GINEBRA (apro).- La tranquilidad de los calurosos meses veraniegos de julio y agosto que en que se encuentra la Confederación Helvética sólo parece alterarse con las turbulencias del secreto bancario y las enigmáticas cuentas numeradas. Desde distintos frentes se lanzan ataques a estos mecanismos financieros: Estados Unidos señala que sirven para cobijar la evasión fiscal, motivo de inculpaciones penales en serie. Francia refuerza el ataque por causas similares y acaba de iniciar diligencias judiciales motivadas por la actuación fraudulenta de representantes de bancos suizos en su territorio. Alemania se suma al hostigamiento comprando clandestinamente discos compactos que enumeran a miles de evasores de esa nacionalidad, con retaguardia en cuentas helvéticas. Acuerdos bilaterales en proceso de negociación con múltiples países, preanuncian un paquete de iniciativas que el gobierno Suizo elevará al Parlamento de su país en septiembre próximo para dar vuelta la página del secreto bancario. La intencionalidad imperialista de rapacidad y saqueo que se le suele atribuir a los Estados Unidos tiene dificultades para encajar la obra de dos de sus presidentes, Ronald Reagan y Barack Obama, en la liquidación del secreto bancario helvético, donde encuentran disimulada guarida las famosas cuentas numeradas, susceptibles de encubrir la corrupción, el expolio de los dictadores y la evasión fiscal. Paradójicamente, ambos expresidentes han sido los detonadores en abolirlo. El republicano Reagan, y el demócrata Obama, en fechas distantes, supieron ponerse del lado de la izquierda suiza, que finalmente reunió el consenso necesario en el gobierno colegiado de siete miembros (Consejo Federal), y en el Parlamento Federal de dos cámaras (diputados y senadores), para implantar una estrategia de "dinero limpio" en la plaza financiera nacional, con eje en sus tres ciudades emblemáticas que hablan idiomas diferentes: el alemán en Zúrich, el francés en Ginebra y el italiano en Lugano. Con base en esa estrategia los bancos podrán congregar una desconocida unanimidad, y hacer mejor gala de sus notables instrumentos de discreción y confidencialidad, protección de los clientes ante los supuestos abusos de ciertos países, y eficacia en la administración de capitales. Dineros mal habidos Los funcionarios de la aduana estadunidense en Honolulu, cabecera del estado de Hawaï, capturaron en marzo de 1986 los papeles de la rapiña acumulada en Suiza por la familia Marcos, quien recién había sido derrocado en Manila. De las valijas de Ferdinand e Imelda Marcos surgió la documentación, cuya copia el presidente Ronald Regan remitió a sus homólogos del Consejo Federal en Berna, para que el tesoro retornara a las arcas oficiales de la flamante presidenta democrática de Filipinas, Corazón Aquino. El cuantioso botín trepaba a 570 millones de dólares. Los trámites de la restitución se extendieron hasta 1998. Las consecuencias del caso llevaron a que la Confederación Helvética mejorara su Código Penal. Ese mismo año 1998 le incorporó el artículo contra el blanqueo de dinero, un castigo para quienes obstaculizaran la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de valores patrimoniales provenientes de un crimen. Consumada la devolución a Filipinas de lo robado por la tiranía matrimonial de los Marcos, le empezó a suceder algo equivalente a otras “personalidades políticamente expuestas” que han perdido o, quizá están por terminar de perder --ellos, sus mandatados o herederos- alrededor de mil 500 millones de dólares: Sani Abacha (Nigeria), Mobutu Sese Seko (Congo), Jean-Claude Duvalier (Haití), Zine el-Abidine Ben Ali (Túnez), Hosni Mubarak (Egipto) y Muamar el Gadafi (Libia). En América Latina destacan, con igual suerte, Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, el expresidente de México; Vladimiro Montesinos, lugarteniente del exdictador peruano Alberto Fujimori; y el expresidente argentino Carlos Menem. Este último tiene pendiente de respuesta en Ginebra un exhorto para repatriar su cuenta en la UBS, acompañada de la de su otrora secretario privado, Ramón Hernández. “Sospechas suficientes” En Suiza no hay un registro centralizado de cuentas controlado por el Estado, similar al existente en los bancos centrales del mundo, a donde pueden acudir los tribunales