Los cómplices mexicanos de Peña Nieto

A partir de documentos llegados de manera anónima a Proceso, entrevistas con colaboradores de José Luis Lozoya Neyra –dueño de varias empresas implicadas en la compra de tarjetas al Banco Monex–, y de la investigación de un domicilio de Gabino Fraga en la colonia Polanco Chapultepec, comienza a armarse el rompecabezas sobre la triangulación de dinero utilizado para subvencionar la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI. En esta intrincada maraña salió a la luz el nombre de Rodrigo Fernández Noriega.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el entramado financiero que estableció el PRI para subvencionar la campaña presidencial y con ello ocultar el rebase de tope de campaña establecido por la autoridad electoral, aparece un personaje clave: Rodrigo Fernández Noriega. Fue él quien contactó al propietario de la empresa Inizzio para triangular recursos a través de “juntas de trabajo” en un inmueble del priista Gabino Fraga Mouret, donde también opera la firma Efra.

De la documentación divulgada por el Movimiento Progresista –cuentas, facturas, transferencias vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)–, más la información que ha llegado a la redacción de Proceso, corroborada y ampliada con registros públicos de la propiedad, se desprende que Fernández Noriega hizo un depósito de 3 millones 485 mil 797.49 pesos el 20 de abril último.

Asimismo, cuando solicitó una línea a la compañía de teléfonos dio como referencia la calle Calderón de la Barca número 78, colonia Polanco Chapultepec, CP 11560. En ese lugar tienen su domicilio fiscal Comercializadora Efra, la empresa que pagó a Monex poco más de 90 millones de pesos por miles de monederos “recompensa” utilizados por operadores del PRI en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), propiedad de Gabino Fraga.

En ese domicilio se reunía José Luis Lozada Neyra, propietario de grupo Comercial Inizzio, con Fernández Noriega para establecer las rutas de trabajo, cuándo llegaría el dinero, cómo se distribuiría entre diversas empresas y cómo se repartiría, vía Banco Monex, comentan a Proceso colaboradores de Lozada Neyra, quienes solicitaron el anonimato.

“Las reuniones de trabajo eran en Calderón de la Barca 78. Fernández Noriega, el que asegura que su giro comercial es el de zapatero, tiene ahí su oficina y sabe todo. Ya no está en el país, compró una casa en Isla del Padre, Texas, y se fue para allá, pero en el Club Mundet pueden tener más información, porque es socio de ahí”, detalla uno de los entrevistados.

Protegido por Peña Nieto y reconocidos priistas, el dueño de Inizzio –quien también utiliza el alias de Alejandro Jean Pérez Lizárraga–, tuvo un encuentro dos semanas atrás con sus trabajadores en las oficinas de Sinaloa 84.

“Espantados por la constante aparición del nombre de la empresa en los medios y porque varios de los empleados firmaron documentos, se le pidió orientación (a Lozada Neyra). Respondió que nadie se preocupara, que todo era puro escándalo y nada iba a pasar porque ‘Peña Nieto me protege’, pero después de septiembre todo se va a acabar”, continúa.

Los informantes expusieron también que la semana antepasada Lozada Neyra les comentó que el jueves 26 acudiría a “una junta al IFE para llevar pruebas y con eso zafarme de todo esto”. Dicen que desconocen lo que entregó, si fue a la Unidad de Fiscalización o a otra instancia. “Lo único que sabemos es que todos los documentos que prueban el vínculo entre el PRI con sus empresas Inizzio y Atama fueron sacados de Sinaloa 84 y resguardados en otra de sus empresas.

El especialista

Quienes conocen al propietario de Inizzio y Atama, dos de las empresas que el Movimiento Progresista vinculó en la triangulación de recursos financieros para el PRI, aseguran que hace 20 años era “un simple trabajador de una aseguradora” que decidió cambiar de giro: vender facturas por montos millonarios.

A partir de 1998, Lozada Neyra comenzó a crear empresas con giros variados que incluyen inmobiliarias, oficinas de enajenación de equipos de cómputo, estacionamientos y comercializadoras de textiles.

