TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro-cimac).- Los feminicidios contabilizados en Chiapas de enero a la fecha suman 46, la mayoría de ellos perpetrados por parejas y exparejas de las víctimas, de acuerdo con datos recabados por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas. Del ese total de mujeres asesinadas, cinco habían demandado protección a las autoridades, debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono, detalló la organización. En octubre de 2011, la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, expareja de Wendy y padre de su hijo de dos años. Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida. Seis meses después, el 28 de abril, Wendy fue asesinada por Jimmy, quien no sólo la descuartizó, sino que cometió actos de canibalismo. Antes, el homicida ya había intentado asesinar a Wendy, luego de que la sumergió dentro de un tambo de gasolina y amenazó con incendiarla. De esos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente, pero no tomó cartas en el asunto. El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, sin embargo sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, considerado en la legislación de Chiapas como “no grave”. Dos meses después, el 16 de abril, se emitió una orden de aprehensión en contra de Villatoro, pero no fue ejecutada sino hasta el mes siguiente. A la fecha no ha sido sentenciado. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, antes de cometer ese asesinato Jimmy fue detenido tres meses antes por la Policía Municipal, debido a que golpeó a otra de sus exparejas, Isabel Posadas Cruz, de 28 años. Falta de sensibilización La abogada feminista Martha Figueroa señaló que pese a que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en 2007, en Chiapas apenas empezó a aplicarse, por lo que remarcó la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar. Conforme a lo que señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias, y deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro. A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las víctimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección, pero eso no siempre es posible, señaló Figueroa. Lamentó que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados, entre ellos Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima. En días recientes, en San Cristóbal de las Casas se liberó la primera orden de protección a favor de Kathya Monserrat López Banda, de 26 años, quien sufrió una golpiza en enero pasado por parte de su expareja, suegros, cuñados e incluso de la nueva pareja de Erich Diestel. La orden fue girada por gestión de la abogada Martha Figueroa, ante el peligro de que la joven fuera nuevamente atacada por la familia Diestel, con quien Kathya se disputa la custodia de su hija de tres años. “El juez que dictó la orden es nuevo en el tema, pero está siendo precursor, está aprendiendo, y eso es un avance. El gobierno de Chiapas reportó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 800 órdenes de protección, pero yo no tengo conocimiento de ninguna, me parece que se confunde el exhorto de ley a las partes con órdenes de protección”, aclaró Figueroa. Agregó que a pesar de la utilidad de las órdenes de protección, en muchos casos éstas caducan en días y horas inhábiles, lo que deja en la vulnerabilidad a la solicitante. “Los fiscales y jueces necesitan trabajar en la cultura de la prevención; San Cristóbal está sentando precedente en el uso de estos derechos, pero es necesario difundir esta información, que puede y debe salvar la vida y la libertad de las mujeres”, concluyó la abogada. Movilización ciudadana El pasado 14 de abril, el asesinato de Itzel Méndez Pérez, de 17 años de edad, generó tal indignación entre la comunidad, que al cumplirse un mes del crimen, San Cristóbal de las Casas fue declarada por los vecinos como “Ciudad insegura y violenta”. La presión ciudadana hizo que las autoridades agilizaran la investigación y presentaran como presuntos responsables a Víctor Hugo Cruz Sántiz, de 22 años, y Felipe Pérez Pérez, de 26, quienes confesaron y dieron detalles del crimen. Antes de ese hecho, el primero de los feminicidas estuvo recluido durante tres años en el Tutelar para Menores por el delito de violación en agravio de una menor de 16 años. La organización ciudadana para exigir justicia en el caso de Itzel empujó la presión para esclarecer otros asesinatos de jóvenes en Tuxtla Gutiérrez. Ahora cada tres meses se realiza un acto en la plaza de San Cristóbal para conmemorar la vida de todas las víctimas de feminicidio. A seis meses de que en el Código Penal de Chiapas se tipificó el delito de feminicidio, que alcanza penas que van de los 25 a los 60 años de prisión, en el estado no ha sido sentenciada una sola persona por ese delito, confirmó el Poder Judicial, en respuesta a la solicitud de información con folio 5088 que realizó la corresponsal de Cimacnoticias, Sandra de los Santos. De acuerdo con Martha Figueroa, actualmente hay 11 procesos abiertos y 20 detenidos por el delito de feminicidio.