La guerra antinarco, el gran fracaso de Calderón

Rubén Aguilar y Jorge Castañeda formaron parte de la nómina del gobierno federal panista, uno como vocero de Vicente Fox y otro como el primer canciller de su sexenio. Después, durante el gobierno de Felipe Calderón, se convirtieron en críticos de las políticas públicas, en particular de la guerra emprendida por el todavía Presidente contra el narcotráfico, primero en su libro El Narco: la guerra fallida (2009) y en estos días con su nuevo volumen, Los saldos del narco. En este último, un adelanto del cual ofrecemos con autorización del sello Punto de Lectura, de la editorial Santillana, los autores apoyan con nuevos datos y con información actualizada su tesis: la guerra contra el narco no tuvo ningún sustento y resultó un fracaso, Calderón la emprendió para legitimarse y la debacle electoral del PAN tuvo su origen en la desaprobación mayoritaria a su política en materia de seguridad.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace cuatro años escribimos El narco: La guerra fallida (2009). En él mostramos, a partir de los datos ofrecidos por el gobierno y los organismos internacionales, que los argumentos utilizados por el presidente Felipe Calderón para justificar la guerra en contra del narcotráfico no se sostenían. Planteamos que la razón fundamental para iniciar su cruzada fue política; se propuso lograr la legitimación, supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de las batallas en las calles y las carreteras.

Este nuevo texto analiza el saldo de la guerra de estos seis años y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico. Se presenta también una revisión y puesta al día (hasta agosto de 2012) de las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los asesinatos, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.

El presidente Calderón decretó la guerra al narcotráfico a través de una cadena nacional de televisión el 11 de diciembre de 2006, tan sólo 11 días después de asumir el cargo. Su estrategia contradecía la tendencia mundial que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfocar el problema desde el ámbito de la salud pública. Hoy, seis años después, cada vez son más los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de la guerra es un fracaso, que no se puede ganar y los costos de librarla son descomunales.

Debió ser evidente para el presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se han planteado la necesidad de una guerra como la que él propuso, y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios. A pesar de ello, y de que en México el consumo de drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra y anunció que de esta forma lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.

Al concluir su sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver. Como lo anunciamos en El narco: la guerra fallida, la guerra resultó un fracaso. (…)

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Cuando Calderón asumió la presidencia, las estadísticas nacionales e internacionales señalaban que el país vivía la menor violencia de su historia (sólo ocho homicidios por 100 mil habitantes); después de la guerra, este nivel se incrementó. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2007 hubo 8 mil 867 homicidios y, en 2011, 27 mil 199. Así, el número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes pasó de 8.5 en 2007 a 24 en 2011, creció más de tres veces. La media mundial es de 8.8 homicidios por 100 mil habitantes y México estuvo por debajo entre 2005 y 2007. El total de los homicidios en los primeros cinco años de gobierno llegó a 95 mil 659, pero si a éstos se suman los que tendrán lugar en 2012 (es previsible una cantidad semejante a la de 2011) el total ascendería a 122 mil 858. Obviamente, no debe confundirse esta cifra con la de ejecuciones vinculadas de forma directa con el crimen organizado.

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El presidente se comprometió a bajar los niveles de consumo de las drogas a pesar de que esto no era un problema entonces y tampoco lo es ahora. Él conocía los datos –son de dominio público– que señalan a México como un país de bajo nivel de consumo. Las estadísticas nacionales e internacionales aseguran que seis años después así se mantiene. Un dato sitúa con precisión esta realidad: los estadunidenses que alguna vez en su vida han probado alguna droga ilícita (incidencia) constituyen 42% de la población; de los mexicanos sólo era 5.5% en 2010, cuando la media mundial es de 7.8%. Para ubicar el problema, baste decir que la incidencia de México en 2002 era de 4.6%; en ocho años aumentó únicamente en 1.1%.

El consumo de algún tipo de droga ilícita en el último año (prevalencia) en México es de sólo 1.5%, contra 4.2% de la media mundial. Aquí la distancia con otros países es todavía mayor. Lo mismo sucede con los niveles de adicción, que se mantienen muy bajos, como lo reporta la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), muy inferiores si se comparan con los de Estados Unidos, Europa y los países de América Latina. Las adicciones en México rondan el 0.6%, mientras que en Estados Unidos es de 3.0%. Una diferencia de 250%.

