ROSARIO (apro).- El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere “desdolarizar” la economía. Sus medidas desalientan tanto el ahorro en dólares como el uso de esta moneda en operaciones dentro del mercado interno. Sostiene que la predilección de los argentinos por el dólar limita la soberanía monetaria y expone al país a los remezones de la crisis económica que se originó en Estados Unidos y hoy sacude a Europa. Para la oposición, encarnada por los grandes medios, la decisión obedece a un problema de caja, agravado por la fuga de capitales y la falta de acceso al financiamiento externo. Argentina es un país dolarizado. Sus habitantes ahorran en billetes verdes o a través de bienes inmuebles cuya transacción se realiza en moneda estadunidense. Argentina ocupa el segundo lugar en todo el mundo en cantidad de dólares por habitante. El promedio ronda los mil 300 dólares. En primer lugar se ubica, lógicamente, Estados Unidos, país que además regula la emisión de la moneda de mayor circulación global. La percepción del dólar como refugio o reserva está arraigada en el imaginario colectivo de la sociedad argentina. Esta convicción atiende más a la inflación que sufren los precios en el mercado interno que a la depreciación que experimenta el dólar en el mundo. Calcular el precio en dólares de cualquier artículo a pagar en pesos es una práctica local muy extendida. La cotización oficial de la divisa estadunidense aparece en todos los noticieros y la población también está al tanto de la cotización del dólar en el mercado negro. Éste resurgió con fuerza a fines de 2011, cuando el gobierno comenzó a poner trabas a la libre adquisición de moneda extranjera. “Con nuestros defectos y errores, apostamos a un cambio de época y a una gran batalla cultural, que tenemos que dar no sólo en Argentina”, dijo la presidenta Fernández tras ser reelecta en octubre de 2011. Puso como ejemplo a los países del sudeste asiático, que dejaron de lado el dólar para comerciar con sus propias monedas. La batalla cultural pretende desterrar el dólar de las cabezas y los corazones argentinos. El objetivo es una especie de pesificación del alma que permita recobrar soberanía monetaria. En un intento por transmitir confianza en la moneda nacional, la presidenta dio el ejemplo: A comienzos del pasado mes de julio, convirtió sus ahorros --unos 3 millones de dólares– en pesos, depositándolos en el Banco de la Nación Argentina. Restricciones Pero no todos asumen la pesificación de manera voluntaria. Para promover el cambio, el gobierno ha adoptado una serie de medidas drásticas. En noviembre de 2011 decretó que sea el fisco, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el que autorice toda compra de divisas. Hasta entonces el sector cambiario estaba totalmente liberalizado. Hoy los particulares y las empresas sólo pueden comprar el monto máximo que se asigna a la categoría impositiva a la que aportan. El pasado 6 de julio el Banco Central prohibió la compra de dólares para destinarlos al ahorro o a la compra de inmuebles. La medida entrará en vigor el 31 de octubre. A partir de entonces sólo se podrán comprar dólares para viajar. Tampoco será posible extraer dólares en el extranjero con tarjetas de débito de cuentas en pesos. “Por las buenas o por las malas, tenemos que recuperar la soberanía monetaria”, resumió José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que se ocupa de la prevención y el control del lavado de dinero. Otro referente del modelo kirchnerista, el senador Aníbal Fernández, explicó el 31 de mayo a la agencia Telam que “el gobierno está cuidando los recursos con una política impulsada a que se pesifique la economía”. Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete de Fernández, recordó que Argentina no emite dólares y que las divisas se necesitan “para atender la compra de elementos importados para la elaboración de productos en Argentina con componentes extranjeros y para pagar deuda en moneda extranjera”. Durante este año el gobierno deberá pagar 16 mil millones de dólares en concepto de vencimientos de deuda pública. Una de las cargas más relevantes, por un monto de 2 mil 280 millones de dólares, fue el reciente pago de los llamados Boden 2012. El 3 de agosto el gobierno abonó la última cuota de este bono concebido en 2002 para resarcir a los ahorristas afectados por el “corralito”. El 3 de diciembre de 2001, temiendo un colapso del sistema bancario, el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa restringió la libre disposición del dinero depositado en cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. Los bancos retuvieron los ahorros de los ciudadanos