El titular de la Conade, Bernardo de la Garza, y un grupo de amigos y colaboradores se valen de ardides para burlar las leyes y obtener beneficios personales. Una de estas tretas consiste en crear fideicomisos con estados de la República urgidos de recursos para infraestructura deportiva a los que se les canalizan sumas millonarias, con lo cual se evita el subejercicio presupuestal y el retorno de estos recursos al erario. También es frecuente que el máximo órgano deportivo asigne jugosos contratos sin las licitaciones de rigor. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde que Bernardo de la Garza se encuentra al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), esta dependencia ha operado con graves irregularidades en materia de infraestructura deportiva que violan diversas leyes y reglamentos. Entre los ordenamientos que no se respetan están la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el Presupuesto de Egresos de la Federación y las Reglas de Operación del Programa Deporte. En 2009 la Conade transfirió 446.8 millones de pesos a diversos fideicomisos públicos estatales que se crearon por iniciativa de De la Garza, con el fin de utilizar recursos subejercidos. Los montos, en millones de pesos, se distribuyeron de la siguiente manera: Jalisco 161.8, Veracruz 100, Tamaulipas 76.5, Puebla 37, Hidalgo 25, Baja California 10, Sinaloa 10, el Estado de México 10, Durango 10, Guanajuato 5 y Guerrero 1.5. Lo anterior representa una violación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento así como al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, que claramente indica que las dependencias y entidades del sector público no pueden constituir fideicomisos públicos para evitar el subejercicio de recursos. Para lograr su cometido De la Garza y sus colaboradores –entre ellos el exsubdirector general del Deporte de la Conade, Jaime Gutiérrez Jones, y su amigo Manuel Portilla, actual subdirector de Cultura Física– se aprovechan de que a los estados les urgen recursos públicos para infraestructura deportiva, por lo que aceptaron constituir fideicomisos públicos con tal de obtenerlos. Los fideicomisos han carecido de supervisión y seguimiento por parte de la Conade, a pesar de que este organismo está obligado a vigilarlos como lo marcan la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Para justificar su incumplimiento la dependencia argumenta que cuando los recursos ingresan al patrimonio de un fideicomiso la responsabilidad recae en su Comité Técnico. No obstante la Conade forma parte de dichos comités, además de que la ley marca que los recursos nunca pierden su naturaleza pública y federal, por lo que deben ser auditables. Aunque dichos fideicomisos fueron creados exprofeso para la construcción de infraestructura deportiva, en muchos casos los recursos federales se han utilizado para comprar equipo deportivo y financiar eventos. Además se omitido procesos licitatorios y se han adjudicado obras de manera directa, lo que contraviene la Ley de Obras Públicas que rige la aplicación de ese dinero. Un ejemplo. Entre el 30 de septiembre y el 30 de diciembre de 2010 la Conade transfirió recursos para la ejecución de 20 obras que no contaban con expedientes técnicos o estaban incompletos, y no habían sido validados por la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos (CNAJ) de la Conade. De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Deporte no se puede autorizar la transferencia de recursos federales hasta que la CNAJ valide la documentación que presentan los estados. En el caso de esas 20 obras, en el Convenio de Colaboración en Materia de Infraestructura Deportiva que se firmó –y de acuerdo con la normatividad–, se estipuló que los recursos federales debían ser usados antes del 31 de diciembre de 2010 y los trabajos terminados en esa misma fecha. Desde el punto de vista técnico es imposible que en menos de 90 días los estados o municipios cumplan con los requisitos que marca la ley. Son los que a continuación se detallan: 1) Presentar solicitud de apoyo para obra pública o equipamiento deportivo por escrito; 2) requisitar la cédula de datos del proyecto. En caso de proyectos en la modalidad de coinversión se deberá establecer el monto y la calendarización del mismo; 3) disponer de un predio con las dimensiones requeridas, que sea propiedad del estado o municipio o contar con los derechos de propiedad o en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos; 4) elaborar una justificación mediante la cual se expongan las razones del por qué se elige el proyecto a apoyar y la problemática a resolver con su ejecución y 5) presentar el expediente técnico el cual deberá contener: carátula, croquis de localización, reporte fotográfico, presupuesto, resumen de presupuesto, programa de obra y proyecto ejecutivos –planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, espacios equipamientos, etcétera– los cuales deberán considerar accesibilidad universal y los equipamientos necesarios para personas con discapacidad.   