MÉXICO D.F. (apro).- La militarización de la seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón incrementó la práctica de la tortura en México, según una de las conclusiones del informe “En el nombre de la ‘guerra contra la delincuencia’. Un estudio del fenómeno de la tortura en México”, coordinado por la Asociación de Cristiano para la Abolición de la Tortura, de Francia (ACAT-Francia). A poco más de un mes de que México sea evaluado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (Comité CAT), representantes de organizaciones que colaboraron con ACAT-Francia en la elaboración del documento, sostuvieron en conferencia de prensa que el tema de la tortura es uno de los “pendientes” que deja Calderón a su sucesor, Enrique Peña Nieto. “Por desgracia, lo que se ve es que Peña Nieto no va a modificar la estrategia de seguridad llevada a cabo por esta administración, por lo que advertimos que el problema puede agudizarse aún más”, consideró Leopoldo Maldonado, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Javier Enriquez Sam, coordinador general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) reconoció que no hay registros confiables sobre este delito de lesa humanidad porque “las víctimas no denuncian por miedo a represalias, y por desconfianza de las autoridades e incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ello es que calculamos que sólo el 10% de los casos se denuncian”. Agregó que uno de los datos que más resaltan es que, antes de 2006, los policías judiciales de la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías locales eran los servidores públicos más señalados de cometer tortura, sin embargo, a partir de la militarización de la seguridad pública, “ahora son los militares, marinos y policías federales los más señalados”. Tras recordar la falta de claridad en las cifras porque en ocasiones el delito es equiparado con tratos inhumanos, crueles y degradantes, destacó que, de acuerdo con los registros de la CNDH, mientras que en 2006 sólo documentó seis denuncias por tortura, de enero de 2007 a febrero de 2012 el organismo registro 251 casos que derivaron en 56 recomendaciones En tanto, el incremento de recomendaciones por tratos inhumanos, crueles y degradantes crecieron exponencialmente, 330 en 2006, 395 en 2007, 987 en 2008, mil 105 en 2009 y mil 161 en 2010. Enríquez Sam señaló que el estudio detectó que las víctimas no están identificada, “cada vez es más frecuente que sean ciudadanos comunes y corrientes que estuvieron en la hora y lugar menos indicados, tras un evento de alto impacto, pero las víctimas tradicionales siguen siendo los líderes sociales y políticos, los jóvenes y pobres, los migrantes, pueblos indígenas y los menores de edad”. Sara Méndez, coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código—DH) apuntó que en esta administración que termina “como en ninguna otra, los defensores de casos por tortura tienen a cuestas amenazas de muerte, acompañados de campañas de descrédito en medios locales”. Leopoldo Maldonado insistió que “desde la campaña electoral era previsible que Enrique Peña Nieto mantuviera la lógica de militarización de la seguridad pública, por que como organizaciones estaremos pendientes para seguir documentando los casos y solicitar a los órganos internacionales de derechos humanos que mantengan el ojo puesto en México en los próximo seis años”. El informe difundido este jueves es el resultado de una misión de investigación coordinada por ACAT-Francia entre el 2 y el 18 de julio de 2011, con organizaciones de derechos humanos de México, la CNDH y sus similares de los estados, entrevistas con víctimas y sus familiares, así como con representantes del gobierno de Calderón, el Congreso y el poder Judicial, entre otros actores.