Sobornos a la brasileña

El nombre hasta ahora impoluto de Lula podría quedar manchado luego de un proceso judicial que empezó el 2 de agosto en Brasilia, a raíz de denuncias de uso ilícito de dinero desde oficinas federales para comprar votos o pagar favores a los aliados del oficialista PT. La derecha, en la oposición, se regodea ante la posibilidad de que el primer presidente obrero de Brasil quede tan mal parado que su partido pierda las próximas elecciones municipales y, en el largo plazo, la Presidencia.

SAO PAULO (Proceso).- La derecha brasileña, en la oposición, se frota las manos ante la perspectiva de que la figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quede manchada. La izquierda observa una conspiración que apunta a ensuciar con denuncias lo que la derecha no puede ganar en las urnas desde 2003.

Lo cierto es que el megajuicio por el supuesto pago de sobornos a legisladores por parte del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) marcará el pulso político en Brasil en un año de elecciones municipales (a realizarse el 7 de octubre), al tiempo que la presidenta Dilma Rousseff ordenó a todos los funcionarios públicos, desde ministros hasta porteros, no ver la transmisión del juicio como si fuera una telenovela y seguir trabajando “con rigor”.

El próximo mes los 11 jueces de la máxima corte de justicia, el Supremo Tribunal Federal (STF), decidirán sobre el llamado Mensalao (sobornos mensuales) y la suerte de los 38 acusados de formar parte de una maniobra denunciada en 2005 y que implica el uso de entre 20 y 45 millones de dólares.

El escándalo provocó la peor crisis de la era Lula (2003-2010) y la renuncia, en agosto de 2005, de José Dirceu, emblema de la izquierda brasileña y mano derecha de Lula, a la jefatura de la Casa Civil.

El escándalo puso contra las cuerdas a Lula, quien estuvo muy cerca de ser sometido a un juicio político y fue respaldado por los sindicatos y movimientos sociales, que amenazaron con salir a las calles a defender al primer obrero que accedía a la Presidencia en la historia del país.

Desde entonces la bola de nieve arrastró a dirigentes del PT y empresas que presuntamente sirvieron para la red de corrupción. Desde el primer día se discute lo mismo: La acusación indica que hubo pago de sobornos.

El PT sostiene que fue apenas un pago ilegal a partidos aliados que acompañaron a Lula en la campaña presidencial victoriosa de 2002. De todos modos el Mensalao fue una gran bola de nieve mediática y no electoral: Lula fue reelecto en 2006, 13 meses después del estallido del escándalo, y logró colocar a su sucesora en el poder en 2010.

En el llamado “juicio del siglo” por los grandes medios privados –como TV Globo y los diarios Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo (que apoyó a la oposición en las elecciones de 2010)–, el procurador general Roberto Gurgel tomó la delantera el 2 de agosto, en la apertura del proceso más largo que deberá enfrentar la máxima corte del país.

“Fue sin duda el más atrevido y escandaloso caso de corrupción y de desvío de dinero público descubierto en Brasil”, sostuvo Gurgel ante los 11 magistrados del STF. El procurador hizo un relato de cinco horas sobre el proceso y colocó a José Dirceu como “jefe de la gavilla” que ordenaba al PT a quién dar dinero ilegal, de fuentes públicas y privadas. “Esto ocurría entre cuatro paredes, pero no entre cuatro paredes comunes sino entre cuatro paredes de un palacio presidencial”, afirmó.

Dirceu despachaba en el Palacio del Planalto, a pocos metros de la oficina del presidente Lula.

 

Acusación desde adentro

 

La acusación está sustentada en los dichos de Roberto Jefferson, presidente del conservador Partido Trabalhista Brasileño (PTB), aliado del gobierno. Jefferson era senador en 2005 cuando decidió hablar con la prensa y denunciar que el PT pagaba el mensalao a cambio de apoyo en el Congreso a los partidos menores. Ubicó al “todopoderoso” Dirceu como el controlador de una sofisticada maquinaria para pagar campañas políticas. Jefferson estaba dolido con el gobierno, que no defendió a uno de los hombres del PTB que había sido filmado recibiendo 3 mil reales de un soborno en la empresa estatal de correos.

La acusación de Jefferson, hoy uno de los principales imputados en el caso porque él dijo haber recibido unos 2 millones de dólares para el PTB por parte de esa red de dinero ilegal, es la base de la acusación del procurador general. “Salvé a Brasil de tener a José Dirceu”, dijo recientemente Jefferson.

