MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, visitó este jueves a los familiares de las víctimas de los siete mineros fallecidos en el pocito de carbón La Florida, en el municipio de Múzquiz, a quienes ofreció apoyo para incluirlos en los 14 programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Acompañado por su esposa, Carolina Viggano de Moreira, y la titular de la Sedeso estatal, Martha Laura Carranza Aguayo, el mandatario priista acudió al velorio de los mineros fallecidos y ofreció sus condolencias a los deudos, con quienes se reunió durante unos minutos para explicarles en qué consistirá el apoyo de su gobierno. De acuerdo con Moreira, los hijos de los trabajadores del carbón serán integrados al programa de becas para que continúen sus estudios, mientras que a las madres o viudas de los fallecidos se les otorgarán créditos del Banco de las Mujeres para que impulsen algún proyecto productivo. Ofreció, asimismo, dar seguimiento a los acuerdos alcanzados con el propietario de la mina. “Es una tragedia que enluta a todo nuestro estado, es motivo de reflexión para realizar cosas en el futuro por las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que no se repita”, dijo el gobernador coahuilense al salir de la  reunión con los familiares de las víctimas. No obstante, descartó el cierre total de los pocitos de carbón y pidió trabajar en el reforzamiento de las medidas de seguridad para los mineros de la zona. Desaparecer los pozos, dijo, llevaría problemas a la región porque varias familias viven de la explotación del mineral. “Hay forma de explotar el carbón con mayor margen de seguridad, eso hay que decirlo”, comentó. Moreira destacó la necesidad de crear un grupo de coordinación entre las autoridades estatales y federales, para garantizar la seguridad de quienes a diario trabajan en las minas. Luego de subrayar la necesidad de desgasificar la zona, aseguró que la explotación ordenada del gas natural que se encuentra en el subsuelo evitaría la mayoría de las tragedias. Por separado, Federico Quintanilla –hijo de Federico Quintanilla Riojas, exalcalde del municipio de Progreso y dueño de la empresa minera El Progreso, S.A. de C.V.– ofreció indemnizar al 100% a los deudos de las siete víctimas. Informó también que personal administrativo de la mina llegó a un acuerdo sobre el pago de las indemnizaciones con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), después de sostener una reunión en el municipio de Sabinas, Coahuila. Quintanilla detalló que cada una de las familias de los siete mineros fallecidos recibirá su pago semanal, hasta que se les otorgue la pensión del Seguro Social, y se les entregará una indemnización de entre 150 y 200 mil pesos, dependiendo de la antigüedad de los fallecidos. El hijo del exalcalde dio a conocer que el próximo lunes 30 se presentará ante el Ministerio Público en Sabinas para firmar los acuerdos en los que se basarán los pagos a los deudos de los mineros, quienes cobraban 100 pesos por tonelada de carbón y recibían un bono de 300 pesos semanales. Sobre los señalamientos que ha hecho la STPS a la empresa minera, en el sentido de que fue multada económicamente y estaban en curso dos procedimientos sancionadores en su contra, subrayó: “Siempre alguien se quiere curar en salud y al perro más flaco se le cuelgan las pulgas”. El miércoles pasado una explosión en el pocito de carbón La Florida arrebató la vida de siete personas que trabajaban en el yacimiento. Los mineros estaban barrenando y perforando con la finalidad de ventilar otro yacimiento en construcción, pero el estallido por acumulación de gas metano –según las primeras investigaciones– los sepultó a 70 metros de profundidad. Más tarde fueron rescatados los cuerpos de Pedro Ervey Alcalá Ramírez, Héctor Alcalá Ramírez, Omar Efraín Ramírez Almanza, Daniel Iván Ramírez Almanza, Guillermo González Medina, César Javier Medina Camacho y Fidencio Sánchez Arellano, todos oriundos del municipio de Palaú. De acuerdo con la titular de la STPS, Rosalinda Vélez, el pocito donde murieron los mineros ya había sido inspeccionado en 16 ocasiones por la dependencia a su cargo, y en una de ellas ordenó la restricción de acceso a uno de los pozos porque carecía de salida de emergencia. Proliferan minas clandestinas: CNDH Luego de ocurrida la tragedia en la mina de Múzquiz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detalló que el registro nacional de empresas que se dedican a la actividad minera no está actualizado. De acuerdo con el sexto visitador de la CNDH, Juan Pablo Piña, en la zona de Coahuila impera la labor clandestina, por lo que llamó a las autoridades a localizar los centros de trabajo que se dedican a la explotación minera, para que se verifiquen los estándares de seguridad e higiene en la que laboran los mineros. “Es fundamental e impostergable que se lleve a cabo una revisión exhaustiva, en donde se localice y se detalle puntualmente todos los centros de trabajo dedicados a la explotación minera, para que las autoridades correspondientes estén ahí, encima de ellos, verificando que cumplan con los estándares internacionales de seguridad e higiene en el trabajo”, indicó. En el caso específico del pocito La Florida, informó que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó abrir una investigación de oficio para esclarecer los hechos ocurridos y emitir las medidas cautelares correspondientes.