Presos, pretexto político

La prensa opositora a Cristina Fernández de Kirchner ha encontrado un filón en su política penitenciaria que pugna por la rehabilitación de presos para reinsertarlos en la sociedad. Con este fin se les autorizan salidas de los presidios para que participen en eventos culturales. Los medios impresos y electrónicos pertenecientes a poderosos grupos contrarios a la presidenta están indignados por la aplicación de estas medidas y han desatado acerbas críticas en su contra, pues sostienen que utiliza a los reos para su promoción política.

BUENOS AIRES.- “Yo no quiero que nadie piense que a mí la cárcel me hizo bien. Porque la cárcel, como un mecanismo de encierro, de represión y de castigo no le puede hacer bien a ningún ser humano”, aclara a Proceso César González, quien comenzó a escribir estando preso. Hoy estudia filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es un referente de la poesía marginal en Argentina. “Yo no me levanté un día en la celda transformado. En realidad fueron un montón de cosas que me pasaron durante ese tiempo”, dice el joven.

“¿El lugar? Fue en la cárcel. ¿Qué me salvó a mí? El arte. ¿Cómo? Descubriendo para qué puede servir vivir”, añade.

César González pasó cinco de sus 23 años tras las rejas. Su tránsito del delito al estudio y la poesía es mostrado por los medios como un ejemplo de superación personal y reinserción exitosa. Su caso ha vuelto a ser noticia en estos días, en los que el gobierno y la oposición mediática discuten cuestiones elementales de la política penitenciaria.

La actual polémica sobre el tratamiento que el Estado debe brindar a quienes están privados de su libertad no tiene precedentes desde la recuperación de la democracia en 1983. Su detonante fue un artículo aparecido en el diario Clarín el 29 de julio último.

“Sacan presos de las cárceles para llevarlos a actos kirchneristas”, denunciaba el matutino ese domingo en su portada. Los convictos salen de las prisiones federales –exponía el artículo– para participar de “eventos políticos disfrazados de actividades culturales”. Se afirmaba que la organización corre por cuenta de una agrupación afín al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que las salidas cuentan con la anuencia de las máximas autoridades penitenciarias del país.

La denuncia comenzó a difundirse por los 300 medios de prensa escrita, televisiva y radial del Grupo Clarín. El diario La Nación, del conglomerado de medios homónimo, sostuvo que la “utilización de los detenidos en actos políticos del kirchnerismo es una burla a sus víctimas y a la sociedad”.

Los artículos de la prensa opositora han puesto énfasis en dos casos: el del baterista de rock Eduardo Vázquez y el del aficionado de futbol Rubén Pintos, ambos beneficiados por el régimen de permisos temporales. Vázquez fue condenado en junio a 18 años de prisión por el homicidio de su pareja, quien murió en febrero de 2010 a raíz de graves quemaduras en el cuerpo. Pintos fue sentenciado a cadena perpetua en 2011 por el asesinato a tiros de otro aficionado, en el marco de la lucha interna por el control de la barra brava del club River Plate. Ambos casos concitaron repercusión mediática e impacto en la sociedad.

“Es una mentira absoluta”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 30 de julio, en Casa Rosada, con un ejemplar del diario Clarín en la mano. “Los actos no eran políticos sino culturales”, sostuvo. Defendió la salida de los presos fuera de los establecimientos carcelarios. Explicó que la ley obliga al Estado a generar este tipo de actividades para fomentar su reinserción y socialización. Dijo comprender también “el dolor de las víctimas, fundamentalmente el dolor de los padres de la chica que murió quemada por este pibe –por Eduardo Vázquez– al que están tratando de socializar, de reinsertar”.

Sin embargo, el martes 14 el fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una causa judicial para investigar si los jueces y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal cometieron algún delito al permitir estas salidas, que considera, como mínimo, “irregulares”.

 

Un modelo

 

“Nadie puede negar que el problema carcelario en la Argentina es grave, complejo y de vieja data, y que tiene raíces que van más allá del mundo penitenciario porque nacen en el terreno social y, principalmente, en el judicial con su sempiterna morosidad para concretar y terminar juicios que se demoran durante años, y a veces décadas razón por la cual la mayor parte de los presos del país son procesados sin condena y, por lo tanto, técnicamente inocentes”, reconoce La Nación en un editorial del viernes 3.

Seguidamente acusa al gobierno de “agravar ese problema usando a los presos en su propio beneficio introduciendo, para eso, la política partidaria en las cárceles”.

La agrupación responsable de “sacar a los presos para asistir a actos políticos” se llama Vatayón Militante y tiene, según sostuvo Clarín el 31 de julio, “una aceitada relación con el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel”.