por un monto estimado en 66 mil millones de dólares. “Este año vamos a terminar de pagarle a los argentinos que con la cacerola salieron a pedir con justicia que le devolvieran los plazos fijos”, dijo Cristina, exultante, durante el lanzamiento de un plan de créditos para jubilados que se llevó a cabo el 31 de julio. Lo concreto es que el Estado se hizo cargo de la deuda privada. “Esa nueva deuda ha sido pagada y termina cancelándose a expensas de los trabajadores, que con el deterioro estructural de sus ingresos transfirieron rentas hacia las ganancias empresarias, lo que explica la disímil evolución del ingreso de patrones y trabajadores”, explicó en su blog Julio César Gambina, profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario. Los medios de prensa opuestos a Cristina definen la política monetaria con un neologismo: “el cepo cambiario”. Le adjudican a la acción del gobierno razones menos patrióticas que coyunturales, tales como la fuga de divisas y la necesidad de obtener dólares para pagar la importación de combustibles y las obligaciones de la deuda pública. La fuga de capitales superó los 20 mil millones de dólares en 2011, según publicó la BBC Mundo el pasado 24 de mayo. Para detenerla, el gobierno restringió el giro de utilidades y regalías de empresas y bancos trasnacionales a sus casas matrices. En ese marco se encuadra también la decisión argentina de restringir las importaciones, que ya le ha ocasionado protestas de la Unión Europea, China y México. Más medidas Otra medida gubernamental de fuerte impacto es la que afecta al mercado inmobiliario. En Argentina, desde hace 40 años, las ventas de viviendas, casas de campo y departamentos se pautan y pagan en dólares. A partir de noviembre de 2012, estas operaciones tendrán que realizarse obligatoriamente en pesos. Los materiales para la construcción y la mano de obra se han pagado siempre en moneda nacional. La idea es pesificar también la comercialización. “Es muy difícil que quien puso dólares para comprar su casa quiera ahora recibir a cambio pesos: el que compró en dólares, quiere dólares”, dijo Armando Pepe, de la cadena de inmobiliarias SOM, según publicó el diario Tiempo Argentino el pasado 31 de mayo. “El vendedor quiere los dólares arriba de la mesa. Si no los consigue, pondrá la propiedad en alquiler o la cerrará, pero no la cambiará por pesos”, sostuvo el 24 de mayo el operador inmobiliario Germán Gómez Picasso en el portal www.iprofesional.com. “Se puede pesificar el mercado inmobiliario, pero va a demandar mucho tiempo, porque lleva más de cuatro décadas dolarizado”, sostuvo por su parte Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, según publicó el diario Clarín el pasado 7 de julio. Indicó que el dólar se instaló en el mercado inmobiliario ante la necesidad de adoptar como referencia “una moneda confiable y segura”. Por lo pronto, el mercado inmobiliario ha experimentado un freno que, según algunos operadores, alcanzaría 30% en el caso de las propiedades usadas. Néstor Walenten considera, sin embargo, que “las operaciones de compra-venta podrían reactivarse con la pesificación”. Si se traslada el mercado inmobiliario a pesos, “sin ninguna duda los precios van a aumentar”, ya que se tomará como referencia “el único dólar que existe: aquel que se puede comprar y meter en el bolsillo; el otro (el oficial) es virtual.” Cabe recordar que mientras el dólar oficial cotiza a 4.60 pesos por unidad, en el mercado paralelo no se lo consigue por menos de 6.00 pesos. “Estimamos que en seis meses el mercado se habrá acostumbrado al peso”, explicó Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción en una entrevista a Tiempo Argentino, publicada el 31 de mayo. “La pesificación no va a perjudicar al sector inmobiliario, pero el problema es que muchos se resisten a operar en pesos porque están especulando”, señaló. La renuencia de los agentes inmobiliarios no obedece a motivos románticos. Según datos suministrados por los Colegios de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en 2011, sólo en esos dos distritos el negocio inmobiliario manejó 14 mil millones de dólares. El 27 de julio, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, confirmó que el gobierno evalúa “desdolarizar” las operaciones en los mercados a futuro de los granos, el oro y las divisas. Se planea pesificar las garantías de los contratos que hoy se pautan en dólares. Se cita como ejemplo a Brasil, donde estas operaciones se hacen en reales. “Las operaciones de futuro consisten en la firma de un contrato de compra-venta en el cual hoy se establece el precio que se va a pagar por un producto que se entregará en 30, 60 o