Además, posee cinco propiedades en la Ciudad de México, la más importante es la de Sinaloa 84, que adquirió en un juicio de embargo. Es un edificio de tres plantas en el cual laboran alrededor de 40 personas y se ubican cuatro de sus empresas: Inizzio, Ambra, Atama y Abastecedora Integral de Cómputo.

En las compañías y los inmuebles, el operador contratado por Noriega Fernández aparece como socio, apoderado o representante legal. En sus casas viven sus exesposas o están a nombre de alguno de sus hijos.

Proceso detectó por lo menos 11 empresas creadas por el “vendedor de facturas”, aunque de acuerdo con sus colaboradores posee por lo menos 15, en las cuales puso como socios a gente que trabaja para él, ya sea en las empresas o en sus propiedades. Uno de los que más se menciona es Juan Carlos Ruiz Guerra, al parecer uno de sus hombres de confianza.

En una de ellas, Ruiz Guerra figura como “representante” de otra empresa: Inmobiliaria Pasatec. Refiere que vive en la calle Ignacio Zaragoza número 18, colonia San Lucas Patoni, Tlalnepantla, Estado de México. El dato cobra relevancia pues los “socios” que figuran en las empresas Inizzio y Atama –uno de ellos es obrero, el otro ya falleció–, pusieron como domicilio la misma colonia Lucas Patoni. Lo anterior hace suponer que Ruiz Guerra fue quien contrató a los socios de Atama e Inizzio.

La lista de las empresas donde figura Lozada Neyra o su alias Pérez Lizárraga son: Ambra, Abastecedora Integral de Cómputo, Comercializadora Ivanova, Grupo Comercial Inizzio, Atama, Ashton Telecom, Comec Quarter, Distribuidora Sheimann, Diseños Artísticos Industriales, Estacionamiento F, así como Inmobiliaria Pasatec.

En esta última, además de Lozoya Neyra y Ruiz Guerra, figura como socia María del Rocío Lozada Neyra, quien es dentista y tiene su propio consultorio llamado Odontología Integral, ubicado en la calle Homero número 136-1004, colonia Polanco, el mismo edificio en el que Banco Monex facturó a Inizzio la compra y recarga de tarjetas “recompensa” utilizadas por el PRI.

En su primera denuncia, el Movimiento Progresista mostró facturas por 91 millones de pesos. El miércoles 18 de julio exhibió otras por 46 millones de pesos.

Inizzio y Atama tienen los mismos socios y fueron dadas de alta el mismo día y ante el mismo notario público. El PRI admitió ya haber contratado a la empresa Alkino Servicios y Calidad para que pagara a “sus operadores” políticos. A su vez, el representante de Alkino, Rodolfo Antonio Jumilla, reveló el miércoles 25 que él contrató a Atama para la adquisición y pago en tarjetas de Monex.

Lozada Neyra, según sus empleados, es hábil para los negocios. Cada que alguien acude a él, le pide depositar una cantidad en alguna de sus empresas y le expide una factura, por la cual le cobra una comisión de 8%. Al final le devuelve su dinero.

Con ese tipo de operaciones, Lozada Neyra y sus clientes evaden al fisco. Según sus propios empleados, Lozada Neyra gana en promedio 2 millones de pesos al mes. Al parecer, dicen a Proceso los colaboradores del empresario, “para eso lo contrató Fernández Noriega, para que facturara con muchas empresas el dinero del PRI”.

Los Fraga y Peña Nieto

Al principio, el Movimiento Progresista denunció la existencia de facturas que Banco Monex entregó a Grupo Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, las cuales pagaron 141 millones de pesos por la emisión y recarga de tarjetas “lealtad” y “recompensa” (Inizzio 91 millones y Efra 50 millones; el 18 de julio sumó otros 60 millones de pesos facturados por esta última empresa). La primera dio como domicilio fiscal la calle Homero 136-1004, colonia Polanco Chapultepec; la segunda, la calle Calderón de la Barca 78, en la misma colonia.

