MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercerá acción penal contra cuatro servidores públicos que presuntamente participaron en el registro irregular de 16 camionetas a nombre de Televisa, incluidas las seis que fueron aseguradas en Nicaragua. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, señaló que los funcionarios, a quienes aún no se les gira orden de aprehensión, son acusados del delito de ejercicio ilegal de servicio público, considerado no grave. Puntualizó que la documentación presentada en los módulos de las delegaciones Álvaro Obregón, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza, para realizar los trámites del registro, se hizo con copias. “Los documentos que obran para hacer los trámites son copias de los originales, entonces lo que hicimos fue confrontar las firmas y los documentos con las muestras que se tomaron a quienes se pretendía señalar como quienes realizaron los trámites, lo que no fue correspondiente con sus caligráficas hechas por los peritos. “Consecuentemente se determinó que esas firmas no correspondían a ellos (representantes legales de Televisa), sino a dos personas ajenas, que hasta el momento se desconocen”, explicó. Según Rodríguez Almeida, los empleados del gobierno local tampoco verificaron que la persona que realizó el trámite coincidiera con la credencial de identificación que presentó para registrar las camionetas. “El problema ahí es que las personas o los operadores de las delegaciones que tienen que cerciorarse de que la persona que acude a realizar el trámite sea la misma persona de la identificación, no lo hicieron. En Setravi (Secretaría de Transporte y Vialidad) no hay ninguna persona con responsabilidad hasta el momento”, apuntó. El funcionario local indicó que el delito que se le imputa a los presuntos responsables es considerado no grave por lo que, dijo, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que determinar si tienen relación con los 18 detenidos en Nicaragua en posesión de 9.2 millones de dólares. Informó que el expediente del caso ya fue entregado a la PGR el pasado jueves 15, y esa instancia será la que investigue y defina si los servidores públicos del DF cometieron algún delito de orden federal.