incluso 365 días”, explicó Clarín el 28 de julio. “Se trata de una operatoria habitual para los grandes productores de granos que, por ejemplo, hoy acuerdan cuándo y a cuántos dólares venderán su próxima cosecha de soja.” Cuando llega el día de realizar la transacción, el productor no recibe dólares, sino su equivalente en pesos a la cotización oficial. Si la garantía se estableciera en pesos, cobraría mucha importancia el tema de la inflación. Los grandes productores agropecuarios han reaccionado contra la propuesta: “Ya lo hemos experimentado: años atrás se hizo y destruyó el mercado a término”, dijo Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina, entidad que reúne a los grandes productores del campo. “Hay un precio que se establece en dólares. Obviamente, no puede hacerse este tipo de cosas en pesos con una inflación de 25% anual”, sentenció Biolcati, según publicó Página 12 el 28 de julio. Financiamiento Según las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Argentina tiene una inflación de 9% anual. El índice se ubica entre 22% y 24% si se recurre a estimaciones privadas. El alto nivel de inflación, la inestabilidad recurrente de la economía local y la incertidumbre acerca de las políticas económicas alientan la predilección de ciertos sectores por el dólar. “La dolarización es un fenómeno multicausal, pero sin error a equivocarnos podemos mencionar dos causas que lo motorizan: los procesos inflacionarios y la incertidumbre política en sentido amplio”, sostiene Fernando Amador Agra, director de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en un texto publicado el pasado 10 de mayo en iprofesional.com. El billete verde es visto como protección frente a potenciales pérdidas patrimoniales o como garantía de cierto nivel de consumo futuro. Las crisis que ha atravesado el país se han saldado siempre con una devaluación del peso. Por lo pronto, las medidas implementadas por el gobierno han logrado reducir la fuga de capitales, pero se está provocando un “desdoblamiento” cambiario. El dólar paralelo, también llamado 'dólar blue', cotiza más de 30% por encima del valor oficial, debido a la creciente demanda y la escasa oferta. El economista Rogelio Frigerio sugiere que podría implementarse un sistema con tres tipos de cambio diferentes: un dólar bajo, para importar bienes de capital; otro intermedio, para exportar productos industriales, y uno alto para el público, que haría de barrera protectora de la industria nacional, según publicó el Semanario Económico. A su juicio, el sistema tendría algunas oportunidades de perdurar debido al gran ingreso de divisas estadunidenses que deja la exportación agrícola y a que hoy la situación fiscal es gobernable. Para el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, la política frente al dólar es un exitoso “sistema de flotación administrada”. Para la oposición, sin embargo, las trabas a las operaciones cambiarias, al igual que a las importaciones, están contribuyendo a la desaceleración de la economía y al paulatino desabastecimiento de insumos industriales y de ciertos productos de consumo. “El cepo cambiario está generando un efecto contrario al buscado: la pesificación a la fuerza incentiva la dolarización voluntaria”, advirtió el diario La Nación, el pasado 18 de mayo. Para la mayor parte de la población, sin embargo, el precio del dólar en el mercado negro es privativo. Como la inflación desaconseja el ahorro en pesos, el mensaje que recibe es inequívoco: lo mejor es consumir, comprar un televisor o cambiar el auto. El mensaje está a tono con los dos ejes fundamentales de la política de este gobierno: mantener el alto nivel de exportaciones y el desarrollo del mercado interno. La presidenta Fernández no pierde oportunidad de criticar, en cada foro internacional al que asiste, las recetas de ajuste que los países desarrollados insisten en aplicar para salir de la crisis. Promueve en cambio la aplicación de políticas fiscales expansivas con eje en el empleo y la inclusión social. Desde los grandes medios de prensa, los economistas que adhieren a la ortodoxia neoliberal sostienen que Argentina debería acceder nuevamente al mercado de capitales, contraer deuda con la cual hacer frente a las dificultades de caja y no apelar a los fondos del Banco Central. El país tiene vedado el acceso al financiamiento externo desde que entró en cesación de pagos en 2001. El gobierno descarta esta posibilidad y no quiere que los mercados tengan una influencia aún mayor en la toma de decisiones estratégicas. Cuenta con un buen argumento: la última década ha sido para Argentina la de mayor crecimiento económico en toda su historia.