MÉXICO, D.F. (Proceso).- La vida política en México ha tomado un nuevo ritmo. Descartados con ligereza imperdonable los reclamos de la izquierda, el espectáculo de la política parece ahora más amable. El mensaje del presidente Calderón produjo reacciones emotivas; cierto que los logros que apuntó son muy discutibles, pero las despedidas son nostálgicas y muchos le agradecen la amistad que le prodiga al próximo gobierno. A su vez, al nombrar a su equipo de transición, el presidente electo dio la señal de salida a una nueva etapa de trabajo. Todo sucede como si la normalidad estuviese de regreso en el país; por desgracia, se trata sólo de apariencias. Diversos problemas indican que la realidad es menos halagüeña. El México que hereda la próxima administración está lejos de ser una tierra de promesas. El crimen organizado sigue haciendo gala de su capacidad de organización, de su crueldad, de sus efectos disruptivos. Allí están los bloqueos de Guadalajara para probarlo. Allí está la balacera de Tres Marías para ilustrar la poca coordinación existente entre las fuerzas encargadas de combatirlo. Allí está el silencio de la SRE ante estos hechos para confirmar el grado de opacidad que envuelve a la cooperación con Estados Unidos. A pesar del lugar central que ocupa la violencia y, en particular, el factor externo como componente esencial para provocarla y combatirla, el tema no es prioritario en el ideario del gobernante electo. Se habla de corrupción y transparencia, de reformas estructurales y promesas de cambio, pero se guarda un silencio cauteloso sobre cuál será la nueva estrategia para el combate al crimen y sobre cómo se dialogará con Estados Unidos al respecto. Hay una opinión generalizada a favor de revisar la estrategia seguida hasta ahora. Académicos y estudiosos del tema insisten en tres puntos. El primero, la necesidad de regionalizar el problema, es decir, definirlo y tratarlo como un asunto que involucra a los países que van desde Colombia hasta Estados Unidos; de particular interés para esa regionalización es, desde luego, la relación con Centroamérica. Segundo, revisar las políticas de criminalización que se han puesto en pie desde la época de Nixon y comenzar a identificar nuevas formas de regulación del consumo y comercialización de las drogas, lo cual, en el caso de algunas, lleva a la despenalización. Tercero, centrar mayores esfuerzos en los aspectos financieros del crimen organizado, como el lavado de dinero. ¿Qué piensa al respecto Enrique Peña Nieto? El único dato firme sobre la lucha contra el crimen organizado que ha trascendido a la opinión pública ha sido la confirmación del nombramiento del exjefe de la policía de Colombia como asesor cercano del presidente electo. No se sabe a ciencia cierta lo que ello representa. De una parte, puede ser indicio de que el modelo colombiano de combate al narco, en cuya implementación participó activamente el ahora asesor en México, es pertinente para nuestro país. También puede ser indicio de que, por ser una persona con experiencia, su simple nombramiento infunde confianza a los estadunidenses, quienes han expresado dudas sobre el camino que podría tomar un gobierno priista. Independientemente de que las posiciones todavía no estén definidas, Peña Nieto inicia ya las giras al exterior. La primera anunciada es hacia América Latina, con una primera escala en Guatemala. Tengo dudas sobre lo avanzado que se encuentre el pensamiento sobre qué hacer en Centroamérica. Será muy posiblemente un amable intercambio de saludos y promesas de amistad. Sin embargo, no es prematuro aclarar algunas ideas que están sobre la mesa respecto a la relación con Centroamérica. Para algunos, la tarea pendiente es elevar seriamente el nivel de atención hacia la región, incluyendo mayores presupuestos para programas de cooperación y decisiones sustantivas para mejorar el diálogo con los mandatarios del istmo, de suerte que puedan delinearse estrategias conjuntas para el combate al crimen organizado, coordinadas con Estados Unidos pero con una visión propia. Para otros, esa visión propia es menos relevante. Se trata de buscar el entendimiento con Estados Unidos y países como Colombia para decidir entonces cómo “salvar” a Centroamérica. La posición que se tome en una u otra dirección dará el tono a la relación con Centroamérica durante los próximos años. Por lo que toca a Estados Unidos, me he pronunciado frecuentemente en este espacio sobre la urgencia de conocerlo mejor. Dada la descomunal influencia económica, política y social que ejerce sobre México, es preciso que ese país sea estudiado, analizado, explorado, y se requiere la aplicación de una estrategia en la que se distingan bien los intereses tan diversos que nos unen y las diferencias que nos separan. Trabajar sobre lo primero permite propuestas constructivas; asumir lo segundo obliga a México a trazar líneas firmes, bien articuladas, que inviten al consenso interno y, si no a convencer plenamente a Estados Unidos, sí a lograr que sean vistas con respeto y a que sean tomadas en cuenta para una cooperación por lo demás indispensable. Revisar la estrategia en materia de seguridad no es tarea fácil dentro de la política hacia Estados Unidos; allá son poderosos los intereses que abonan a favor de mantener la que se sigue actualmente. Algo nos dice al respecto la plataforma aprobada recientemente en la Convención Demócrata. Por su naturaleza, los asuntos de seguridad no son en su totalidad del dominio público. Es necesario, sin embargo, que, a diferencia de lo que ocurre actualmente, la política en materia de seguridad, tanto en la relación con Estados Unidos como con Colombia y Centroamérica, tenga legitimidad interna. Para ello, como en muchas otras cosas, una política de comunicación es indispensable. La interrogante de ¿qué piensa Peña Nieto sobre la seguridad? reclama, pues, una respuesta.