La inoperante Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito se convirtió en la coartada de Felipe Calderón para bloquear la ley general en la materia aprobada por el Congreso, que abría una ventana de oportunidades  para los afectados por la guerra contra el narcotráfico. Mientras la Suprema Corte de Justicia decide en torno a la validez o invalidez de dicha ley, miles de personas se encuentran en el abandono y en el desamparo por la falta de apoyo institucional. En el documento de observaciones que paralizó la ya aprobada Ley General de Víctimas, Felipe Calderón argumentó que varios artículos no son “pertinentes” y que su gobierno ya atiende a las víctimas a través de Províctima. Lo cierto es que 10 meses después de su creación este organismo sigue siendo el pariente pobre de las instituciones federales: usa ropa prestada, se “cuelga” de otros para dar servicios, no tiene dinero ni atribuciones más allá de las asistencialistas. Prestados de otras dependencias son, por ejemplo, la mayoría de funcionarios que ahí laboran. Usa las instalaciones de los 16 antiguos Centros de Atención a Víctimas de la PGR y, por falta de dinero, no opera en la mitad del país, ni en estados tan necesitados como Tamaulipas. Tiene presupuesto para salarios, no para apoyos. La investigación no está entre sus atribuciones. Remendando programas sociales para pobres atiende a víctimas de la violencia, aunque sus necesidades son distintas. Este semanario recorrió las áreas de servicio de la llamada Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (o Províctima); entrevistó a beneficiarios, a empleados y a su directora, Sara Irene Herrerías, así como a integrantes de organizaciones de derechos humanos, para conocer sus experiencias. Las opiniones son variadas. En la sala de espera de las oficinas centrales ubicadas en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, el jueves 26 por la mañana una decena de personas esperaban a ser atendidas. Una abuela explicó que su nieta recibe terapia psicológica desde que presenció el asesinato de su mamá. Un joven mexiquense dijo que lo citaron apenas ese día, aunque seis meses atrás acudió a pedir ayuda porque su esposa fue secuestrada. Una mujer violada por policías esperaba un turno con un abogado que le ayudó a hacer gestiones de manera tan eficiente que uno de sus agresores ya fue encarcelado. Un grupo de integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) tramitan apoyo para otras víctimas. Recién ingresó a terapia grupal una docena de mujeres que sufren violencia intrafamiliar; problemática que afecta a 25% de quienes solicitan ayuda en este lugar. Un 54% de las personas atendidas vienen por delitos como violencia familiar, abuso sexual, lesiones, amenazas, robos, negligencia médica, sustracción de menores y responsabilidad profesional, aunque para estos no fue diseñada esta dependencia. Se creó el 6 de septiembre pasado por un sorpresivo decreto presidencial, en respuesta a las movilizaciones de las víctimas de la narcoguerra aglutinadas en el Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta Javier Sicilia, que exigían un sistema nacional de atención. El resto de población atendida –según las estadísticas institucionales– sufrió “delitos de alto impacto”, como extorsión, trata de personas, privación ilegal de la libertad, violación, secuestro, homicidio y desapariciones (este último rubro ocupa el 17% de los casos, que se traduce en mil 373 personas). Dos días antes del recorrido, se inauguró el segundo piso de este edificio de nueve niveles. De estacionamiento pasó a ser una planta llena de cubículos donde abogados, psicólogos y trabajadores sociales esperan a que se desocupen cubículos para trabajar. El quinto piso aún no cuenta con ventilación y apenas se discute las funciones de cada subdirección. Esta dependencia recién nacida (tiene 450 empleados, la mayoría pertenecientes a otras dependencias) obtuvo presupuesto para sueldos y operación limitada en marzo; sin embargo, se le atravesó la veda electoral por lo que suspendió tres meses la campaña promocional para difundir su existencia. Según cifras oficiales, 8 mil 993 personas fueron atendidas físicamente los primeros nueve meses. No obstante, la tercera parte de la atención se concentra en las oficinas del Distrito Federal. En cambio, estados como Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa o Baja California, golpeadísimos por la narcoviolencia, atienden cada uno a menos de 6% de las víctimas y, a través de la línea de atención 01-800-Victima, han generado un promedio de escasas 13 citas para atención. En el documento con las observaciones hacia la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso, el presidente usó una “encuesta fantasma” para afirmar que ya atiende a los que, al inicio del sexenio, llamó “daños colaterales”. Cita una investigación del despacho Moctezuma & Asociados cuyo resultado fue el siguiente:  “86% de los ciudadanos perciben que Províctima es una institución seria; 83, necesaria; 81, con personal especializado; 80, que ‘trabajan duro’, ‘te tratan como persona’ y ‘te escuchan’; 78, institución honesta; 77, cuenta con personal confiable, y 72 que los acompaña y ‘trabaja duro’”. Sin embargo, la encuesta titulada Medición del impacto de la campaña publicitaria de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Resultados. Abril 2012 –de la que Proceso tiene copia–, como su nombre lo indica fue realizada para medir si los anuncios de radio y de televisión tuvieron impacto en la audiencia, y sólo 8% de los encuestados por teléfono dijeron conocer la existencia de Províctima. No todos atinaron a describir para qué sirve. Luis Moctezuma, director de la empresa, confirmó que en eso se basó el estudio para el que fue contratado. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1865, ya en circulación)