OAXACA, Oax. (apro).- En los últimos cinco años, unos 2 mil indígenas de esta entidad fueron desplazados por diversos conflictos, entre ellos choques armados, violación a derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica. Documentos en poder de Apro revelan que por lo menos 20 grupos de desplazados –triquis, mixtecos, zapotecos, chontales y mixes–, se han visto forzados a abandonar sus comunidades y los gobiernos federal y estatal han tenido que destinar unos 40 millones de pesos para su atención. De acuerdo con el Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID), en 2008 unos 97 jefes de familia –cerca de 485 personas— dejaron sus tierras y hogares principalmente en San Lorenzo Cofradía de San Pedro Pochutla; La Paz, perteneciente a Chalcatongo de Hidalgo; San Carlos Yautepec, y Río Alumbrado perteneciente a Coicoyán de las Flores. Con una aportación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de 4 millones 291 mil 747 pesos, se apoyó a esos cuatro grupos para la adquisición de solares y materiales para construcción de vivienda. En el 2009, la cifra se incrementó a mil indígenas desplazados, al sumarse grupos de jefes de familia de La Reforma Chalcatongo de Hidalgo, triquis de Rastrojo y de Agua Fría, así como de Santiago Naranjas, pertenecientes a Santiago Juxtlahuaca, y de San Idelfonso Villa Alta y Santa María Taviche. Para la adquisición de solares, materiales de construcción y tierras de cultivo se destinaron otros 18 millones 458 mil 300 pesos. Ya para 2010 se atendió a unas 400 personas de la Chontal, de Yatzona, Chuxnaban, San Agustín Loxicha, Talea de Castro y San Cristóbal Lachirioag, y a estos grupos se canalizaron unos 6 millones 260 mil pesos. A esos casos se sumó un grupo de unos 200 triquis desplazados de San Juan Copala, de los que 135 cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Exactamente a dos años de su exilio forzado, los indígenas triquis principalmente mujeres, siguen dispersos en el estado y otras partes de la República, incluso en Estados Unidos. Y aunque en enero de este año los indígenas pretendieron retornar a San Juan Copala, ello no fue posible porque “no hay las garantías para el regreso”, admitió el gobierno del estado, que entregó unos 11 millones de pesos como reparación del daño y ahora pretende reubicarlos en la capital. A la fecha, al menos 20 familias se encuentran en la capital del estado, tres en Juxtlahuaca, igual número en Huajuapan, cinco en el Distrito Federal y dos en Guanajuato. Otro caso ocurrió el 24 de julio de 2010, cuando unos 120 habitantes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas –mujeres, niños y ancianos–, se refugiaron en Tlaxiaco ante la situación de peligro inminente que enfrenta esa comunidad con sus vecinos de San Sebastián de Nopalera. En esa ocasión, el agente municipal Bernardino Hernández tomó la decisión de evacuar a las personas que enfrentan el mayor riesgo: mujeres, niños y ancianos. Con una caravana humanitaria que partió de Zimatlán a Tlaxiaco se concretó el desplazamiento. La caravana trasladó a 44 habitantes de Zimatlán en total, incluyendo 13 adultos y 31 niños. Y el caso más reciente es el que se registró el 3 de agosto de este año en la comunidad de Valle del Río San Pedro, cuando 76 triquis –la mayoría mujeres y menores de edad– dejaron sus casas y sus muertos para refugiarse en Tlaxiaco.