Dirceu –un ex guerrillero que estuvo exiliado en Cuba– era el presidenciable para 2010. Dentro del partido se le respeta tanto como a Lula. Su caída le abrió el camino en el Ministerio de Coordinación a partir de 2005 a Dilma Rousseff, hoy presidenta. El fiscal general sostiene que Dirceu montó la red de corrupción para garantizar la permanencia del PT en el poder por lo menos hasta 2018.

De acuerdo con la acusación, Dirceu comandaba el núcleo político de la organización criminal junto con el tesorero del partido, Delubio Soares, y el entonces presidente del PT, José Genoino.

Genoino, otro guerrillero que combatió a la dictadura en los setenta, ahora es asesor especial del Ministerio de Defensa, por designación de Rousseff.

El procurador sostiene que Dirceu, Soares y Genoino decidían a cuáles legisladores de los aliados PTB, Partido Liberal y Partido Popular pagar sobornos.

El dinero, según el jefe de los fiscales, partió de contratos fantasmas entre la empresa Visanet, donde tenía participación el estatal Banco do Brasil, y las tres agencias de publicidad del empresario Marcos Valerio, una figura de renombre en la mercadotecnia política del estado de Minas Gerais.

Mediante sus empresas, Valerio enviaba dinero a los dirigentes partidistas de los aliados del PT. No sólo del fondo Visanet (empresa de terminales de cobro de tarjetas de crédito y débito) sino del Banco Rural, que le otorgó tres préstamos por 32 millones de reales, unos 16 millones de dólares.

Valerio recibía, según la acusación, por parte del “núcleo político”, es decir, de Dirceu y de la cúpula del PT en 2003, la nómina de personas que debían recibir los pagos, entre ellos legisladores y dirigentes de los partidos aliados, como Valdemar Costa Neto, presidente del antiguo Partido Liberal, ahora Partido de la República.

Soares, en su defensa ante el tribunal, aceptó haber sido responsable –él y sólo él– de haber formado una “contabilidad paralela” porque el PT estaba en crisis para pagar las deudas que había asumido con los partidos que conformaron la coalición que llevó a Lula al poder por primera vez.

Valerio fue el elegido porque tenía experiencia en montar “cajas dos” para el pago de campañas electorales. Está acusado desde 1998 de haber hecho el mismo esquema no a favor del PT sino del entonces oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en 1998, año de la reelección del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

El PT se queja de que los grandes medios ocultan la corruptela del PSDB y de que la derecha se recrea en el mensalao porque no puede ganar en las urnas.

Este fue el mensaje ante corresponsales extranjeros en Sao Paulo del asesor especial de la presidencia brasileña en asuntos internacionales, Marco Aurelio García, el día del inicio del juicio.

“Espero que el tribunal se base en las pruebas, como lo hará, y no en función de ciertas tendencias que son llamadas como ‘opinión pública’ y en realidad son ‘opinión publicada’”, dijo.

El mismo día del juicio se conoció una nueva encuesta del Instituto Sensus: tanto Dilma como Lula ganarían por entre 64 y 73%, respectivamente, las elecciones presidenciales de 2014 contra el senador Aecio Neves, el presidenciable del opositor PSDB, hombre fuerte de Minas Gerais. Rousseff cuenta con 70% de imagen positiva.

El PSDB y sus aliados derechistas en la oposición entienden que el “juicio del mensalao” pondrá en juego el legado de Lula, quien dejó el 31 de diciembre de 2010 la presidencia con una popularidad de 87%, según el Ibope.

“Lula, en lugar de hacer la reforma política para transparentar la política, hizo el mensalao. Él pagó, paga y pagará un precio muy elevado por todo esto en su biografía”, dijo el presidente del PSDB, el senador Sergio Guerra.

El presidente del PT, Rui Falcao, le contestó: “Lula no está en juego, salió del gobierno con una popularidad incomparable”. Falcao defiende la tesis oficial de que no hubo sobornos sino pago de campañas a aliados mediante un sistema de dinero clandestino, lo que configuraría un crimen electoral.

 

Corte bajo presión

 

La máxima corte brasileña está bajo presión desde el inicio del año, cuando las editoriales de los principales diarios le pidieron al titular del cuerpo, Carlos Ayres Britto, juzgar el caso antes de las elecciones municipales del 7 de octubre.

