LONDRES (apro).- En Gran Bretaña, donde supuestamente el poder es ejercido por el Primer Ministro, el Gabinete y el Parlamento, dentro del cual el soberano no es un componente partidario, la Corona cuenta con poderes de veto casi desconocidos que han llegado a modificar leyes claves del país, los cuales fueron revelados tras una prolongada campaña de activistas por los derechos civiles. La serie de poderes de veto de la reina Isabel II de Inglaterra y de su primogénito, el príncipe Carlos, les permitieron alterar y modificar nuevas leyes en el Reino Unido durante el transcurso de los años. El gobierno de coalición que encabeza el conservador David Cameron se vio obligado a revelar los datos, tras haber perdido una batalla legal para mantener esos detalles en secreto. El Comisionado para la Información, Christopher Graham, dictaminó que la Oficina del Gabinete debía publicar detalles internos de Whitehall acerca de cómo altos miembros de la Casa Real son consultados antes de que leyes claves sean enviadas al Parlamento. Los poderes de veto de la Corona fueron dados a conocer el año pasado por el periódico The Guardian y desde entonces fueron calificados por abogados constitucionalistas del país como una "fuerza disuasoria real". Dichos poderes le habrían permitido al príncipe Carlos, heredero al trono británico, imponer ciertas posiciones en áreas como arquitectura y Salud. De acuerdo con la constitución no codificada del Reino Unido, el poder político es ejercido en última instancia por el Parlamento, dentro del cual el soberano no es un componente partidario, junto con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, así como por el Primer Ministro y el Gabinete. De este modo, como la monarquía británica moderna es constitucional, el papel del soberano en la práctica se encuentra limitado a funciones no partidarias, como la de ser fuente de honor. Tras el dictamen del Comisionado para la Información, el gobierno británico se vio obligado a publicar el "manual confidencial" sobre los poderes de veto de la Corona. Dicha guía detalló cómo se pide la aprobación de la Corona (de Isabel II) y el Ducado de Cornualles (del príncipe Carlos) antes de que ciertas leyes sean aprobadas en el Parlamento, de qué forma los ministros piden "consejo" a los miembros de alto rango de la Realeza para modificar la legislación. Según The Guardian, el pasado 3 de septiembre, en las dos últimas sesiones parlamentarias, el príncipe Carlos fue requerido por los ministros para consentir al menos 12 proyectos legislativos, desde leyes sobre mudanzas hasta sociedades cooperativas. Entre 2007 y 2009, el heredero al trono fue consultado sobre leyes que van desde cambios a los juzgados de instrucción, pasado por el desarrollo económico, la construcción, acceso a zonas costeras y marinas, planificación y reurbanización de viviendas, energía, planeamiento social y nanotecnología. En el caso de Carlos, los poderes de veto secretos surgen de su rol como propietario del Ducado de Cornualles, de mil 110 millones de dólares en valor total y que le provee de un salario anual de cerca de 27 millones de dólares. El gobierno ha batallado para mantener dichos poderes en secreto, al indicar que su publicación violará los privilegios legales profesionales. Anthony Berkeley, un lord laborista a quien se le informó que debía pedirle autorización al príncipe Carlos para una ley de navegación marítima, declaró que la decisión del Comisionado de Información "es absolutamente correcta". El lord Berkely sostuvo que la publicación de dichos poderes echa luz sobre un procedimiento legal poco conocido por los británicos, que le permite al príncipe de Gales y a la Reina "interferir en leyes para asegurarse que no afecten sus intereses personales". Entre 2008 y 2009 el Ministerio de Justicia consultó al Palacio de Buckingham acerca de la ley de aprendices y cómo afectaría a Isabel II "en su capacidad personal". Como empleadora de mil 200 trabajadores en los distintos Palacios Reales, incluidos mayordomos, choferes y mucamas, la monarca se veía afectada por la legislación. Los funcionarios del gobierno le preguntaron a la Casa Real "por las intenciones de Su Majestad en relación con la ley" antes de que fuera votada en la Cámara de los Comunes. Un correo electrónico refiere a una nota de los abogados de la Reina, el bufete Farrer & Co, "estableciendo sus instrucciones en relación con la presentación de la Ley de aprendices a Su Majestad en su capacidad personal". Dicha ley fue finalmente modificada en 2009, en beneficio de la Reina como empleadora. La correspondencia se asemeja a una serie de e-mails dados a conocer el año pasado en los que un ministro (cuyo nombre no fue dado por razones legales) le escribió a la oficina de Carlos pidiéndole autorización para una nueva ley de planeamiento edilicio "debido a que ésta puede afectar los intereses privados del príncipe de Gales". "Estamos en el siglo XXI y no en el XVIII. Es una locura pensar que (la Realeza) está tratando de hacer esto. La Familia