para saber si una persona bajo sospecha de infringir la ley tiene una cuenta, y eventualmente bloquearla. En Suiza solamente cada banco conoce los nombres de sus clientes, normalmente jamás notificados a ninguna autoridad pública. Blandiendo represalias si no se lo respetara, el nuevo artículo antilavado de dinero trajo aparejado la obligación para los bancos y la galaxia de intermediarios financieros, de comunicar a la Justicia las cuentas y/o transacciones que se presuman lo hayan violado: 896 denuncias en 2009, mil159 en 2010, y mil 625 en 2011, por un total de haberes involucrados en torno a los 6 mil millones de dólares. El dispositivo se complementa con que los jueces locales pueden, por decisión propia o a petición de sus colegas de otros países, ordenar el levantamiento inmediato del secreto bancario e incoar un sumario penal ante “sospechas suficientes” de limpiar o disimular dinero sucio, pistas que incluyen notas de prensa, la publicación de un libro periodístico o la emisión de un documental televisivo. De esta manera, por ejemplo, Argentina conocería rápidamente las cuentas de exrepresores como Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Domingo Bussi; las de los beneficiarios de los sobornos del escándalo IBM-Banco Nación, hasta la reciente de los presuntos testaferros del cuestionado secretario general de la CGT, Hugo Moyano. El modelo helvético del secreto bancario fue creado en 1934 para blindar las cuentas de los judíos que sacaban sus ahorros de Alemania y los ponían al abrigo de la curiosidad de los espías del Tercer Reich. La preservación del anonimato, vigente en cualquier banco del planeta que no divulga la identidad de sus clientes, se convirtió en una cultura de excelencia en la banca suiza. Su cultivo se vio aupado por el impulso de un Estado rico, próspero, pacífico, plurilingüístico y multiconfesional, que se ha erigido en el más competitivo e innovador del globo, por encima de Estados Unidos, Japón, China y Alemania. La estabilidad política de la Confederación Helvética, con siete siglos de historia, se encuentra potenciada por una infraestructura tecnológica de alta calidad, con una moneda refugio, el franco suizo, salvaguarda ante las fluctuaciones del dólar, del euro, o de las divisas asiáticas. No es de extrañar que el acopio de tanta seguridad reinante atrajo como un imán los fondos de la corrupción, el narcotráfico y el comercio ilícito de armas y de codiciados minerales, que se aprovecharon de los bancos, un fenómeno que recién en el presente siglo se ha podido empezar a combatirlo con el arsenal legal someramente antes descripto. Un tercio de las fortunas privadas de la tierra son gestionadas en Suiza. Sin embargo, no se conocen cifras pormenorizadas de la parte que corresponde a la evasión fiscal, que pudo inicialmente escapar del acoso judicial. Los flujos financieros que transitan por los paraísos fiscales están calculados en 20 mil millones de dólares. Suiza es considerado uno de esos paraísos fiscales…pero es uno entre muchos: Andorra, Panamá, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein, Hong Kong y Macao, y sin olvidar algunos Estados de la Unión Americana, como Delaware, Nevada, Wyoming y Florida. La Unión Europea estima que unos 800 billones de dólares de sus ciudadanos han sido transferidos electrónicamente a esos destinos. Lo han hecho evadiendo el fisco. Entre 1970 y 2010 América Latina escondió en esos paraísos más de 2 mil millones de dólares. La ONU denuncia que, en este contexto, el crimen organizado a escala internacional produce ganancias anuales del orden de los 870 mil millones de dólares. Del 2008 a la fecha, en virtud de las sucesivas crisis financieras y económicas en los ricos países occidentales, tras la quiebra de Lehman Brothers y el derrumbe bancario en el Viejo Continente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apremiada por sus Estados miembros urgidos de dinero fresco para paliar sus deudas, le ha venido imponiendo a Suiza, que no integra la Unión Europea, una profundización del desmantelamiento de su legislación sobre el secreto bancario, concretamente la que ampara la huida de capitales que eluden al fisco en los países desde donde emprenden la fuga. Bajo amenazas de sanciones que habrían dañado especialmente a dos de las industrias