Argentina: Cristina vs. Clarín

ROSARIO (apro).- La confrontación abierta entre el gobierno y el holding de medios más poderoso de Argentina entra en la cuenta regresiva. A partir del 7 de diciembre, el Grupo Clarín se verá obligado por la ley a desinvertir en muchas áreas donde ejerce una posición monopólica o dominante.

En ese marco se inscribe la actual batalla judicial por el control de Cablevisión, operadora de televisión por cable y servicios de internet que, por su facturación e influencia, es la nave insignia del consorcio de medios. El desenlace de esta lucha de poder entre el gobierno y el Grupo Clarín moldeará de manera decisiva la gobernabilidad futura del país.

El Grupo Clarín controla en la actualidad 301 empresas. La lista incluye medios gráficos, televisivos y radiales, así como la operadora de televisión por cable Cablevisión –que incluye al proveedor de Internet Fibertel–, editoriales e imprentas, productoras de televisión, compañías de telecomunicaciones y servicios de correo. La facturación anual del grupo asciende a 6 mil 700 millones de dólares –2 mil millones de dólares más que Televisa–, de acuerdo con datos de 2010.

La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre de 2009, promueve la desconcentración y la competencia en el sector. Su aplicación plena limitaría severamente la estrategia de negocios de Clarín y su capacidad de influir en la opinión pública argentina.

El holding ha conseguido dilatar, a través de una ingeniería de medidas cautelares desplegada en distintas provincias, el artículo que promueve la desinversión en los casos de monopolio, que lo obligaría a modificar la ubicación de los canales en la grilla.

Sin embargo, el 7 de diciembre próximo la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) revocará las licencias que excedan el cupo legal establecido para cada área. Esto significará, en el caso de Cablevisión, la pérdida de 134 de las 158 licencias de televisión por cable que hoy controla. El Grupo Clarín deberá afrontar una reducción drástica: se estima que podría llegar a ceder 236 de sus 264 licencias actuales.

Cablevisión

Con sus tres millones 400 mil abonados de televisión por cable y su millón y medio de usuarios del servicio de internet, Cablevisión le aporta al Grupo 60% de sus ingresos.

El Grupo Clarín compró Cablevisión en septiembre de 2006 y el 3 de enero de 2007 dispuso que Cablevisión absorbiera Multicanal, la prestadora del servicio de televisión por cable que ya tenía desde 1992. Cablevisión pasó a cubrir así 50% del mercado del sector en Argentina.

El mercado que controla, producto de la fusión, le ha otorgado enormes ventajas, permitiéndole encarar su reconversión tecnológica con mucha mayor velocidad que la competencia.

No obstante, el 4 de marzo de 2010, el gobierno anuló la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Al Grupo Clarín  se le dieron seis meses de plazo para regularizar la separación. Clarín volvió a apelar a su ingeniería de medidas cautelares.

Su enorme poder lo ha animado incluso a desobedecer sentencias judiciales, como las que lo obligan a bajar los precios del abono de Cablevisión, reordenar la grilla de los canales que ofrece –donde perjudica o censura los ajenos– o reincorporar a empleados despedidos por su actividad sindical.

“Es un Estado dentro del Estado”, sentenció en su momento el periodista Jorge Lanata, otrora director del diario de centro izquierda Página 12, hoy punta de lanza del Grupo Clarín en su disputa con el gobierno.

WikiLeaks

El Grupo Clarín presenta la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como autoritaria, ineficiente y corrupta. Algunos de sus medios masivos –Diario Clarín, Canal 13, Radio Mitre y el canal Todo Noticias– son los de mayor audiencia. Desde allí sus periodistas repiten de manera incansable las mismas críticas con idénticas palabras.

El espacio del que un puñado de políticos opositores dispone en los medios de Clarín –y también en los de otros holdings como La Nación y Perfil– se contradice bastante poco con la confianza que los ciudadanos les han conferido en las urnas.

Los medios opositores hablan de acoso y hostigamiento contra la prensa independiente. Cuentan con el apoyo irrestricto de las organizaciones empresariales: la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“No hay dudas de que medios y diarios tienden a criticar al gobierno y que ponen más el foco en rumores y afirmaciones no chequeadas que lo que indicarían los mejores estándares del periodismo”.

La afirmación no proviene de ningún simpatizante del gobierno. La escribió en su informe del 23 de abril de 2008 el entonces embajador estadunidense en Buenos Aires, Anthony Wayne. El cable figura en el libro WikiMediaLeaks (Ediciones B, 2012), de Sebastián Lacunza y Martín Becerra, que compila todos los despachos confidenciales que hicieron referencia a los medios de comunicación de América Latina.