Ni la estrategia presidencial ni los 69 mil muertos aportaron nada en relación con la disminución del consumo, que se mantuvo muy bajo y con aumentos marginales y muy inferiores a lo que ocurre en el resto del mundo. La pregunta que vale para México es: ¿por qué no se consumen drogas? Es aquí donde faltan buenas explicaciones. A los narcotraficantes, contra el discurso oficial, no les interesa malbaratar su producto en México, que ofrece un mercado muy restringido. Su negocio sigue y seguirá siendo vender la droga en Estados Unidos. La mejor prueba de ello yace en la aparente paradoja del Distrito Federal. En el mayor mercado potencial de drogas del país, por dimensiones y nivel de vida, no aparece el narco: ni colgados, ni decapitados, ni derecho de piso, ni retenes, ni ejército en la calle.

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El total de la producción de drogas en México vale alrededor de 8 mil millones de dólares anuales, según el gobierno del presidente Calderón, una tercera parte del monto de las remesas. Esto representa entre 0.7 y 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB), que asciende a un billón 400 mil millones de dólares. Es una cantidad muy menor para el tamaño de la economía mexicana, pero sobre todo para haber desatado una guerra que ha costado 69 mil muertos. No existe ningún indicador de que, como resultado de ésta, se haya reducido la producción de mariguana, heroína y anfetaminas. Los datos de los gobiernos de México y Estados Unidos indican exactamente lo contrario.

De no haberse desatado la guerra, la producción (mariguana, heroína y metanfetaminas) para el mercado de Estados Unidos se hubiera mantenido básicamente igual. Pues es la ley de la oferta y la demanda la que incentiva o deprime la producción. Si los estadunidenses ahora consumen más mariguana –son prácticamente autosuficientes–, metanfetaminas y heroína, habrá productores que se arriesguen, en razón de los altos precios que pagan los consumidores, para satisfacer su demanda. Un estudio financiado por The National Institute on Drug Abuse (NIDA) señala que alrededor de 40% de los estudiantes de secundaria admite haber consumido alguna droga ilícita en el último año (prevalencia), frente a 30% de hace dos décadas. La investigación también sostiene que sólo 29% de los estadunidenses piensa que el consumo de drogas es un problema extremadamente grave o muy grave, el porcentaje más bajo en los últimos 10 años. Las drogas dejaron de ser un problema relevante para esta sociedad cuando, a partir de los noventa, logró aislar el consumo de hechos violentos. Es evidente que, más allá de los discursos, existe una permisividad creciente de la población y las autoridades estadunidenses al consumo de las drogas.

La “afición” a la cocaína se ha reducido en Estados Unidos, pero no a consecuencia de la guerra, sino a raíz de cambios culturales y de hábitos en los consumidores. Hoy Europa y Estados Unidos consumen la misma cantidad de coca, un poco más de 300 toneladas anuales cada uno, que aún es demasiado. Ese mercado representa 50% del total global. La demanda estadunidense continúa siendo muy poderosa y los precios muy elevados. Eso provoca, con o sin guerra, que siempre exista quien se arriesgue para llevarla a ese mercado, de suyo tolerante. Si un día se acaba la demanda, cosa que no va a suceder, se termina el trasiego. Mientras, con o sin guerra, continuará. La responsabilidad no es del gobierno mexicano, sino de los consumidores y las autoridades estadunidenses.

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Si el presidente Calderón pensó que la estrategia de guerra le iba a legitimar y generar simpatía personal a él, a su gobierno y a su partido, no fue el caso. El Partido Acción Nacional (PAN), el partido del presidente, sufrió una derrota desastrosa en la pasada elección en la que fue desplazado hasta la tercera posición. Este resultado se asocia en buena medida al rechazo de la ciudadanía a la guerra. La mayoría de los ciudadanos ha terminado por oponerse a la estrategia y asumir que los narcotraficantes ya ganaron la partida emprendida por el gobierno. Hay también acuerdo mayoritario en señalar que el próximo gobierno debe de cambiar la estrategia.

¿Qué hubiera pasado si el presidente no hubiera optado por la “guerra” con el propósito de legitimarse después del resultado electoral de 2006? De acuerdo con el fracaso de la guerra y sus saldos negativos, se podría responder que cualquier otra estrategia le hubiera resultado mejor; incluso es posible especular que, sin la carga negativa de la guerra, podría terminar su mandato mejor evaluado y su partido podría haber tenido mejores posibilidades en la disputa por la Presidencia.

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La sociedad piensa mayoritariamente que la guerra ha sido un fracaso y también que se perdió. Cuando Calderón la decretó, el país vivía la menor violencia de su historia y no había problemas con el consumo de drogas. Como lo planteamos en la introducción de El narco: La guerra fallida, “la razón primordial de ofensiva de diciembre de 2006 fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en los plantíos, las calles y las carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados”.

