Indignado, el INAH se subleva

A un mes de la toma del Museo Nacional de Antropología por los investigadores del INAH en un movimiento sin precedente a nivel nacional, Alfonso de Maria y Campos, director de la institución, y Nelly Robles García, la coordinadora de Arqueología, son acusados como responsables de la destrucción del patrimonio cultural en todo el país. También le señalan responsabilidad a Felipe Calderón, por lavarse las manos. La lista de reclamos es impresionante.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La denuncia de la destrucción del patrimonio cultural mexicano ya es un movimiento nacional.

Los académicos y arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantienen desde hace más de un mes una movilización para revelar el desmantelamiento y daños a zonas arqueológicas y monumentos históricos, y responsabilizan al presidente Felipe Calderón, a Alfonso de Maria y Campos, titular del Instituto, y a Nelly Robles García, coordinadora Nacional de Arqueología.

Según los especialistas, “desde el nombramiento de De Maria y Campos como titular del INAH, el deterioro del patrimonio histórico y arqueológico ha escalado sustancialmente”. Además, delatan que las autoridades de instituto han incumplido la legislación y la reglamentación vigente con el aval del Consejo de Arqueología, presido por Pedro Francisco Sánchez Nava, órgano científico consultivo de la dirección general.

En estos últimos meses los sitios arqueológicos y monumentos históricos han sido aún más violentados, aseguran, por obras de infraestructura de fin de sexenio “y hechas a toda prisa”.

Fueron la construcción de un museo sobre un basamento prehispánico en la zona arqueológica de Tzintzuntzan, ubicada en Michoacán, y la colocación de un techo metálico sobre el Fuerte de Guadalupe en Puebla (Proceso, 1856) los detonadores del movimiento al que ya se unió la mayoría de los investigadores de los Centros INAH.

El historiador Felipe Echenique, secretario general del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia (integrado por antropólogos, arqueólogos, historiadores, etnólogos, ligüístas, etnohistoriadores, biólogos, paleontólogos, físicos y químicos), expone en entrevista que intentaron detener el detrimento al patrimonio y obtener información sobre las obras que dañan a los sitios arqueológicos y los monumentos históricos, “y no hubo respuesta de los responsables del INAH”, sólo desdén y su irresponsabilidad”. Se queja: “No han aceptado el diálogo”.

Por ello, desde el 24 de julio ocupan el Museo Nacional de Antropología y alentaron el acceso libre y gratuito a todos los visitantes a todas las salas y a la exposición temporal Samurái. Allí han recabado cerca de 45 mil firmas en apoyo a su levantamiento y han organizado actos culturales gratuitos y visitas guiadas, conferencias y talleres con especialista renombrados.

El 27 de julio le enviaron una carta a José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Educación Pública (SEP), en la que le exponen 19 demandas, entre ellas:

• Establecer una vía jurídica-académica para analizar el problema de la construcción del Museo en Tzintzuntzan.

• Suspensión de obras en el cerro de Ahueyacalco en Puebla.

• Retiro de la estructura metálica que cubre el Frente de Guadalupe y la recuperación de la museografía cívico-histórica del Fuerte de Loreto, también en Puebla.

• Revisión y transparencia del ejercicio presupuestal 2007-2012.

• Exploración de las licitaciones y asignaciones de obras públicas y proyectos en monumentos históricos, zonas de monumentos históricos y zonas de monumentos arqueológicos y bienes inmuebles del INAH que la Coordinación Nacional de Obras ha administrado de 2007 a 2012.

• Atender la situación del Reglamento de la Ley Orgánica del INAH, el cual a pesar de los múltiples requerimientos de su necesidad no ha sido promulgado aún.

• Y la emisión de lineamientos generales de conservación para zonas de monumentos históricos, en monumentos históricos y sus colindantes.

El 6 de agosto le enviaron otra solicitud a Córdova Villalobos para que diera respuesta a la primera misiva y proponen la designación formal y por escrito de los funcionarios de la SEP que actuarían como interlocutores para avanzar en la discusión. Pero hasta el momento no han recibido respuesta.

El 8 de agosto, en una asamblea con delegados de todo el país, los investigadores y arquitectos acordaron solicitar la renuncia de De Maria y Campos, de Nelly Robles Garcíal y de Arturo Balandrano Campos como coordinador Nacional de Monumentos Históricos, junto con los actuales integrantes que conforman el Consejo de Arqueología.

A De Maria y Campos y Robles García remitieron esas cartas para que renuncien. Al director del instituto le argumentan “que durante su gestión se ha pedido la certeza jurídica para la conservación de zonas y monumentos arqueológicos e históricos debido a la toma de decisiones unipersonales y carentes, en más de una ocasión, del sentido académico y técnico que se reclama para nuestra institución”.

A la arqueóloga Robles García le arguyen su “abuso de autoridad, la opacidad, la destrucción deliberada de monumentos arqueológicos, como Tzintzuntzan, en Michoacán, y Monte Albán, Atzompa, Cuilapam, Yogana, Laguna Zope, Colotepec, en Oaxaca, por sólo mencionar algunos”.

Los investigadores eméritos del INAH se unieron a la movilización al redactar una misiva el 8 de agosto dirigida al presidente Felipe Calderón. Allí rechazan, “al capricho del titular del INAH, la construcción de un museo sobre la plataforma prehispánica de Tzintzuntzan”, y proponen que se inicie una investigación “y fincar responsabilidades”. Igual, anunciaron su repudio a las obras que se realizan en Puebla “y que de la misma manera fueron indebidamente autorizadas por los funcionarios del INAH”.