En su informe, el embajador reflexiona: “La parte irónica del presente conflicto es que el gobierno tiene cierta razón acerca del Grupo Clarín: Tiene una enorme influencia por su presencia dominante en la prensa, TV, cable y radio. Muchos otros actores de la prensa han deplorado este hecho ante nosotros”.

En otro reporte sobre el tema, publicado en el libro, Wayne sostiene que “de ningún modo” se puede definir a Clarín como un monopolio.

Cadena nacional

La política de derechos humanos del gobierno ha echado luz sobre casos que comprometen seriamente a Clarín con la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El discurso de Néstor Kirchner y más tarde de Cristina contra las recetas neoliberales puso en evidencia el apoyo del Grupo al expresidente Carlos Menem (1989-1999), máximo cultor de dichas políticas en Argentina.

La presidenta está convencida de que el director ejecutivo de Clarín, Héctor Magnetto, es el cerebro de una campaña de desestabilización que busca destituirla. Ella y sus ministros no pierden oportunidad de desnudar el entramado de intereses que defiende el multimedio. Acuñaron el eslogan Clarín miente y presentan al Grupo como una amenaza directa al desarrollo de la democracia en Argentina.

El gobierno es defendido por unos pocos medios –los diarios Página  12, Tiempo Argentino, Miradas al Sur– o por los estatales Canal 7 y Radio Nacional. Desde ahí se disecciona el enfoque y la manera con que informan algunos periodistas de los multimedios, atribuyéndoles un relato interesado a favor de las corporaciones.

Estas voces –tachadas de ultraoficialistas– han conseguido molestar a quienes se habían acostumbrado, a partir de la década de los noventa, a moverse a sus anchas dentro del discurso único.

Particularmente urticante para los medios opositores es el uso que Cristina hace de la cadena nacional para presentar y publicitar su acción de gobierno. Desde las esferas oficialistas se sostiene, por el contrario, que la verdadera cadena nacional la constituyen, por su nivel de llegada y penetración en la opinión pública, el Grupo Clarín y el resto de los multimedios opositores.

Esta confrontación abierta ha puesto a la sociedad argentina frente a un dilema. Debe decidir si la regulación del poder político sobre las corporaciones de medios atenta contra la libertad de prensa y favorece el autoritarismo, tal como sostienen las empresas, o si, por el contrario, sirve para combatir los monopolios y ampliar el acceso de la sociedad civil a los medios y a la información, tal como propugna la ley de servicios audiovisuales que sancionó este gobierno.

Portadas

“No hay gobierno que pueda soportar tres tapas negativas de Clarín”, dicen que dijo Héctor Magnetto, director ejecutivo del Grupo Clarín, aludiendo a la capacidad que tenía su diario para generar un clima de zozobra entre los máximos representantes del poder político. Este contador público de 68 años, que ingresó a Clarín en 1973 como adscrito a la gerencia, fue elegido por la revista Fortuna, en 2009 y 2010, como el empresario más influyente de Argentina.

Enigmático, de perfil bajo, Magnetto casi no ha dado entrevistas a lo largo de su vida. Su grado de exposición pública era nulo hasta que el Grupo Clarín entró en guerra con el kirchnerismo. Casi todo lo que se sabe de él proviene de quienes lo han tratado.

La frase atribuida a Héctor Magnetto es una leyenda. Haya sido pronunciada o no, sirvió para condicionar a los gobiernos que se sucedieron tras la recuperación de la democracia en 1983. La clase política argentina le tiene a Clarín un miedo reverencial.

Cristina ha citado algunas veces la frase en cuestión, para demostrar, justamente, que la falta de temor ante Clarín es una de las condiciones necesarias para ejercer el liderazgo político en Argentina. El Grupo lleva ya más de  cuatro años de oposición feroz contra su gobierno.

El diario Clarín salió a la calle por primera vez en 1945. A la muerte de su fundador y director, Roberto Noble, en 1969, lo sucedió su viuda, Ernestina Herrera de Noble, quien hasta hoy figura como directora del matutino.

Los principales accionistas del Grupo Clarín son Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. Juntos conforman 71% del paquete accionario y todos ocupan puestos jerárquicos en la empresa. El 9% de las acciones, que estaba en poder de Goldman Sachs, fue comprado recientemente por el multimillonario norteamericano Ralph Booth, mientras que el 20% restante se considera capital flotante.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) posee 9% de las acciones del Grupo Clarín en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Sin embargo, no ha podido incorporar un director estatal en la compañía.

Papel Prensa

El 2 de noviembre de 1976, los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con el paquete mayoritario de Papel Prensa, la única fábrica de papel de diarios que había entonces en Argentina. Su dueño había sido David Graiver, un empresario y banquero argentino, poseedor de una inmensa fortuna, muerto en Chilpancingo, México, el 6 de agosto de 1976, en un accidente de avión cuyas causas nunca fueron aclaradas.

