Víctima de su propia inacción y servilismo ante el Ejecutivo, el Poder Judicial se ha limitado a sí mismo y ahora no puede proteger ni a sus funcionarios que han sido víctimas de atropellos por parte de militares, los mismos que en el fragor de la lucha contra el narco no distinguen amigos de enemigos. Por más esfuerzos que ha realizad,  el Consejo de la Judicatura Federal no ha podido llevar ante la justicia a marinos que hace año y medio allanaron ilegalmente la casa de un juez federal en Nuevo León. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ni el Poder Judicial de la Federación (PJF) pudo con la impunidad de los marinos de Felipe Calderón. Autolimitado, no fue capaz de llevarlos a juicio por el violento e ilegal allanamiento a la casa de un juez federal en Guadalupe, Nuevo León. A pesar de las afectaciones emocionales a los hijos del juez y de los daños a su vivienda, el poder que se encarga de impartir justicia sólo obtuvo una “disculpa institucional” de la Secretaría de Marina (Semar) y una petición de “generosidad y patriotismo” para apoyar a la Armada de México y a Calderón en su “lucha contra la delincuencia organizada”. Desde hace más de un año el PJF ha esperado más que una disculpa. Desde abril de 2011 le ha pedido a la justicia militar que investigue y sancione a los responsables del cateo ilegal a la casa del juez c, ahora magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey. Ni Calderón ni la Semar han hecho nada por investigar, a pesar de las peticiones formales e informales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo encargado de la vigilancia y administración de los juzgados federales y que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan Silva Meza. Las peticiones se hicieron ante el propio Calderón y el titular de la Semar, Francisco Saynez Mendoza mediante una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia Militar. La respuesta fue sólo una carta de “disculpas y ruegos” a pesar de la afectación a los hijos del juez, dos de ellos menores, y a su propiedad. De acuerdo con la denuncia de hechos, la tarde del 7 de febrero de 2011 infantes de marina encapuchados ingresaron violentamente al domicilio del entonces juez cuarto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León. Flores Sánchez y su esposa no estaban en su casa, en el municipio de Guadalupe. Habían ido a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, al funeral de una de las hermanas del juez. Sólo se encontraban sus hijos Andrea Sofía, de 19 años, y dos menores de 15 y 10 años. “Alrededor de las cinco de la tarde, vía telefónica, la mayor de mis hijas me informó llena de pánico que mi domicilio había sido allanado por alrededor de 20 hombres que ingresaron a través de las bardas que colindan con la calle, apoyados en la excusa de que habían recibido una denuncia anónima de vecinos” y de que el color de la puerta de la casa coincidía con la del inmueble donde ocurrían “eventos sospechosos”, relató el juez en un escrito que envío cuatro días después de los hechos al ministro Silva Meza y a varias instancias del CJF. Los infantes de marina, impulsados por Calderón para realizar operativos en tierra como lo hacen los marines estadunidenses, rodearon la casa y entraron hasta la recámara del juez “donde abrieron clósets y armarios, mientras mis hijos llenos de temor permanecían en otra habitación tratando de resguardarse de lo que parecía un atentado contra su vida”, sigue Flores Sánchez. Al lugar llegó uno de los tíos que habían quedado a cargo de sus hijos. “Trató de explicarles que era la casa de un juez federal, que no estaba en la ciudad por razones personales, que no había motivo para ingresar de ese modo y que solamente se encontraban los menores, quienes podían resultar dañados”. Sin escuchar razones la respuesta de los marinos fue contundente: “Nosotros también somos federales”. Agregaron que seguían un procedimiento acostumbrado. Aun así, cuenta el juez, su cuñado logró entrar a la casa e impedir que derribaran la puerta de la habitación donde los menores se habían refugiado. La hija mayor de Flores Sánchez sufrió un desmayo, lo que aumentó el miedo de sus hermanos. Uno de los “encapuchados”, entrecomilla el juez, se presentó como médico para reanimarla, mientras que sus dos hijos menores lloraban angustiados. Ofensiva presidencial El impartidor de justicia pidió a dos actuarios del juzgado cuarto de Distrito en Materia Civil que fueran al destacamento de la Marina para pedir información del operativo y les explicaran la actuación de los militares. Los recibió un oficial que se identificó como teniente, de nombre Víctor Carmona, y con el cargo de asesor jurídico. Les dijo que la denuncia anónima resultó falsa pero que aquél era el modo acostumbrado de operar. Indignado el juez advirtió al CJF: “Al margen de que los hechos aquí narrados pusieron en grave riesgo la integridad y seguridad de mis hijos y del descrédito social al que hemos sido expuestos, pues ante la comunidad que nos rodea quedó impresa la imagen de que somos personas vinculadas con el delito, subsiste la duda legítima de que si en verdad se trató de una confusión y no de una acción premeditada y dirigida”. Días antes del allanamiento Calderón había iniciado una arremetida pública contra los integrantes del Poder Judicial por la liberación, en Ciudad Juárez, del alegado asesino confeso de la hija de Marisela Escobedo, quien meses después también fue asesinada. El panista acusó a los jueces de ser simples “verificadores de requisitos”. En junio siguiente, cuatro meses después del cateo a la casa de Flores Sánchez, Calderón volvió a sus públicas y severas críticas a los juzgadores. Durante el primer encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Chapultepec, el mandatario acusó de corruptos a integrantes del Poder Judicial y dijo tener información sobre varios de ellos. “Ya me sé la cantaleta de los jueces. Yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben. He sabido, por ejemplo, de jueces que han recibido o que dialogan con criminales y que liberan a criminales”, respondió cuando en el diálogo fue requerido por la impunidad de las organizaciones delictivas y de la entonces reciente liberación del político y empresario Jorge Hank Rhon. Ante la acusación, Silva Meza fue a Los Pinos para pedirle al presidente información para actuar contra los juzgadores aludidos. Hasta la fecha Calderón no ha entregado nada, pero sí continuó su arremetida contra los jueces que han negado la formal prisión a personas acusadas por su gobierno de pertenecer a la delincuencia organizada. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1873, ya en circulación)