MÉXICO, D.F, 6 de agosto (apro).- El proyecto de demolición de La Casa de Agua, construida por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta (1931-2011) en la Isla de Jenju, Corea del Sur, en 2009 y premiada en 2010 por la Americas Property Awards, encierra un asunto que va más allá de la conservación del patrimonio cultural arquitectónico o el supuesto desdén de las autoridades del lejano país asiático. Los arquitectos María Bustamante Harfush y Luis A. Montes Parra, egresados de la Universidad Iberoamericana y presidenta y coordinador editorial, respectivamente, de la Fundación Fomento Universal para la Difusión Arquitectónica de México, A.C. (Fundarqmx), han desmenuzado el problema en sendos textos publicados en Internet tanto por la propia fundación como por Obrasweb.com. Relatan que el pasado 17 de julio participaron en un encuentro con Seonghoa Hong, embajador de la República de Corea en México, al cual asistieron el arquitecto Víctor Legorreta, hijo del desaparecido profesionista y actual director del despacho Legorreta+Legorreta, la arquitecta Bustamante y Natalia Fortuny, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (que hace unos días informó en un comunicado sobre su petición al gobierno coreano de conservar “una obra única e irrepetible”). Ahí se les expuso el meollo del asunto, resumido por Bustamante en el texto que firma junto con Montes Parra, titulado “La Casa del Agua ¿conservarla o demolerla?”: La obra obtuvo licencia de construcción para edificarse de manera provisional como una “casa modelo” o “casa muestra” de lo que sería un gran complejo hotelero. Así se hace “cuando las condiciones económicas no le permiten al desarrollador ejecutar la obra por completo y (la provisional) le sirve para vender el concepto futuro a posibles inversionistas, pero su destino final siempre es la demolición”. Sin embargo, explica que la obra funcionó siempre como galería y fue adquiriendo relevancia, particularmente luego del reconocimiento obtenido en 2010, pero nunca se concluyó, se quedó al 50%. Recientemente, la galería pretendió refrendar la licencia para conservar el inmueble, pero su permanencia viola “el permiso provisional original”. A ello se añade que el edificio se construyó en un área de conservación nacional, “dentro de una restricción de 100 metros considerados desde el límite de la costa hacia adentro del predio, lo cual agrava el panorama que ya ha llegado a los tribunales locales”. Ahora la compañía Booyoung, Co. Ltd, propietaria del bien, desea concluir la obra y lleva un avance del 75% pero no con Legorreta+Legorreta, aun cuando el hijo de su creador ha expresado “un interés legítimo por recuperar los esfuerzos de varios años de trabajo, mantener la esencia y que se respete el proyecto, para evitar una ‘mezcla extraña’ en el resultado final”. Aunque en los medios que han dado cuenta del asunto se ha dejado la percepción de que el gobierno coreano tiene poco interés en la conservación de este patrimonio arquitectónico, los autores destacan que la embajada se comprometió a mediar entre el corporativo y el despacho de Legorreta. Pero detrás del asunto está también el hecho de que La Casa de Agua se construyó en una zona natural protegida y no se puede negar su impacto en ecológico irreversible, por lo cual su preservación implica conciliar con grupos ecologistas y con la legislación coreana en la materia. Y enfatizan los arquitectos: “Fundarqmx comprende perfectamente el conflicto que representa para el gobierno coreano la conservación de La Casa del Agua por las dos cuestiones legales ya relatadas: el permiso provisional y del área de restricción sobre la costa, donde fue formalmente edificada años atrás. Sin embargo, creemos que la conservación de la obra artística del recientemente finado Arq. Ricardo Legorreta y L+L, representa una magnífica oportunidad para el gobierno coreano y el gobierno mexicano de tener una sede abierta al público y al turismo, para difundir la cultura de ambas naciones. En ese caso, el sentido de conservación de dicha edificación se tornará relevante.” En la defensa de esta obra participa un grupo de ciudadanos mexicanos residentes en Corea, así como organizaciones de arquitectura y público común a través de redes de Internet. La Cancillería mexicana ya solicitó también, dice que en reiteradas ocasiones, a las autoridades coreanas tanto municipal como provincial y nacional, no demoler la obra. La Cancillería expone en su comunicado las razones de ordenamiento territoriales y medioambientales que están motivando la demolición, pero enfatiza que la embajadora de México en Corea, Marta Ortiz de Roas, ha insistido ante las autoridades de la provincia de Jeju sobre la importancia de preservar esta obra, “particularmente en este año de conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países”. E informó, con beneplácito, que el ministro Sung-Hwan expresó la intención de los actuales propietarios de mantener la construcción.