Uno de los muchos negocios que tenía Graiver era administrar clandestinamente los fondos que la organización revolucionaria peronista Montoneros había obtenido de sus secuestros extorsivos.

A su regreso de México, en septiembre de 1976, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, recibió amenazas de muerte que la conminaban a vender Papel Prensa. También recibió presiones de la organización Montoneros para que les devolviera una suma millonaria que le habían confiado a su marido. La dictadura estaba decidida a quedarse con la papelera.

Papaleo dice que se la obligó a vender Papel Prensa bajo amenazas y presiones, sin poder leer siquiera el documento que le dieron a firmar. La mujer cuenta que en esa reunión nocturna, realizada el 2 de noviembre de 1976 en oficinas del diario La Nación, el representante de Clarín,  Héctor Magnetto,  le advirtió: “Firme, o le costará la vida de su hija y la suya”. La hija de Graiver y Papaleo tenía entonces dos años.

El 14 de marzo de 1977, Papaleo se convirtió en una desaparecida. Pasó por centros de detención clandestinos, fue vejada y torturada. Estuvo detenida ilegalmente durante cinco años.

El 25 de agosto de 2010, Cristina Fernández de Kirchner presentó el informe Papel Prensa, la verdad, en la Casa Rosada. La presidenta describió como ilegal el traspaso de Papel Prensa a favor de los periódicos. Dijo que Clarín y La Nación se beneficiaron de la disponibilidad de papel a precio ínfimo, mientras sus competidores tenían que comprarlo a precios de mercado o en el extranjero. Presentó la apropiación de Papel Prensa no sólo como delito económico, sino también como pieza fundamental de la alianza entre estos holdings de medios y la dictadura.

Clarín tituló la presentación como un “ataque a la prensa” y habló de errores y contradicciones en el discurso de la presidenta. Sostuvo que el único objetivo del gobierno era quedarse con la papelera.  El 23 de diciembre de 2011, el Senado aprobó la ley que declara de “interés público” la producción y comercialización del papel para diarios. Se buscaba, de acuerdo con el oficialismo, garantizar a todos los medios gráficos el acceso al insumo en igualdad de precios.

Puesto menor

En la década de los noventa, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la mayor parte de las empresas estatales fue privatizada. Varios medios de comunicación corrieron esa suerte. Previamente se derogó el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que prohibía al propietario de un medio gráfico adquirir otro televisivo o radial, para prevenir la concentración económica en un sector tan sensible.

Clarín adquirió Radio Mitre, obtuvo la licitación por Canal 13 y creó la operadora de televisión por cable Multicanal. En 1993 lanzó el canal de cable Todo Noticias (TN). El multimedio terminó de consolidarse como tal en la década menemista y en 1999 se constituyó como Sociedad Anónima.

“Los gobiernos pasan, Clarín queda”. Otra frase que se le atribuye a Héctor Magnetto. La idea de que las corporaciones prevalecen sobre la clase política quedó explicitada en una discusión que tuvo el hombre fuerte de Clarín, a comienzos de los noventa, con el entonces presidente Carlos Menem.

Dicha idea fue referida por el periodista Chiche Gelblung el 13 de abril de 2008, en América TV. Menem le había adjudicado Canal 13 al Grupo Clarín, pero Magnetto no estaba conforme y le planteaba otras exigencias. Menem lo interrumpió: “Lo que pasa es que lo que usted quiere es mi puesto.” A lo que Magnetto habría contestado: “Puesto menor.”

Clarín afianzó su crecimiento también bajo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).  El exmandatario le renovó al Grupo la concesión de Canal 13 por 10 años en 2004. El 7 de diciembre de 2007, su gobierno aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal, lo que dejó a la operadora en posición monopólica o dominante en muchas localidades.

La ruptura se produjo durante el durísimo enfrentamiento que el gobierno tuvo con las entidades del campo, entre marzo y junio de 2008.

El gobierno pretendía aprobar una resolución para aumentar las retenciones que percibía por la exportación de soja. Cristina, que había asumido la presidencia cuatro meses antes con 45% de los votos, se encontró de pronto con las carreteras bloqueadas y las ciudades desabastecidas.

Los medios del grupo Clarín realizaron una generosa cobertura a favor de los grandes productores. El gobierno cuestionó duramente el rol de los oligopolios de la comunicación. Clarín habló entonces de un intento de coartar la libertad de expresión y de un ataque a la prensa independiente.

Encuentros

“En mi empresa mando yo y se escribe lo que digo yo”, le dijo Héctor Magnetto a Néstor Kirchner, en una reunión que tuvieron en el despacho presidencial en 2007, mientras la relación todavía era cordial. Así lo reveló el fallecido expresidente en una entrevista televisiva en Canal 7, el 24 de enero de 2010, con la confrontación ya en curso. Magnetto quería que Kirchner hiciera lobby para que Clarín  pudiera comprar acciones de Telecom.

