MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Mujeres víctimas de violación sexual –la mitad de ellas niñas y adolescentes-- son privadas del acceso a la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE) y a servicios de aborto legal en 10 estados del país, debido a que las autoridades de salud no aplican la Norma Oficial Mexicana (NOM 046) para el registro y atención integral de víctimas de ese delito, denuncia el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). En una investigación realizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se revela que de junio de 2010 a junio de 2011 las secretarías de Salud de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa, registraron un total de mil 689 casos de violencia sexual. El ejercicio titulado “Atención de las mujeres víctimas de violación en las secretarías de Salud”, refiere que del total de víctimas registradas en Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Quintana Roo, 40% tenía entre 11 y 20 años (454 casos); 19%, entre 21 y 30 (213 casos), y 13%, entre 31 y 40 años (131 casos). Para el OCNF este dato es revelador, ya que muestra que las víctimas de violación son en su mayoría niñas, adolescentes y jóvenes de entre 11 y 20 años, lo que, entre otras consecuencias, podría derivar en altas tasas de embarazos no deseados y su consiguiente riesgo de mortalidad materna, deserción escolar, empleos precarios y menos acceso a seguridad social. En el caso de embarazos no deseados, la investigación precisa que con excepción del Estado de México, el resto de las secretarías de Salud analizadas desconocen el número de mujeres embarazadas como resultado de una violación, el número de mujeres que solicitaron un aborto y la cantidad de víctimas a quienes se les autorizó y practicó un aborto legal, de acuerdo con los criterios de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención). El estudio señala que la ausencia de esta información hace suponer que los servidores públicos no están indagando correctamente las implicaciones reproductivas de una violación, o bien no están registrando la información aunque investiguen. Lo más grave, según el OCNF, es que no se instrumenta de manera correcta la NOM 046, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de mayo de 2010. Ello a pesar de que la norma es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para las y los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el sistema. En los casos de Aguascalientes, Coahuila y Sinaloa, donde respectivamente se atendieron a 13, 41 y 29 mujeres víctimas de violación, las dependencias de salud reportaron que no proporcionaron información ni suministraron la PAE. Tampoco dieron el tratamiento de prevención para infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/sida a las víctimas de violación sexual. Además del VIH o infecciones de trasmisión sexual, las víctimas de violación pueden sufrir graves consecuencias para su salud sexual y reproductiva, como embarazo no deseado; complicaciones ginecológicas como sangrado vaginal, infección, fibromas, deseo sexual disminuido, irritación genital, dolor durante el coito sexual, dolor pélvico crónico e infecciones de las vías urinarias. En el caso de Durango, el OCNF señaló que aunque en los 176 casos de violación que se tienen registrados se proporcionó información sobre anticoncepción de emergencia, sólo en 2.8% de los casos se proporcionó a las víctimas la llamada píldora del día después. Con excepción de una víctima, el resto recibió tratamiento de prevención de ITS y VIH/sida y seguimiento médico y psicológico. Sin embargo, la dependencia de salud no proporcionó información sobre el número de mujeres embarazadas como producto de una violación, y si éstas solicitaron y se les autorizó, un aborto legal. Basado en ese “vacío” de información, el Observatorio llegó a la conclusión de que no se está proporcionando el servicio de atención y apoyo a víctimas de violación, “tal como lo establece la normatividad”. El estudio demuestra que la NOM 046 no se aplica de manera correcta por la falta de coordinación entre las instancias de procuración de justicia y de salud, para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual de manera integral. Señala, por ejemplo, que de junio de 2010 a junio de 2011, las secretarías de Salud de 14 estados registraron 2 mil 703 casos de violencia sexual y, en contraste, los ministerios públicos de los mismos estados documentaron 7 mil 465 denuncias por violación durante 2009, lo que, a primera vista –a pesar de que los datos no corresponden a los mismos años– muestra la desproporción de cifras entre ambas instancias. Para el OCNF esta discrepancia de datos puede ser un indicador de que cada vez son más las mujeres que sí están denunciando, pero no son atendidas de manera integral. Otro ejemplo de ello, señala, es el de Chihuahua, donde la Secretaría de Salud reportó haber atendido sólo a 20 mujeres víctimas de violación durante el primer semestre de 2010 y el primer semestre de 2011, mientras que sólo en 2009 el Ministerio Público recibió 747 denuncias por violación. El OCNF precisa que aunque se toman datos de fechas y fuentes distintas, es importante realizar una comparación entre el número de mujeres víctimas de violación atendidas por las SS y los MP de 14 estados, para mostrar las marcadas diferencias en las cifras manejadas por una y otra dependencia. En otros estados como Colima y Durango la situación es inversa, señala el documento. En esos estados las víctimas de violencia acuden más a los servicios de salud que a los Ministerio Público. La SS de Colima atendió 426 casos y el MP recibió sólo 107, mientras que los servicios de salud de Durango atendieron 176 mujeres y el MP recibió sólo 69 casos. Únicamente en los casos de Jalisco y Nayarit la cantidad de casos registrados por las secretarías de Salud y los ministerios públicos son similares, pues sólo registran una diferencia de 10 y 9 casos respectivamente. El OCNF, integrado por más de 40 organizaciones del país, solicitó vía Infomex a todas las estancias de salud del país la información mostrada, sin embargo no todas respondieron. De igual modo, señaló que solo 10% de los Ministerios Públicos respondió, por lo que para documentar los casos atendidos retomó las cifras oficiales de 2009 (las más recientes) contenidas en el documento Proyecciones de población de México 2005-2050.