CHETUMAL, Q.R. (apro).- El Congreso local dio entrada a una iniciativa de reformas para tipificar como delito el uso de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia para alertar a grupos delictivos y lograr que éstos evadan a la justicia. La iniciativa fue presentada de manera conjunta por los diputados Eduardo Espinosa Abuxapqui, José de la Peña Ruiz de Chávez, Antonio Meckler Aguilera, Baltazar Tuyub Castillo, Mauricio Morales Beiza, Manuel Tzab Castro y Rubén Darío Rodríguez García. Espinosa Abuxapqui, presidente de la Gran Comisión, explicó que después de intensas semanas de trabajo y diversas consultas realizadas a especialistas en la materia, finalmente se presentó la propuesta formal para tipificar la conducta comúnmente llamada “halconeo”. Aclaró que el Poder Legislativo continúa abierto a escuchar las propuestas y planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil, así como de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. El legislador explicó que el bien jurídico que se busca proteger con el tipo penal propuesto es la información privilegiada de los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia o autoridades militares. “Este bien se pone en peligro cuando alguien, de manera dolosa, vigila y avisa a los grupos delincuenciales utilizando información privilegiada con la finalidad de evitar que sean detenidos o puedan concretar una actividad delictiva”, puntualizó. De acuerdo con Espinosa Abuxapqui, las penas propuestas están dentro de la media, tomando en consideración lo que otros estados han legislado al respecto. “Esto, debido a que las personas que incurren en esta conducta son apenas el eslabón más pequeño de la gran cadena de los grupos delincuenciales”, comentó. Las sanciones que propone este tipo penal, añadió, van de los dos a los seis años de prisión, sin derecho a libertad bajo fianza, y de 100 a mil días de multa. “Cuando la conducta ilícita se lleve a cabo utilizando vehículos oficiales, de servicio público o mercantil, la pena aumentará hasta en una tercera parte”, destacó. La iniciativa señala que las penas se incrementarán aún más si la conducta se lleva a cabo utilizando menores de edad, comerciantes formales e informales, personas discapacitadas o que han pertenecido a alguno de los cuerpos de seguridad pública o privada o de las fuerzas armadas. El análisis de la propuesta podría durar hasta un mes, antes de que el dictamen de las comisiones correspondientes se turne al pleno de la XIII Legislatura.