MÉXICO, D.F. (apro).- Durante años, los nombres de las operaciones contra la delincuencia organizada que ha emprendido el gobierno mexicano se han vuelto famosos: desde el Plan Canario de 1966, hasta la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico que puso en marcha el presidente Felipe Calderón. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostiene que no cuenta con información de algunos de los planes antinarco. Ante esa declaración de inexistencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) instruyó a la dependencia a una nueva búsqueda por las omisiones con que procedió el mando militar. En los primeros ocho numerales de una solicitud hecha por un ciudadano a la Sedena, se pide la entrega de los documentos de los planes Canario (1966), Fuerza de Tarea Cóndor (1977), Fuerza de Tarea Marte (1987), Fuerza de Tarea Azteca (1996), Operación Guardián (1998), Directiva Azteca XXI (2000), Plan General contra el Narcotráfico Milenio (2001), Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico (2004), Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico (2007-2012), y la actual estrategia aplicada por el gobierno panista de Calderón. De tajo, la Sedena respondió que no contaba con información de los primeros ocho planes antinarco; en tanto, los últimos dos, es decir, los que se refieren al gobierno de Felipe Calderón, remitió al particular a consultar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La respuesta de la Sedena fue que sólo las autoridades civiles contaban con dicha información. Cuando el IFAI revisó el asunto, identificó diferentes aspectos que anularon el derecho a la información del solicitante, pues se utilizó “un criterio restrictivo” al buscar de manera literal los nombres expuestos en la petición. Además, aunque ahora niega tener información, la Sedena ha dado información en otras solicitudes y declaraciones públicas sobre el tema. E inclusive, existen documentos como la investigación sobre tierras de cultivo, u otras, que no fueron consideradas por la dependencia. En resumen: la ponencia de Ángel Trinidad Saldívar evidenció que la Sedena no sólo fue omisa en los criterios de búsqueda, sino también en los de exhaustividad que por ley está obligada a aplicar en procesos de acceso a la información. Por lo anterior, el pleno del IFAI instruyó a la Sedena a una nueva búsqueda, además de brindar al solicitante información complementaria respecto de los planes antinarco aplicados entre 1966 y 2012. Confesión de parte Independientemente del proceso del IFAI y el recurso de revisión resuelto por el pleno, los alegatos de la Sedena para informar sobre los planes antinarco son prácticamente una confesión de parte. Y es que la Sedena declaró que carece de la información solicitada debido a que: “Sólo las autoridades civiles de la Federación, estados y municipios son las directamente responsables de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como prevenir, investigar y sancionar la comisión de hechos ilícitos, relacionados con asuntos, tanto de delincuencia común, así como de narcotráfico y/o de delincuencia organizada, por lo que la Sedena sólo actúa como coadyuvante a petición expresa de la autoridad civil”. La revista Proceso, en su edición 1871, publicó un reportaje titulado El último parte de guerra, en el que documenta que durante el gobierno de Calderón, el envío de tropas fue una decisión unilateral del mandatario, pues ninguna autoridad estatal hizo solicitud alguna hasta 2008. El texto, basado en las respuestas a solicitudes de acceso elaboradas por el semanario, destaca que sólo ocho gobernadores de igual número de entidades solicitaron la participación de las Fuerzas Armadas en sus territorios. Entre los estados que solicitaron apoyo de militares no están, por ejemplo, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Baja California o Zacatecas, ni otras entidades donde el fenómeno de la violencia se ha desbordado y actualmente cuentan con un importante despliegue militar.