Uno de los jueces colocados allí por el expresidente Cardoso, Gilmar Mendes, denunció en mayo que Lula lo presionó para posponer el juicio hasta después de las elecciones. La denuncia fue contada por Mendes a la revista opositora Veja un mes después del encuentro. La especie fue desmentida por Lula.

El STF tiene 11 miembros que deben decidir si lo que existió fue soborno para comprar votos o la antigua práctica del financiamiento ilegal de campañas.

En el juicio –que ha llenado la capital, Brasilia, con 150 abogados de los despachos más importantes del país y un batallón de asesores–, la defensa de Dirceu negó los cargos y puso como testigos a favor de su cliente nada menos que a Lula y a Rousseff.

El abogado José Mendes de Oliveira dijo que “no es verdad que hubo compra de votos, no existen pruebas de eso; la Procuraduría General de la República sólo presenta frases de efecto. No hay ningún testigo en la causa, de los más de 600, que acusen a Dirceu de haber ordenado compra de votos en forma directa o indirecta”, afirmó.

Todo desembocó en el ex tesorero Soares. Su abogado, Arnaldo Malheiros, siguió la línea histórica del relato dado por el PT al escándalo de asumir haber pagado las deudas de campaña con los partidos aliados, lo que conformaría un delito electoral y no penal.

“El dinero era ilícito, él no niega eso. Operó la llamada ‘caja dos’. Era ilícito pero no corrompió a nadie, no tenía la atribución de obtener una mayoría parlamentaria”, sostuvo el abogado del extesorero que renunció al partido y retornó pocas semanas antes en forma triunfal, durante un acto de desagravio.

Los medios han montado verdaderas superproducciones para seguir el que parece ser el nuevo reality show político. La cadena de noticias GloboNews, de O Globo, transmite en vivo todas las instancias y tiene comentaristas, entre ellos uno de los principales sostenedores de la acusación, el columnista Merval Pereira. Su principal competidora, Record, propiedad de evangélicos de la Iglesia Universal, es la que tiene los derechos para la transmisión de los Juegos Olímpicos.

Los principales diarios y revistas exhiben guías de cómo seguir el juicio y entender el rompecabezas para ubicar a los 38 acusados. Pero fuera de las pantallas y del papel, la atención fue escasa en términos reales: no más de 10 personas se congregaron ante la sede de la máxima corte al inicio del juicio para pedir condena y cárcel a los acusados.

La explicación sobre la supuesta desidia de los brasileños no mediatizados hacia el juicio del siglo, como es llamado, intentó darla Marcos Coimbra, de la consultora electoral Vox Populi. “Las encuestas nos dicen lo contrario que nos dice la autoproclamada ‘prensa grande’ de este país. Una de cada 10 personas sabe lo que ocurre en el Supremo Tribunal Federal, el interés de 90% es tan grande que desconocen lo básico del mensalao. Quien se tenía que escandalizar, se escandalizó en su momento”.

Lo que parece, según Coimbra, es que la población “juzgó y absolvió a los objetivos del caso: Lula y el PT”.

En su momento Lula convocó a la cadena nacional para denunciar “traición” prometiendo “castigos ejemplares” ante las denuncias del mensalao. Actualmente dijo que se trata de una “gran farsa” y el día que comenzó el juicio se reunió en su oficina en Sao Paulo con el expresidente paraguayo Fernando Lugo. El 6 de julio fue autorizado para hacer campaña electoral, dado de alta por los médicos que no encontraron vestigios del cáncer de laringe por el cual se trató de octubre a febrero pasados.

Lula apuesta a su pupilo y exministro de Educación Fernando Haddad para que el PT recupere Sao Paulo, mayor ciudad del país gobernada por el conservador Gilberto Kassab. Haddad, un desconocido que debuta en la liza electoral, está a 20 puntos de distancia del favorito, José Serra, excandidato presidencial del PSDB.

El pulso político del mensalao no es tenido en cuenta, en vistas de los embates que a la economía doméstica le provoca la crisis europea, por la presidenta Rousseff.

La mandataria mandó a decir que el rumbo del gobierno no está en juego con el juicio de supuesta compra de votos y que hay que trabajar.

“La orden de la presidenta Dilma es que nadie pierda un minuto de su labor viendo por TV o siguiendo el proceso –reveló el secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho–. Los ministros pueden informarse pero en sus horas libres y sin dejar de trabajar con el máximo rigor.”

Uno de los asesores de la defensa de Dirceu admitió ante este corresponsal que una condena y la aceptación de la acusación sobre compra de votos será un “gran golpe contra la imagen del gobierno de Lula”.

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