MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles respaldaron la propuesta de dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), sin embargo, demandaron modificar el proceso de nombramiento de los comisionados para que deje de ser una facultad del presidente de la República. Al presentar un “análisis pormenorizado” de la propuesta de reforma en materia de transparencia y acceso a la información que se discute en el Senado, las organizaciones propusieron que los aspirantes a ocupar un lugar en el IFAI acrediten la especialización en la materia a través de una evaluación elaborada por un ente externo y que sea el Poder Legislativo el que valide a las personas que integrarán el órgano garante. La iniciativa que propuso el presidente electo Enrique Peña Nieto, a través de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, no contempla ninguna modificación en la selección de los comisionados. La actual legislación establece que el titular del Ejecutivo propone al Senado a los aspirantes a comisionados y éstos son ratificados y objetados por la Cámara alta. La propuesta fue entregada a las comisiones dictaminadoras de la iniciativa. La firman organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México Infórmate, Artículo 19, GESOC, Cultura Ecológica, el Centro de Contraloría Social del CIESAS y el Colectivo por la Transparencia, entre otros. Asimismo, se pronunciaron en contra de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe estar exenta de ser revisada en sus resoluciones por parte del IFAI, “ya que el artículo sexto constitucional es claro al precisar que el órgano garante en materia de transparencia obliga a todos los poderes, incluido el máximo tribunal del Poder Judicial”. Dijeron que es fundamental evitar retrocesos en materia de transparencia, por lo que la reforma debe garantizar que las resoluciones del IFAI sigan siendo definitivas e inatacables para las autoridades. “En este sentido nos oponemos a que la administración pública federal, a través de la Consejería Jurídica, o los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, y de los órganos autónomos, puedan presentar recursos para controvertir las resoluciones del IFAI, en materia de seguridad. La experiencia del actual sexenio da cuenta de la falta de transparencia en dicha área y los argumentos para clasificar información no se sustentan en su mayoría cuando son revisados por el órgano garante”. En cuanto a la facultad que se busca otorgar al IFAI para que revise las decisiones de los órganos garantes locales, consideramos que el Senado de la República debe ser cuidadoso al otorgar esta facultad a dicho órgano, pues podría colapsar su trabajo. “Por ello, proponemos que se atienda el problema de fondo relativo a la actuación deficiente de dichos órganos, mediante su fortalecimiento a través de los siguientes aspectos: 1) dotarlos de autonomía de gestión y presupuestaria; 2) asegurar un proceso de nombramiento de sus comisionados y comisionadas que garantice su especialización e independencia política frente a los poderes públicos; 3) garantizar presupuesto suficiente para el ejercicio de sus funciones; 4) dotarlos de facultades para promover la cultura de la transparencia entre la población de manera efectiva; 5) capacitar a los servidores públicos para que cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información y, 6) con base en ello, vigilar y evaluar que los sujetos obligados, efectivamente cumplan con estas obligaciones. “En el análisis encontramos que hay marcos normativos que deben ser modificados a través de la reforma constitucional como el Código Fiscal de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Minera, pues son opuestas a varios de los preceptos que se encuentran establecidos en el artículo sexto de la Constitución”, señalaron. “Es necesario incorporar un principio constitucional para que los que los sujetos obligados a publicar información, también tengan la obligación de generar aquella que les corresponde generar en el ejercicio de sus atribuciones. Este punto es de especial preocupación para las organizaciones, pues las declaratorias de inexistencia de parte de los sujetos obligados a nivel federal han ido aumentando considerablemente en los últimos años.