, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC); Roberto Gallardo, director de Despierta México; Rogelio González, excandidato a senador por el Movimiento Progresista; Mario Fernández, coordinador de la campañas federales de las izquierdas en Nuevo León, y Azael Sepúlveda, vocero del PT.