Real debería abandonar este privilegio especial y todos respetar la ley de este país. Sólo por el hecho de que tengan campos y fortunas privadas desde hace varios siglos no significa que cuenten con el derecho de interferir", subrayó el lord Berkely. El golpe final contra el secretismo que rodeó el proceso de influencia del príncipe Carlos en la creación de leyes lo dio el académico en jurisprudencia John Kirkhope, quien le pidió a Whitehall por la "guía secreta" sobre dichos poderes de la Corona. Según el experto, "está claramente en el interés público que los británicos entiendan cómo se hacen las leyes y de qué forma es consultado el Ducado de Cornualles (o Carlos)". Kirkhope se encontraba investigando una tesis doctoral acerca del estatus legal del Ducado y quería saber cómo los ministros decidían si las nuevas leyes afectaban "los ingresos hereditarios, propiedad privada del Duque (Carlos) y otros intereses". El Ducado de Cornualles, establecido en 1337 a partir del anterior conde de Cornualles por Eduardo III de Inglaterra para su hijo, Eduardo, Príncipe de Gales, el Príncipe Negro, tiene como principal actividad la administración de sus tierras, granjas, campos industriales y propiedades. El ducado tiene una cartera de inversiones financieras y posee tierras que suman 540,9 kilómetros cuadrados. Cerca de la mitad de las propiedades se encuentran en Devon, con otras grandes extensiones en Cornualles, Herefordshire, Somerset y Gales. En el año fiscal de 2007, el ducado fue evaluado en 647 millones de libras y el beneficio anual fue de 16,3 millones de libras, con un rendimiento del 2,5%. Al ser parte de la corona, el ducado está exento de pagar impuestos sobre sociedades, pero, desde 1993, el Príncipe de Gales ha pagado impuestos sobre la renta en forma voluntaria. Los intereses del Ducado, que además incluyen la protección medioambiental de mucho territorio del suroeste de Inglaterra, se ha superpuesto con los del propio Carlos, principalmente en materia de planeamiento, por el cual el príncipe de Gales fue acusado de abusar su influencia para distorsionar el proceso democrático. En 2009 el primogénito de Isabel II protagonizó un fuerte escándalo en el país al interponerse para que no se construyera el complejo edilicio de Chelsea Barracks, en el exclusivo barrio londinense de Chelsea, y diseñado por el laureado arquitecto inglés Richard Rogers. En privado, Carlos se quejó de la construcción con el propietario de esas tierras, el Primer Ministro de Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, a quien le dijo que el diseño del Chelsea Barracks "es un gigantesco experimento con el alma misma de nuestra ciudad capital". Finalmente Rogers fue despedido y el esquema arquitectónico re-ideado en línea con el gusto estético del príncipe de Gales. Al cumplir sus 60 años, en 2008, Carlos le dijo a la BBC que sus intervenciones, desde los peligros -que en su opinión- acarrean los alimentos genéticamente modificados y su simpatía por el Tíbet, entre otros, no buscan "interferir" sino "movilizar". Él cree que tiene el deber de utilizar su posición en la vida para hacer que la gente con dinero e influencias reflexione sobre algunos de los temas que preocupan al mundo de hoy. Sin embargo, Kirkhope afirmó a partir de su investigación que el proceso para obtener la aprobación real (royal consent) para los proyectos legislativos "no es una mera formalidad" ni busca "movilizar a la población" sino sólo mejorar intereses personales. "La correspondencia (entre los ministros y la Corona) indica que los efectos de las leyes son explicados a la Casa Real, incluido el Ducado de Cornualles, luego siguen las discusiones y si es necesario, se hacen cambios para la legislación propuesta", indicó el académico. "Los Ministerios de Estado habían luchado para evitar revelar la correspondencia que evidencia cómo funciona este proceso y la Oficina del Gabinete se resistió en principio a dar detalles de la guía que determina si el príncipe como Duque de Cornualles es consultado en primer lugar", continuó el experto. Kirkhope sostuvo que el proceso por el cual se crean las leyes en Gran Bretaña "debe ser transparente y aquellos a quienes se les da privilegios especiales deben hacerse responsables. "Pero como se ha demostrado ese no ha sido el caso en relación con el Ducado de Cornualles", señaló. La Corona británica, que entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2011 gastó 32.1 millones de libras (unos 51 millones de dólares) de las arcas públicas, tiene claros intereses a la hora de la creación de leyes. Si Gran Bretaña se precia de ser una de las principales democracias más transparentes del mundo, deberá escuchar entonces el creciente número de críticos a los poderes de veto que tienen los miembros de alto rango de la Familia Real, mantenidos en secreto para evitar escándalos. Queda por verse si la coalición de David Cameron, que no logró reformar la anticuada Cámara de los Lores, puede cercenar los antiguos poderes de una Monarquía de privilegios.