De las salidas se benefician unos 100 presos por mes. “La idea es socializar al preso desde el día que ingresan a la cárcel. Así, logramos bajar el nivel de reincidencia de 55% en 2003 a 22,3% en 2011”, justificó una fuente del Ministerio de Justicia consultada por el diario Perfil (04.08.12).

La presidenta reivindicó la ayuda que prestan los sindicatos, las iglesias y las “organizaciones no gubernamentales de la sociedad, más de 25, entre ellas Vatayón Militante, que están participando en todo este tipo de eventos.” Además, negó irregularidades en el procedimiento y se encargó de aclarar que las salidas se realizaban con autorización judicial, cosa que, en un principio, los medios opositores habían negado o puesto en duda.

El Vatayón Militante, a través de la página de Facebook de su líder, Juan Soriano, dijo que ellos no determinaban quién participaba o no de los eventos. “Eso lo decide en primera instancia el interno que se anota en el evento –escribe Soriano–, y luego debe ser autorizado por cada juez en particular, de cada juzgado en especial, analizando cada caso específico y el juez es quien firma esa salida transitoria, que es parte del derecho de la persona privada de su libertad”.

Más allá de la autorización judicial, el Servicio Penitenciario no deja salir a reos peligrosos, ni tampoco salen quienes no cuentan con informes favorables de conducta, informa Página 12 (31.07.12): “En este punto, varias fuentes coinciden en que los mismos están “tarifados” –sostiene el diario– y que hay antecedentes de decenas de denuncias por manejo discrecional y corrupción para obtener esas evaluaciones que habilitan las salidas”.

César González recibió dentro de la cárcel una ayuda inestimable que llegaba desde afuera. El mago Patricio Montesano daba allí un taller de magia para los internos. Pero además les llevaba libros y les hablaba de arte. Un libro que impresionó mucho al joven fue Operación masacre, de Rodolfo Walsh, leído de un tirón en una celda de castigo. De Ernesto al Che, de Carlos Calica Ferrer, le sirvió para saber que –como le pasó a Guevara– era posible hacer un click para cambiar de vida. César González empezó a escribir. Esto le trajo requisas y torturas. “Para la sociedad es más peligroso un pibe que piensa que uno que roba”, concluye.

“Yo quiero decirles que el Servicio Penitenciario Federal es un modelo en la república Argentina por varias y merecidas razones”, dijo la presidenta en Casa Rosada el 30 de julio último. Comparó así las cárceles federales –a cargo de 9 mil 700 reclusos– con las provinciales, que albergan a otros 50 mil presos. La presidenta manifestó que el Servicio Penitenciario Federal es el único que no tiene superpoblación, que la totalidad de los internos tiene documentos y que “el 70% trabaja y puede estudiar”.

Desde el diario Página 12, que brinda al gobierno un apoyo crítico, el reconocido periodista Horacio Verbitsky pintó, el 29 de julio, un panorama carcelario menos optimista. Su artículo indaga en la perdurabilidad de los tormentos que se aplica a los internos: “A tres décadas de concluido el terrorismo de Estado, algunas de sus prácticas se eternizan en distintos lugares del país. Carentes ya de una totalidad orgánica centralizada se reproducen como células malignas en cárceles y comisarías”.

Además, el artículo menciona el asesinato de reclusos o cómo los utilizan los carceleros para que salgan a robar. Se habla de un problema estructural, que exige la decisión política de erradicarlo.

Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, de la provincia de Buenos Aires, presentado el martes 14, confirma este diagnóstico. Allí se denuncia que en 2011, en las cárceles de esa provincia, ocurrieron 7 mil 89 hechos de torturas y malos tratos. Para su registro fueron entrevistados 14 mil detenidos.

“Yo no era un revolucionario en la cárcel, ni en pedo”, admite César González. “Tampoco eso se puede porque hay que respetar ciertos códigos. Y aparte porque, si no, el servicio penitenciario te verduguea (castiga)”.

El joven empezó a ayudar a otros presos pobres, analfabetos. “Les leía sus causas o les escribía un hábeas corpus, sabiendo que igual, después, ¡alta represión, eh! Porque en la cárcel vos te tenés que olvidar completamente de los derechos con los que cuenta un ser humano”.

 

Los desheredados

 

“Sacan una tapa (portada) y no tienen idea de nada”, criticó al diario Clarín la abogada penalista Florencia Arietto. Según ella, el periódico confunde salidas transitorias con permisos temporales, en los que el preso es trasladado a un lugar, pero no dispone de su libertad; no está sólo, siempre lo acompaña un miembro del servicio penitenciario.

“El único efecto que va a generar la tapa de Clarín es que los pobres, que son la enorme mayoría de los presos, van a terminar sufriendo”, predice la abogada. “Ningún juez va a querer firmar una autorización para quienes no pueden pagarse un buen abogado”.