Kirchner también dijo que recibió a Magnetto en su despacho presidencial, en 2007, cuando todavía no se definía quién iba a ser el candidato presidencial de su partido. “Vinieron a verme él y un importante empresario automotriz. Querían que siga yo”, aseguró. A Magnetto no le gustaba la idea de que Cristina fuera presidenta. “Es mujer”, fue –según Kirchner– el primero de sus argumentos.

Durante la huelga de la patronal agropecuaria en 2008, Cristina denunció que existía una campaña con el fin de destituirla. “Ellos quieren derrocarnos porque tienen sus propios intereses, no el de los argentinos”, sentenció Néstor Kirchner en la entrevista televisiva mencionada.

El Grupo Clarín tiene gran experiencia en la creación de la agenda política. Los Kirchner han sido los primeros en no rendirse ante el mandato. Pese a la situación de debilidad en que se encontraba al aflojar la crisis, Cristina retomó la iniciativa con una serie de contraataques formidables.

En noviembre de ese mismo año estatizó los fondos de jubilaciones que habían sido privatizados durante el gobierno de Menem. Las administradoras privadas, entre los que participaba el Grupo Clarín, perdieron el control sobre una cifra fabulosa, que era usada para diferentes inversiones financieras.

En septiembre de 2009, la comisión de competencia desaprobó la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Y un mes más tarde, en octubre, cayó el golpe decisivo: a instancias del gobierno se sancionó la Ley de Servicios Audiovisuales, que obliga al Grupo Clarín a una fuerte desinversión.

Socios

Cuando se desató el enfrentamiento con el gobierno, el multimedios convirtió a Kirchner en un político que privilegiaba el enfrentamiento. A Cristina la presenta como “desequilibrada” y “bipolar”. Se atiza el tema de la criminalidad para lograr que el gobierno se vuelva más represivo frente a la delincuencia común y la protesta social.

Clarín le ha dedicado decenas de titulares en los últimos meses al vicepresidente Amado Boudou. Sostiene que durante su anterior gestión como ministro de Economía favoreció al grupo empresarial que pasó a controlar la empresa que imprime los billetes en Argentina, y que ahora el gobierno ha decidido expropiar.

En cuanto a Cablevisión, el Grupo Clarín acusa al gobierno de querer introducir un directorio afín –el Grupo Uno, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano– que garantice el desguace de la empresa.

Manzano fue ministro del interior de Carlos Menem. Acuñó entonces la frase: “Yo robo para la corona”. Aludía a que los dividendos de los actos de corrupción que caracterizaron el proceso de privatizaciones no eran para él, sino para su jefe. Tuvo que irse del país.

La operadora de cable del Grupo Uno se llama Supercanal. Su cantidad de abonados -450 mil- es pequeña en comparación con los 3.4 millones que posee Cablevisión. Pero también Supercanal tendría problemas para quedarse con los negocios de Clarín. Cuenta con 90 licencias, 66 más de las permitidas.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pretende reformular el escenario de un sector que sufrió una gran concentración durante la década menemista. De hecho, la ley reserva un tercio del espectro de radio y televisión para las organizaciones sin fines de lucro.

Su instrumentación, hasta ahora ínfima, requiere de financiamiento y de mecanismos que aseguren participación popular, responsabilidad y calidad comunicacional. Organizaciones sociales y comunitarias han denunciado que hoy no están dadas las condiciones para apropiarse de ese espectro que por ley les corresponde.

Decisión final

La batalla judicial por el control de la empresa será finalmente decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal argentino suspendió el pasado martes 28 el trámite de dos causas que involucran a Cablevisión, solicitando que se le remitan las actuaciones. Dispuso además que la Procuración General de la Nación dictamine sobre la cuestión de competencia entre la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal y la Justicia Federal de Mendoza, donde se encontraban ambas causas.

En diciembre de 2011, el juez federal de la provincia de Mendoza, Walter Bento, había dispuesto el allanamiento y la intervención de Cablevisión, por una demanda de su competidor Supercanal, propiedad del Grupo Uno.

Se acusaba a la compañía de ejercer “prácticas no competitivas” en las jurisdicciones donde hay otros prestadores. El Grupo Clarín impidió la intervención de la empresa al alegar que la actuación del juez era funcional a la estrategia del gobierno y que  favorecía al Grupo Uno, consorcio de medios cuyos dueños son oriundos de la provincia de Mendoza, al igual que el magistrado actuante.

El pasado martes 14, la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal le pidió al juez Walter Bento que se aparte de dicha causa. La decisión dio un poco de aire al Grupo Clarín, y ahora el conflicto de la competencia será resuelto por la Corte Suprema.

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