líderes suizas, la de los bancos, que se despliegan en el exterior para obtener sus principales ganancias, y la de las exportaciones de productos manufacturados y servicios, fuentes esenciales de recursos para un pequeño país de 7 millones de habitantes que carece de materias primas, a partir del 13 de marzo de 2009 Suiza comenzó a instaurar el principio revolucionario de que la evasión fiscal es un delito penal sin restricciones. Fue así que el gobierno federal helvético estableció la norma de colaborar con las autoridades competentes extranjeras que soliciten investigar la evasión fiscal, a las que antes les respondía que eso no era posible porque dicha evasión, en su derecho interno, no constituía una infracción penal sino una falta administrativa debida a la negligencia y el olvido, y redimible por multa. Eso impedía satisfacer la llamada regla de la doble incriminación, vale decir que el hecho reprimido penalmente en el país requirente lo fuera también en el requerido. El 2 de abril de 2009 el G20 emitió el acta de defunción del secreto bancario y para no caer en el casillero de los transgresores y sufrir escarmiento, Suiza se anticipó unas pocas semanas y el 13 de marzo precedente anunció que se plegaba a perseguir penalmente la evasión fiscal sin reservas ni distinción entre sus diversas modalidades. La decisión fue retomada por Estados Unidos, varios países de la UE, México, Uruguay, Colombia y Perú, que están consensuando diversos instrumentos con Suiza para saldar el pasado a través del pago de indemnizaciones por el estrago ocasionado al fisco de esos países, y avanzar hacia un futuro que habilite la transmisión automática de información bancaria sobre personas o empresas que, indiciariamente, soslayaren el fisco. Pasar página La oportunidad para entornar definitivamente las puertas del paraíso fiscal todavía vigente en Suiza se le ha presentado a Barack Obama. La razón: UBS debió pagar en 2009 una multa de 780 millones de dólares y destapar 4 mil 450 cuentas a cambio de zafarse de una condena por evasión fiscal y no perder la licencia para seguir operando en Estados Unidos. El 23 de febrero de 2012 varios directivos de otras 11 instituciones bancarias suizas fueron procesados por fraude fiscal en Estados Unidos, pues, al parecer, ayudaron a ciudadanos de aquel país a evadir al fisco. Dichas instituciones se convirtieron en “vehículos” para trasladar esos fondos sin declarar hacia Suiza y domiciliarlos en cuentas off shore asentadas preferentemente en el Caribe o en algunas islas del Canal de la Mancha, mediante sociedades fantasmas o mecanismos artificiales. El monto del resarcimiento y las listas de titulares de cuentas que van a ser delatados por Suiza para frenar la ofensiva judicial, que amenaza con prohibirles a los bancos imputados continuar trabajando en Estados Unidos, deberían arbitrarse en un "arreglo global" que ambos gobiernos están debatiendo. Se lo denomina Deferred Prosecution Agreement (DPA), un pacto bilateral que articularía una suma para restañar el daño cometido en el pasado por haber contribuido a la evasión fiscal, fijando también nuevas exigencias que los imposibiliten reincidir. Así, Estados Unidos reclamaría la entrega de entre 19 mil y 52 mil cuentas bancarias, cuyos dueños y nivel de activos se desconocen. Y ya está consiguiendo los nombres y las pruebas documentales de las técnicas que utilizan los empleados o agentes de los bancos suizos para delinquir dentro de Estados Unidos captando clientes con fines de evasión fiscal. En el marco de convenciones bilaterales relativas a la doble imposición con Estados Unidos y otros 50 países, en curso de ajuste o elaboración, la solución final podría conocerse hacia septiembre próximo, cuando el gobierno suizo va a someter al Parlamento de su país las propuestas de leyes y decretos para una la plaza financiera de "dinero limpio", conjugando la idea rectora de asimilar la evasión fiscal con la criminalidad económica. La ministra de Finanzas y Presidenta suiza, Eveline Widmer-Schlumpf, anticipó que todos los propietarios "no residentes" en Suiza de cuentas en los 320 bancos inscriptos legalmente deberán certificar por escrito que han regularizado sus depósitos ante el fisco de los países de los que son nativos, o en los cuales viven y/o hacen negocios.