Esta activista preside la ONG Arde la Ciudad, que intenta transmitir a los presos pobres sus derechos. La salida transitoria forma parte de lo que se llama progresión de la pena. El juez recién analiza el caso después de cumplida la mitad de la condena. Si el reo tiene salidas transitorias para trabajar de lunes a viernes, por ejemplo, dispone de su libertad desde que sale hasta que regresa.

En cuanto a los permisos temporales, que detonaron la polémica, la abogada Arietto no está de acuerdo con que beneficien a asesinos, violadores o narcotraficantes. “No es lo mismo ser asesino que ser ladrón. El asesino y el violador no tienen que tener privilegios. Por supuesto que hay que respetar sus derechos”, sostiene. “Si el fin de la pena es resocializador, yo quiero que se ponga toda la energía en los pibes chorros, que son la enorme mayoría de los presos, que son todos casos reversibles”.

Se conoce como pibes chorros a esos jóvenes que vienen de los barrios más postergados, las villas miseria, y se iniciaron en el delito siendo niños o adolescentes. César González, por ejemplo, nació en la Villa Carlos Gardel, en Morón, una localidad en los suburbios de Buenos Aires.

“Yo de chico pasé una infancia en una jungla, como era la villa en esa época”, dice a Proceso. A partir de los 14 años eligió “el camino de las armas”. En ese trance recibió seis balazos. El primero, a los 15 años, del dueño de un auto que se proponía robar; los otros cinco de la policía. Se le condenó por secuestro, extorsión, robo calificado y portación de arma.

“El pibe chorro es una consecuencia de la desigualdad y de la falta de amor que hay en la sociedad”, dice César González. “Yo no puedo mirarlo desde una perspectiva insensible y decir ‘Los pibes chorros son gente que agarra el mal camino. Son los culpables.’ Porque detrás del que es más violento siempre hay una falta y una ausencia de algo. No somos malos, nuestra naturaleza no es maligna”.

Los pibes chorros surgieron en los noventa, en pleno auge de las políticas de privatizaciones, concentración económica y ajuste del gasto público, que dieron por resultado una marcada recesión, una desocupación estructural cercana a 20% y aumento de la deserción escolar. En el imaginario de las clases media y alta, esos jóvenes son la amenaza, los máximos responsables de la inseguridad.

El temor a ser víctima de un crimen es uno de los problemas que más preocupa a la población. Desde los multimedios Clarín y La Nación se da una gran cobertura a todos los casos policiales violentos. La presidenta ve esta política editorial como parte de una “cadena nacional del miedo y el desánimo”.

El gobierno y los grandes medios tuvieron una acalorada polémica al respecto en marzo de 2009. El entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, sostuvo que la inseguridad era una sensación, mientras que los medios decían y dicen que es una realidad.

“La tasa de homicidios dolosos en nuestro país es de 5.2 por cada 100 mil habitantes, igual a la de Estados Unidos e inferior a la de todos los países americanos, con excepción de Perú y Canadá”, decía Página 12 (07.03.11). “La Argentina está junto con Chile en los primeros lugares de sensación de inseguridad. Debido a los mecanismos mediáticos, la gente ve muchas cosas que la angustian; algunas de esas noticias son bienintencionadas y otras no”, dijo la ministra de Seguridad Nilda Garré a La Nación (06.08.12).

Los tímidos subsidios sociales del gobierno a los sectores desfavorecidos son criticados como fomento a la vagancia. Se impulsa la mano dura de la policía y bajar la edad de imputabilidad penal. Los que piden mano dura fuera de la cárcel también la piden adentro.

Horacio Verbitsky, en el artículo citado, sostiene que la brutalidad intramuros se propaga al resto de la sociedad y aumenta los niveles de violencia fuera de la cárcel. “Allí donde una vida no vale nada, todas se devalúan –sostiene–. Los asaltos a familias o personas mayores que son golpeadas en forma salvaje o sometidas al paso de corriente eléctrica prueban el aporte de las prácticas carcelarias a la inseguridad. Mientras los indignados reclamos de protección estatal de las personas honestas sigan disociados del repudio a la violencia institucional y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sólo seguirá creciendo el horror, a ambos lados del tenue límite que separa el adentro del afuera”.

César González dirige la revista de cultura marginal Todo piola. Ha publicado dos libros de poesía. Imparte un taller literario en la villa miseria donde todavía vive. A la vez trata de movilizar a otros artistas villeros para que asuman su voz: “Si bien la mayoría de la gente y de los medios de comunicación proponen eliminar y matar a los pibes chorros, a la vez también recibió un caso como el mío: Quiere decir que tan mal no estamos”. Y concluye. “Pienso que la sociedad seguramente debe preferir que un pibe no salga a robar. Porque debe ser horrible, que vengan, te roben, te golpeen. Hay que evitar la violencia, para todos”.

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