Triangulación de recursos   Un ejemplo claro de cómo se realiza al vapor el otorgamiento de recursos federales es la Mega Unidad Deportiva de Alto Rendimiento San Martín Texmelucan, en Puebla. La Conade transfirió 30 millones de pesos el 19 de octubre de 2010 con recursos del programa Bicentenario. Ni siquiera se firmó el convenio, pero como el dinero corresponde al ejercicio fiscal 2010 la obra debería estar lista y los recursos ejercidos a más tardar el 31 de diciembre de ese año; es decir, en 70 días. Sin contar con el expediente técnico la Conade transfirió ese dinero. No hubo licitación; las constructoras fueron contratadas con la condición de que compraran los materiales en Grupo Santa Julia, propiedad del entonces alcalde Noé Peñaloza; no se diseñó un proyecto ejecutivo y el predio –ubicado entre sembradíos– ni siquiera es propiedad del municipio (Proceso 1799). Sin haber cumplido con los requisitos mínimos la Conade transfirió esos 30 millones de pesos, lo cual representa una falta grave a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y daño al erario. En todos los casos, los funcionarios que firmaron la transferencia de recursos fueron Jaime Gutiérrez Jones, a quien De la Garza despidió en marzo pasado; la subdirectora general de Administración, Alma Rosa Cañez Rivera y la coordinadora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Fabiola González Robledo. Para que la Conade pueda transferir recursos a sus “clientes”, es decir, estados, municipios, federaciones deportivas, asociaciones civiles, etcétera, debe apegarse a las Reglas de Operación del Programa Deporte, lineamientos elaborados por la propia dependencia y que autorizan las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía, entre otras entidades públicas. Esas reglas se publican en el Diario Oficial de la Federación junto con el Presupuesto de Egresos de cada año y son de cumplimiento obligatorio para quienes reciben recursos y para los funcionarios de las dependencias gubernamentales que los otorgan. A fin de evadir las Reglas de Operación, De la Garza ha triangulado recursos; es decir que ha condicionado la transferencia de recursos de los Programa de Infraestructura Deportiva Estatal y Municipal, así como del Bicentenario, a que los beneficiarios (los estados) adjudiquen de manera directa al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad del gobierno federal que durante el sexenio de Felipe Calderón ha adjudicado de forma directa obras por miles de millones de pesos, entre ellas la Estela de Luz. No hay alternativa: el estado que quiera recursos federales para infraestructura deportiva deberá operarlos con Fonatur. Esta imposición ha molestado a muchos de los beneficiarios ya que este organismo no sólo ha dado mal servicio, sino que ha subcontratado a las empresas que Bernardo de la Garza les indica; de tal suerte que los procesos licitatorios son obviados y las empresas locales no pueden participar en la construcción de la infraestructura deportiva de sus estados (Proceso 1801).   Complicidades   Una de las obras que se realizó con Fonatur fue la del Polideportivo Bicentenario de Ciudad Victoria para la cual Conade transfirió por lo menos 130 millones de pesos. De manera discrecional y atendiendo compromisos personales, De la Garza autorizó ese monto para Tamaulipas. El titular de la Conade mantiene una estrecha, cordial y pública relación con el director del deporte de la entidad, Enrique de la Garza (expresidente de la Primera División A de la Federación Mexicana de Futbol y también expresidente del equipo Correcaminos). Obviamente, Fonatur contrató directamente a las empresas constructoras para la ejecución de ese magno proyecto. Hasta mediados de 2011 la Conade había transferido alrededor de mil 800 millones de pesos para la construcción de infraestructura deportiva en estados y municipios; sin embargo en la mayoría de las obras no existe seguimiento puntual para constatar que se construya lo convenido, así como su calidad y oportunidad. Hay obras que llevan varios ejercicios fiscales en ejecución y no han sido concluidas. En otras tantas no se tiene la certeza de que se hayan realizado. En el caso del programa Todos Somos Juárez, implementado tras la matanza de Villas de Salvárcar en enero de 2010, se planeó la construcción de un campo de futbol americano de pasto sintético para el CBTIS 128. Fonatur adjudicó la obra de manera directa a una empresa que se gastó 25 millones de pesos, monto que rebasó en 100% el costo de mercado de una obra similar. La Conade licitó directamente estas obras con recursos del capítulo 6000, cuya finalidad es la ejecución de obras y remodelaciones en inmuebles propiedad de la propia dependencia (Proceso 1801). Sin embargo los predios en los que se construyó el campo deportivo son propiedad del municipio de Ciudad Juárez. Lo anterior viola varias disposiciones en materia presupuestaria.