Firman Beatriz Barba, María del Consuelo Maguívar, Leticia Reina y Lourdes Suárez, entre otros.

A su vez diversos artistas e intelectuales, así como el Colectivo Sindical de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes, firmaron una carta de apoyo al movimiento.

Rosa María Venegas García, secretaria de Trabajo y Conflictos del sindicato de académicos, resalta que las afectaciones al patrimonio cultural están documentadas a través de fotografías, que se exhiben en el Museo Nacional de Antropología, y con dictámenes elaborados por peritos-arquitectos, arqueólogos y varios especialistas más.

 

La legalidad

 

Felipe Echenique acusa “que la dirección general del INAH se ha dedicado a descalificar nuestro movimiento, alegando que se trata de un grupo de sindicalizados enfrentando a otros compañeros, cuando en realidad somos la mayoría de profesores, investigadores y arquitectos de México”.

Devela que De Maria y Campos “no permitió la aplicación de la Ley Orgánica del INAH y no acató las disposiciones de la Auditoría Superior de la Federación al impedir que concluyéramos los trabajos para la elaboración del reglamento de dicha ley. Como resultado de esto, el INAH carece hoy de los órganos académicos colegiados capaces de orientar las labores institucionales al margen de los vaivenes políticos”.

La arquitecta Marcela Pérez Cruz cuenta que Arquitectura ha estado trabajando ya por varios años sobre los Lineamientos Generales de Conservación para Zonas de Monumentos Históricos, y ha solicitado mesas de trabajo, “y la autoridad no nos ha atendido en ese punto y siempre nos ha pospuesto la fecha”.

–¿A qué cree usted que se debe que no haya voluntad para la emisión de estos lineamientos?

–Que mientras menos elementos haya para normar y para regular la intervención en el patrimonio histórico, es más fácil que ellos puedan violentar lo que hacen ahora, que no toman en cuenta los dictámenes de los especialistas y de los arquitectos.

Echenique menciona que tienen 500 firmas de arqueólogos de todo el mundo para apoyar el movimiento y acudirán a la Corte Interamericana para denunciar las agresiones al patrimonio cultural.

El INAH lo demandó por “menoscabo al erario de 1 millón 300 mil pesos y apología de la violencia”, por lo que la Procuraduría General de la República lo citó el 23 de agosto. Y acudió al Ministerio Público. El instituto ha cuantificado pérdidas por 1 millón 300 mil pesos por concepto de taquilla en el Museo Nacional de Antropología. El líder sindical señala que nunca se hicieron actos de violencia. Sin embargo, cree que los argumentos de los funcionarios “son muy pobres”.

El viernes 24 de agosto también se levantó un acta en Oaxaca contra el arqueólogo Enrique Fernández. Los dos investigadores coinciden en que se trata de acciones para intimidar.

El historiador adelanta que los dos sindicatos emprenderán denuncias penales debido a la afectación de los bienes arqueológicos e históricos. Primero de Tzintzuntzan. Se interpone contra el director del INAH y la coordinadora Nacional de Arqueología. El expediente dice que en mayo de 2011 y a propuesta del presidente Felipe Calderón, se creó el Proyecto Especial Tzintzunzan.

Luego será el caso del sitio de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 y de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Entregarán al comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO la documentación y las cerca de 45 mil firmas de apoyo que han recopilado para que estos sitios estén en la lista de Patrimonio Mundial en peligro.

Revela que el coordinador nacional de Arqueología no puede llevar a cabo más de un proyecto o programas. Y Robles García es responsable de 18 proyectos.

Al respecto, el arqueólogo Jorge Bautista Hernández, del mismo sindicato, otorga algunos nombres de esos 18 proyectos: el Museo de Santo Domingo, el Museo Casa Juárez, Monte Albán, Mitla, Atzompa, los proyectos de investigación del Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca (Dainzú, Yagul, Lambityeco, Mitla), Pueblo Viejo de Teposcolula, diversos proyectos de salvamento y rescate arqueológico a nivel estatal; proyecto Cuevas de Yagul y Mitla, el salvamento de la carretera Barranca Larga-Ventanillas “y quién sabe qué otros más”.

 

Toledo

 

El pintor Francisco Toledo da su apoyo a través de una carta a los académicos y arquitectos del INAH “para que se evite la destrucción de las zonas arqueológicas y los monumentos históricos que por obras de infraestructura de fin de sexenio promueven fuera de marco legal los funcionarios de esta institución en los sitios arqueológicos de Tzintzuntzan; Michoacán; Atzompa, Oaxaca, y de los fuertes de Loreto y Guadalupe, Puebla, entre otros”.

Toledo dice a esta reportera que el INAH “se duerme, es muy ambiguo en esto.”

El jueves 23 de agosto, la Presidencia de la República contestó la carta de los investigadores eméritos. La firma Alejandro Rojas Flores, titular de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía. Allí dice que el escrito será turnado a la SEP y a la dirección del INAH.

“Es el cuento de nunca acabar”, manifiestan los especialistas.

Acerca del autor

Nació en la Ciudad de México. Estudió ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 1991 inició en el periodismo. Ha trabajado en los diarios mexicanos El Universal y La Jornada, entre otros, y el periódico español El País. En 1999 ingresó a Proceso, donde labora hasta la fecha. Foto: Carlos Enciso.

Comentarios