MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Integrantes de El Barzón protestaron esta mañana a las puertas de la embajada canadiense por el asesinato del dirigente de la organización en Chihuahua, Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís, quien una semana antes de su muerte fue golpeado por empleados de la empresa minera canadiense Mag Silver, a la que constantemente señalaba por sus operaciones irregulares. Los manifestantes instalaron un altar de muertos afuera de la sede diplomática, colocaron fotos, carteles y rodearon las rejas con un papel en el que dejaron huellas de manos pintadas de rojo, mientras exigían al gobierno canadiense que vigile la actuación de las empresas mineras en México. En la Ciudad de México, los integrantes del movimiento campesino señalaron que la compañía asentada hace seis años en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo, y ha seguido operando a cielo abierto a pesar de que la asamblea ejidal le había negado el permiso de exploración. El barzonista chihuahuense Martín Solís Bustamante pidió a las autoridades que investiguen si la razón del asesinato fue por la lucha que Solorio sostuvo en contra de la minería a cielo abierto o por la defensa del agua en la región noroeste de Chihuahua, que ha sido sobreexplotada en complicidad con autoridades federales. En un comunicado, señalaron que con sus actividades la minera canadiense y su subsidiaria Cascabel violan leyes ambientales como la NOM 120 de la Semarnat, o la que prohíbe la perforación de pozos por abajo del nivel freático y la que exige el estudio de vulnerabilidad acuífero. Asimismo, señalaron que viola la legislación agraria. Solorio y su esposa fueron asesinados el 22 de octubre, una semana después de que los barzonistas y defensores de derechos humanos denunciaron en el Palacio de Gobierno de Chihuahua que alguno de ellos podría ser asesinado por el conflicto por el agua y en contra de la minería. Un día antes, en conferencia de prensa, el líder nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió castigo a los responsables del crimen, protección a la familia de Solorio y a los miembros estatales de El Barzón, la apertura inmediata del río Del Carmen, la clausura de pozos ilegales de agua, el cierre de la minera, castigo a los funcionarios implicados en la corrupción y que el gobernador César Duarte cumpla sus compromisos con las familias y líderes campesinos.