La emboscada

MÉXICO, D.F. (apro).- Después del ataque a los dos “ciudadanos” estadunidenses en las inmediaciones de Tres Marías, Morelos, lo único que ha hecho bien el gobierno de Felipe Calderón es esconder a Genaro García Luna, su secretario preferido.

La instrucción de Los Pinos fue mandar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Marina (Semar) a dar la cara y sacar de la escena al secretario de Seguridad Pública federal.

Con esa decisión, coloca a ambas instituciones en ridículo y el desprestigio. Primero, las obligó a emitir un engañoso comunicado que con el paso de los días lo único que ha dejado firme es la participación de agentes de la Policía Federal (PF) en la emboscada contra la camioneta de la embajada de Estados Unidos en México, ocurrida el viernes 24 de agosto.

Pero a decir de los abogados de los policías detenidos, ni están todos los implicados, ni todos los presentados son responsables. Aunque García Luna, sin dar la cara pero valiéndose de la prensa afín, sale a defenderse y dice que si sus elementos quedaron en el centro de los hechos fue porque buscaban una banda de secuestradores en la zona de Tres Marías, Huitzilac y Fierro del Toro.

Mala coincidencia, como tantas del supersecretario al que Calderón le entregó prácticamente un ejército. De acuerdo con su Sexto y último Informe de Gobierno, la PF pasó de 6 mil a 36 mil elementos, acercándose a los 54 mil efectivos de la Secretaría de Marina.

El secretario de Marina, el almirante Francisco Saynez Mendoza, también ha contribuido a la construcción de la mentira. El mismo día de los hechos, en el comunicado conjunto, la Semar dijo que un capitán de la Armada conducía la camioneta y que, gracias a su habilidad de conductor, pudo salir de la emboscada.

Pero cuatro días después, el martes 28 de agosto, dijo que no, que el conductor era uno de los “ciudadanos” estadunidenses y que el capitán de la Marina “tenía la función de enlace y traductor, por lo que requería operar equipos de comunicación”.

Insistió en la versión de que “los ciudadanos norteamericanos” iban en calidad de visita a los cursos de adiestramiento de tiro en las instalaciones de la Armada en el cerro del Capulín, en la salida a Cuernavaca.

Haciendo el agravio a un lado, el almirante Saynez todavía el pasado martes dijo que “hubo errores, pero no fueron malintencionados”.

El ridículo no para ahí. En clara demostración de la sumisión del gobierno de Calderón al de Estados Unidos, la procuradora Marisela Morales salió con la novedad de que “los ciudadanos estadunidenses” se fueron del país sin declarar ante el Ministerio Público.

Fue la mejor manera que los gobiernos de México y Estados Unidos encontraron para no dejar registro oficial de la agencia a la que pertenecen los estadunidenses que salieron corriendo del país ni las actividades que hacían.
El gobierno mexicano esparció en la prensa la versión extraoficial de que son agentes de la CIA y no de la DEA que recolectaban información sobre las casas de seguridad de Héctor Beltrán Leyva, El H, como lo informó la revista Proceso.

Con los días, también de manera oficiosa, la PGR filtró que en la camioneta iba un cuarto pasajero, tal y como lo publicó el semanario. Pero la versión que salió de PGR, apoyada en la declaración ministerial del capitán de la Marina, habla de otro estadunidense.

Ni el gobierno mexicano ni el estadunidense mencionaron inicialmente a un tercer “ciudadano” norteamericano. La cuarta persona, de acuerdo con lo publicado por el semanario, era un informante de la propia organización que iba delatando los lugares donde se esconde el narcotraficante, cuyo hermano, Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, fue ejecutado en un operativo de la Marina con la participación de estadunidenses.

La mentira que se quiere construir no puede ocultar lo evidente: la sospechosa presencia de la PF en escándalos de narcotráfico y la actividad de agentes armados estadunidenses en territorio mexicano, operando como en casa y a cargo de la investigación, la detención, el interrogatorio y la ejecución de narcotraficantes.

Tal vez García Luna termine por dar la cara y en lugar de usar a la prensa tenga que responder a los diputados cuando acuda a la glosa del último informe de Calderón. La participación de los policías federales en la emboscada es sólo una parte de la crisis que enfrenta.

En el gobierno estadunidense no están nada contentos con él. Este “incidente” bajó aún más los bonos del consentido de Calderón en algunas oficinas de seguridad de Estados Unidos.

Pero Calderón prefirió pedir perdón al embajador Anthony Wayne que despedir a su secretario. Al disculparse públicamente ante el gobierno de Estados Unidos mostró la otra cara del problema: una vez que dejó entrar a numerosos agentes civiles y militares estadunidenses para operar en México, ya no habrá manera de sacarlos.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa

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