Autoridades de la UACM aprueban propuesta de la ALDF para destrabar conflicto

jueves, 22 de noviembre de 2012 · 19:51
MÉXICO, D.F. (apro).- La representación del Tercer Consejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) aceptó en lo general el proyecto de resolución presentado la noche del miércoles pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para destrabar el conflicto entre autoridades y paristas. La Comisión Técnica de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, encabezada por el diputado Manuel Granados, se reunió la noche del miércoles con las dos partes en conflicto para entregarles el proyecto de resolución que incluye los dos puntos en los que había desacuerdo por parte del grupo de paristas. Los representantes del órgano de gobierno de la UACM indicaron que sólo harán algunas precisiones para que el proyecto esté en concordancia con las normas internas de la institución. En el documento se establece la conformación del Tercer Consejo Universitario con la totalidad de sus integrantes, respetando en todo momento los derechos de los consejeros, incluidos los que se encuentran en procedimientos de amparo. Además, reconoce la legalidad de la instalación del Consejo Universitario, toda vez que varios de sus acuerdos deberán ser analizados para que sean ratificados o, en su caso, revocados por el propio Consejo. Propone la celebración de una sesión extraordinaria para la conformación del Consejo Universitario en la que se integren a las actividades los consejeros que no han sesionado. Asimismo, considera la integración una comisión plural para la entrega de los planteles con representantes del Gobierno del Distrito Federal y de la ALDF. Precisa que la entrega recepción de las instalaciones tendrá lugar al término de la sesión extraordinaria. Justo este punto es uno en los que la representación del Consejo Universitario realizará precisiones que entregará por escrito a la Comisión de Gobierno en el transcurso del día. En concreto, los consejeros piden que la sesión extraordinaria se realice de acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo Universitario. Entre otras precisiones, también solicitarán que se incluyan garantías de legalidad para que la elección de consejeros vacantes se realice en condiciones de equidad. Los representantes del Tercer Consejo, señalaron que para evitar especulaciones sobre el proyecto de resolución, del que hay varias versiones, tomaron como referencia el que leyó el miércoles por la noche el diputado Eduardo Santillán, documento que incluye la versión estenográfica de la sesión con la Comisión de Gobierno. En tanto, estudiantes que apoyan el paro de labores acudieron la mañana de este jueves a las oficinas de la UNESCO, para pedir la intervención de la directora general del organismo en México, Irina Bokova para que interceda ante el gobierno de la ciudad. Los paristas entregaron un documento en el que culpan al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de haber sometido a la UACM a un “lento proceso y ahogo presupuestal” que ha comprometido su crecimiento y hasta su existencia. Una comitiva de alrededor de 30 paristas fue la encargada de entregar a la representación de la UNESCO en México el documento en el que piden su intervención para pedir al jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a la ALDF hacer todo lo que esté a su alcance para salvaguardar el proyecto original de la UACM. Asimismo, le solicitan que pida al Gobierno del Distrito Federal no echar mano de la fuerza pública para resolver el conflicto. Sobre este particular, el secretario de Educación del Distrito Federal, Salvador Martínez Della Rocca, aseguró que el gobierno de la ciudad no usará la fuerza pública en el conflicto con la UACM. En entrevista con Radio Fórmula, Della Rocca llamó "injustos" a los paristas por acusar al actual jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, de estar detrás del conflicto. Añadió que los paristas tampoco tienen derecho a acusar a Mancera de querer hacer uso de la fuerza pública para poner fin al conflicto sólo por haber declarado que no descarta una “solución institucional” si el conflicto trasciende a su administración.

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