MÉXICO, D.F. (apro).- El expresidente Ernesto Zedillo asegura que las acusaciones que pesan sobre él por el caso Acteal “no solamente son falsas, sino calumniosas”. En un correo electrónico enviado al diario Yale Daily News que se edita en Connecticut, Estados Unidos –la misma ciudad donde una Corte federal desahoga un juicio en su contra por el crimen de 45 indígenas tzotziles registrada 22 de diciembre de 1997–, el exmandatario, que el pasado fin de semana recibió la noticia de que el Departamento de Estado sugirió otorgarle la inmunidad en este caso, aplaudió la decisión del gobierno estadunidense que lo libra así del pago de 50 millones de dólares que reclaman los 10 supuestos indígenas agraviados, cuya identidad se mantiene en secreto. Según la nota publicada por el diario Yale Daily News bajo el título de “El Departamento de Estado sugiere inmunidad para Zedillo”, el expresidente se mostró satisfecho también por la estrategia de sus abogados. En declaraciones por separado, el defensor del expresidente mexicano, Jonathan Freiman, también se mostró complacido por la recomendación y de igual manera calificó la acusación como “calumnias”. En septiembre de 2011, un grupo de 10 presuntas víctimas de la masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles el 22 de diciembre de 1997, durante la gestión de Zedillo, presentaron en Estados Unidos una demanda en contra del expresidente para reclamar el pago de 50 millones de pesos. El viernes por la noche, el Departamento de Estado de EU emitió un comunicado a la Corte de Connecticut, donde se sigue el proceso a Zedillo, para otorgar la inmunidad al exmandatario y evitar así que se le finquen responsabilidades. Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció la decisión de Estados Unidos de emitir una sugerencia de inmunidad para el expresidente Zedillo en la demanda civil por la masacre de Acteal, como lo solicitó el gobierno de México. El Departamento de Estado sugirió a la Corte del Distrito en Connecticut otorgar inmunidad a Zedillo en el caso de Acteal, donde fueron asesinadas 45 personas diciembre de 1997. La Cancillería mexicana señaló hoy que el expresidente “enfrenta un procedimiento de carácter civil” y que “el gobierno de México no es parte del proceso”. “El Gobierno de México no considera que una ley estadunidense deba, o pueda, otorgar jurisdicción a los tribunales de dicho país para conocer demandas civiles por hechos cometidos fuera de Estados Unidos y en que no participan ciudadanos estadounidenses", expuso. También indicó que “la inmunidad de jefes de Estado ante tribunales extranjeros por hechos en que se alegue su participación en carácter oficial, se fundamenta en la costumbre internacional, a fin de asegurar el respeto a la igualdad soberana de los Estados”.