MEXICO, D.F. (apro).- El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió al gobierno mexicano poner en inmediata libertad al indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, encarcelado desde hace cinco años, así como indemnizarlo por los daños causados al demostrarse “excesos por parte de la justicia mexicana, ya que en su caso no se respetó el principio de presunción de inocencia”. En un principio, Sánchez Ramírez fue acusado en el Estado de México de posesión de armas, el 21 de julio de 2007, así como por “mantener una actitud sospechosa” y, un mes después, sin explicación alguna, fue implicado en el secuestro de dos menores. Encarcelado en el penal mexiquense del Altiplano desde 2007, Hugo Sánchez fue sentenciado en 2008 a cinco años por portación de armas y, en 2009, a 37 años y seis meses por secuestro, pese a las inconsistencias del expediente, entre ellas que las víctimas se retractaron de sus dichos, aclarando que lo hicieron por presiones policiacas. La sentencia fue confirmada en 2011, no obstante, el caso será sometido este miércoles 17 al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el transcurso del proceso, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asumieron la defensa jurídica del indígena mazahua. En mazo pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU notificó de las inconsistencias de este caso al Estado mexicano, reporte que no fue respondido por el gobierno de Felipe Calderón. Es por esa razón que el organismo resolvió, el 31 de agosto anterior, exigir la liberación de Hugo, al considerar que se encuentra recluido por delitos que no cometió. En su resolución 33/2012, el Grupo de Trabajo de ONU confirmó que “los procesos (contra Hugo Sánchez Ramírez) se desarrollaron con testimonios manipulados, invenciones, montajes fotográficos y malos tratos”. Los expertos consideraron que se violó el principio de presunción de inocencia y que los jueces “valoraron con distinto criterio las declaraciones de la parte acusadora y de la defensa, partiendo de la culpabilidad del señor Sánchez”, pasando por alto las contradicciones de los agentes aprehensores e ignorando las declaraciones coincidentes de Hugo y sus coacusados. “Con el ánimo de culpar al señor Sánchez Ramírez, la autoridad ministerial fabricó pruebas y la autoridad judicial desconoció los derechos a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada”, se destaca en la resolución del grupo de ONU. También consideró que el caso “acredita la práctica irregular de proceder a la detención arbitraria de una persona de escasos recursos económicos o pertenecientes a sectores vulnerables de población, particularmente indígenas”, además de que se demuestra “una obstaculización sistemática de la defensa del señor Sánchez Ramírez y una aplicación de estándares y criterios de manera notoriamente desigual entre las partes”. El grupo de expertos de la ONU señaló que ante la evidente fabricación de delitos contra Hugo Sánchez Ramírez y la ausencia de respuesta del Estado mexicano, determinó que su detención es arbitraria, debido a que se violó su derecho a un juicio imparcial. Debido a ello, determinó que el Estado mexicano debe “disponer la inmediata liberación del afectado, eliminando toda referencia en los documentos oficiales del Estado de la condición de sentenciado para todos los efectos legales y administrativos”. Además, el gobierno de Calderón deberá “reparar todos los perjuicios materiales y morales sufridos por el afectado, mediante una razonable indemnización”.