Los resultados muestran que la estrategia no funcionó y sí metió al país en una espiral de violencia que nunca debió haber ocurrido, que ha costado la vida a 69 mil mexicanos que no tenían porqué morir y la imagen de México en el exterior se ha deteriorado. Si el presidente Calderón al inicio de su sexenio pensó que su estrategia lo fortalecería y permitiría a su partido ganar las elecciones del 2012, fracasó. La sociedad juzgó y decidió que sea otro partido el que se haga cargo de poner fin a la violencia.

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La guerra que la presente administración decidió dar contra el narcotráfico no se puede justificar por un mayor consumo (el cual es inexistente), ni por la presión del narcomenudeo. Según las encuestas oficiales, más de 60% de los jóvenes en general y 50% de las jóvenes usaron drogas por primera vez porque se las regaló un amigo; a cerca de 20% de los hombres y a 40% de las mujeres se las dio un familiar; a 6% y 4%, respectivamente, un compañero de la escuela; y solamente 5% de los hombres, y ninguna mujer, dijo que las obtuvo de un vendedor.

Habrá, pues, que buscar las verdaderas razones de la “guerra” del gobierno contra el crimen organizado en otra parte. No existen elementos para fundarla en el consumo y la venta que se hace a los niños o a los jóvenes. Según los datos del propio gobierno, esto no ocurría, y no hay indicios de que vaya a suceder, por lo menos en los próximos años. Los números aquí reseñados, a partir de información oficial y de organismos internacionales, procuran ubicar en su justa dimensión el tamaño del problema; no desdeñan el drama personal y familiar que supone que un joven corra el riesgo de destruir su vida probando drogas; tampoco ignoran la necesidad de que el gobierno trabaje en campañas de prevención y atención de las personas, adultos y jóvenes, presas de las drogas. Simplemente aclaran las cosas.

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A lo largo de estas páginas, hemos visto cómo las principales justificaciones para la guerra del narco no se sostienen, el consumo de estupefacientes en México o bien no aumenta, o bien lo hace a partir de una base tan pequeña que los incrementos absolutos resultan insignificantes, por más que los relativos parezcan alarmantes. A propósito de la violencia, del contubernio con el crimen organizado, de la extraterritorialidad y la corrupción de las esferas políticas, policiacas y militares, tratamos de demostrar que estas situaciones no son nuevas, permanentes, ni son más graves que antes, sin que ello justifique los hechos actuales o implique una postura de brazos caídos. Ésta es la tierra de Toledo Corro, de Arévalo Gardóqui y El Búfalo, de Gutiérrez Rebollo y Mario Villanueva, y de muchos, muchos más. No nos leamos las cartas entre gitanos.

Sobre la sabiduría convencional relativa a Estados Unidos, es decir, la creencia de que el origen del mal mexicano yace en la demanda y las armas estadunidenses, buscamos explicar que en parte se trata de medias verdades, en parte de sueños guajiros. La importación de armas a México desde el norte no es una explicación, ni mucho menos una causa, de la violencia en nuestro país. Las armas provienen de todas partes, y países sin frontera con Estados Unidos padecen niveles de violencia muy superiores a los que rigen en México, niveles que en los últimos dos decenios y hasta 2007 habían descendido notablemente, de acuerdo con las cifras del propio gobierno. La disponibilidad de armas en el mundo, y en Estados Unidos, es una constante, no una variable. Tal vez el poder de fuego de dichas armas haya aumentado en tiempos recientes, pero no son nuevas la Segunda Enmienda a la constitución norteamericana, que garantiza el derecho a portar armas, ni la fuerza cabildera de la Asociación Nacional del Rifle, ni es posible el regreso al status quo antes de 1994, cuando no existía el Assault Weapons Ban.

No ha caído, ni existe razón alguna para creer que caiga, la demanda estadunidense de sustancias ilícitas, que se ha mantenido estable durante casi medio siglo, a pesar del número incalculable de lamentos mexicanos de que la culpa la tienen los “pinches gringos mariguanos”, ni a pesar del número igualmente incalculable de exigencias mexicanas para que los estadunidenses reconozcan su “responsabilidad” –algo que siempre han hecho, sin consecuencia alguna–. De allí no sólo el carácter inviable de exigir una reducción de la demanda, sino el rechazo al carácter deseable de dicha aspiración por parte de los sectores más progresistas, y cada vez más numerosos, de la sociedad estadunidense. A las preguntas obvias (¿A poco el gobierno no sabía todo esto? ¿Entonces, por qué procedió como lo hizo?) respondimos desde el principio: por motivos políticos, producto directo de la supuesta necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores.

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