MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) fue reconocida el fin de semana en Tijuana, Baja California, con el premio “Tata Vasco”, que otorga el Sistema Universitario Jesuita. El reconocimiento fue gracias a su labor, durante más de tres años, para documentar decenas de abusos cometidos por las fuerzas armadas en Baja California. En entrevista, Raúl Ramírez Baena consideró que el premio es un reconocimiento a la labor que, contracorriente, realizan los defensores de derechos humanos en Baja California, donde hay un ambiente social contrario a las garantías fundamentales”. En Baja California, agregó, se maneja el discurso de que los promotores de los derechos humanos sólo defienden a delincuentes. Fundada en 2004 y presidida por Raúl Ramírez Baena, exprocurador de Derechos Humanos de la entidad, la organización ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la defensa del pueblo indígena Cucapá; y a partir de 2009 se enfocó en la documentación y litigio de casos de tortura vinculados a arraigos en cuarteles militares. De 2009 a la fecha, la CCDH ha documentado 34 casos,  con 165 víctimas, de las cuales 70% refirieron torturas y en 70.6% de los expedientes se señala a miembros del Ejército como violadores de derechos humanos. La CCDH  y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) iniciaron en 2009 un proyecto para documentar jurídicamente la relación arraigo-tortura en cuarteles militares. En noviembre de ese año, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron cuatro casos paradigmáticos que involucraban a 42 personas, de ellas 36 eran policías municipales de Tijuana y dos policías ministeriales. “Con todas las reservas del caso, cabe aclarar que los asuntos más graves que hemos abordado se desarrollaron durante la gestión del general Alfonso Duarte Múgica, primero como comandante de la II Zona Militar, y después como responsable de la II Región Militar; cuando Duarte estuvo en la II Zona, coincidió su gestión con el teniente coronel Julián Leyzaola, quien era secretario de Seguridad Pública de Tijuana”, comentó Ramírez Baena. En el informe que la CCDH presentó al Sistema Universitario Jesuita refirió en ese sentido que el “Mando Único Policial en Baja California corre por cuenta del mando castrense de la II Región  Militar. Quizá por ello existen registros de que cuando la ciudadanía llama al teléfono de emergencia 066 para reportar acciones militares presuntamente ilegales en vía pública o en domicilios de ciudadanos el C-4 estatal tiene instrucciones de no intervenir”. El entrevistado acotó que además de la sumisión de las corporaciones civiles ante las fuerzas armadas, la ciudadanía ve con buenos ojos la presencia de los uniformados y, por ello, “tolera las detenciones arbitrarias, los allanamientos, las torturas y demás agravios, aceptando el argumento falaz de las autoridades de que los agraviados no son víctimas, sino delincuentes”. Es ese ambiente, en el que “los medios de comunicación locales prefieren no hacer ruido”, advirtió Ramírez Baena, es como ha trabajado la CCDH. “Hubo algunos actos de intimidación a partir de la documentación de un caso relacionado con una ejecución extrajudicial en San Felipe, que poco a poco se han ido desvaneciendo, y aunque no hay amenazas graves, lo cierto es que ese ambiente adverso a los defensores nos han inhibido como organización de derechos humanos a ser más proactivos (sic)”, apuntó. Ramírez Bahena consideró que el premio “Tata Vasco” permitirá a la CCDH visibilizar más su trabajo, y aprovechó para hacer un llamado a autoridades federales, estatales y municipales para respetar los derechos humanos. “Si la Comisión Ciudadana ganó el ‘Tata Vasco’, es porque hemos podido documentar y litigar agravios severos a los derechos humanos, lo que quiere decir que a pesar de que durante el gobierno de Felipe Calderón Baja California haya sido su modelo de seguridad, nuestros resultados como organización demuestran que las cosas no son así”, dijo el defensor.