MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos cometidos por militares celebraron la primera resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el alcance del fuero militar. Hoy la Corte decidió, por mayoría, remitir a un juzgado federal el caso del coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado del encubrimiento de los militares que torturaron y asesinaron a Jethro Ramsés Sánchez Santana, en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería con sede en Cuernavaca, Morelos, en mayo de 2011. La decisión fue califica como “muy positiva” por Octavio Amezcua, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), abogado de la familia de Jethro. Entrevistado por Apro, el abogado afirmó que la resolución no sólo trasciende el caso concreto del homicidio del joven morelense, “sino en para la defensa de derechos humanos, al menos para que haya bases para evitar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares”. Agregó que la decisión de la SCJN de remitir el caso a un Juzgado de Distrito, “se garantiza la participación de las víctimas, sus familiares y sus abogados en el procedimiento, coadyuvando con el Ministerio Público”. Resaltó que desde que se ejerció acción penal contra los militares –en julio del año pasado para los presuntos homicidas, y en noviembre, al presunto encubridor— los familiares de Jethro Ramsés no han tenido “acceso pleno al expediente”. Por ello, agregó, las organizaciones de derechos humanos han impugnado la jurisdicción militar para garantizar la participación de las víctimas. Agregó que en el caso de Jethro “el juez militar no le reconoció la calidad de parte al padre del joven asesinado, sino hasta después de un amparo”. Sobre el proceso que se sigue a los presuntos homicidas, Amezcua informó que después de la promoción de los abogados de la CMDPDH ante el Juzgado Miliar del caso para que declinara competencia a favor de un Juzgado de Distrito, “apenas hace dos meses” les notificaron que el juzgado federal ya había admitido el caso. Tras la decisión de la Corte, las expectativas del abogado son que, “en efecto, se respete la participación de las víctimas en el juicio, y que el juzgado cumpla con su papel y procese a todos los responsables del homicidio de Jethro”. Por su parte, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resaltó en entrevista con Apro que la resolución es “un avance importantísimo que sienta las bases para que por vía de jurisprudencia termine de establecer un criterio vinculante para que el fuero militar no siga extendiéndose sobre violaciones a derechos humanos”. Aguirre es abogado de la familia del indígena nahua Bonflio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente por militares en diciembre de 2009, caso que fue remitido al fuero militar contra el que la familia de la víctima se amparó. En próximos días este asunto sometido a revisión, será analizado por los ministro de la SCJN. El abogado consideró que pese a que la decisión de este jueves marca una pauta importante, “se requiere que este criterio se reitere en varios casos para generar jurisprudencia”, como el de Bonfilio Rubio Villegas. Resaltó que son distintas las reglas de procedencia entre la revisión de un conflicto competencial; y lo que han promovido las víctimas han sido amparos que ahora se encuentran en el momento de la revisión. El activista aclaró que pese a que el fuero civil “no garantiza que inmediatamente las víctimas accedan a la justicia, porque tanto en los Ministerios Públicos existen muchos vicios, sí ofrece a quienes han padecido abusos militares condiciones de independencia e imparcialidad y menor victimización”.