El vínculo de esas firmas con la campaña presidencial de Peña Nieto surgió al realizar una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad del domicilio de Calderón de la Barca 78. Así se descubrió que el dueño del inmueble ubicado en esa dirección es el abogado de filiación priista Gabino Fraga Mouret, quien durante la gestión de Emilio Chuayffet Chemor como titular de la Secretaría de Gobernación lo nombró como encargado jurídico de la dependencia.

De acuerdo con el folio 9265089 del Registro Público de la Propiedad, el 10 de mayo de 1991 Fraga Mouret y su esposa, Anne Marle Hilaire de Fraga, compraron la casa de Calderón de la Barca 78. Pagaron por ella 397 millones 925 mil pesos de aquella época. Antonio y Emilio Fraga Hilaire, hijos de la pareja, quedaron como usufructuarios del inmueble.

Dos años antes de esa compra, el 4 de octubre de 1989, Fraga Mouret, Gabino Fraga Peña, Víctor Eduardo Bravo Ahuja Ruiz y Bárbara Castillo Carranza crearon GAP, Asesoría en Proyectos, S.C., un despacho especializado en asesoría jurídica en materia agraria y de bienes inmuebles.

Para abril y junio de 2007 los Fraga solicitaron una fianza de 13 millones 700 mil pesos sobre el inmueble de Calderón de la Barca 78. Como fiador incluyeron a Grupo GAP y como deudores solidarios quedaron Gabino Fraga Peña y Emilio Fraga Hilaire.

La empresa Efra –acrónimo de Emilio Fraga–, reportó como domicilio fiscal a Banco Monex la ubicación de la propiedad de los Fraga; los socios no son ninguno de los abogados de Grupo GAP, sino Gustavo y Moisés Hernández Hernández, quienes residen en la colonia Gertrudis Sánchez 2ª sección, calle Norte 88, número 5608, delegación Gustavo A. Madero.

A pesar de ser los dueños de una empresa que compró más de 60 millones de pesos en tarjetas recompensa a Banco Monex, no son propietarios de la casa donde viven, pues la boleta predial llega a nombre de Antonio Ponce.

Gabino Antonio Fraga Peña fue coordinador territorial de los compromisos de Peña Nieto durante su campaña presidencial, en tanto que Grupo GAP trabajó de 2004 a 2008 en varios proyectos del gobierno mexiquense.

Durante su administración en el Estado de México, Peña Nieto construyó y amplió el Aeropuerto de Toluca. La millonaria obra estuvo a cargo de OHL-México, que es representada por Andrés de Oteyza; también encargó un estacionamiento a la firma HIGA, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y la liberación del derecho de vía de 154 hectáreas, que fue procesada por el despacho de abogados del Grupo GAP.

Y fue justamente en las oficinas de Grupo GAP, en la dirección que ofreció la empresa Efra, donde Rodrigo Fernández Noriega –quien el 20 de abril depositó más de 3 millones de pesos a Monex para la adquisición de las tarjetas que utilizó el PRI–, solía reunirse con Lozada Neyra, dueño de las empresas Inizzio y Atama, que adquirieron las tarjetas Monex.

El Movimiento Progresista únicamente dio a conocer el uso de Banco Monex por parte de Efra, Inizzio, Atama, Koleos, Tiguan y Fernández Noriega. En algunos casos hicieron depósitos a Monex, en otros compraron tarjetas.

Hasta el cierre de edición se desconocía si esas empresas facturaron con otros bancos o hicieron depósitos. Proceso tiene copias de por lo menos 27 números de cuenta en Banamex a nombre de las empresas de Lozada Neyra, Ramón Paz (el obrero que figura como socio de Inizzio) y otras tres personas vinculadas con Lozada.

Se sabe que Lozada Neyra “vende facturas de sus empresas”, varias de ellas vinculadas con el PRI. Algunas llegaron de manera anónima a este semanario, pero no se publicitan por tratarse de datos privados. Este asunto tendrá que abordarlo el IFE.

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