MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar del cúmulo de quejas recibidas a lo largo del sexenio por la sistemática violaciones de los derechos fundamentales por parte de las Fuerzas Armadas y las distintas corporaciones policiacas del país, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, mantuvo una actitud dócil, condescendiente, con el presidente Felipe Calderón. A escasos siete días de que el mandatario panista deje los Pinos, el ombudsman nacional se destapó y en dos días consecutivos lo ha tundido. Ahora, Plascencia aseguró que Enrique Peña Nieto heredará un país con una “involución en derechos humanos”. Entrevistado en la ciudad de Tlaxcala, al término su participación en el 36 Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), donde dicto una conferencia magistral, el titular de la CNDH dijo que esa “involución en derechos humanos” se explica por la falta de resultados del área de seguridad pública, misma que se vio involucrada en casos de violaciones en la materia. El único logro de las distintas fuerzas de seguridad pública, acotó, fue el incremento exponencial de casos de tortura, tratos crueles, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, una crisis y autogobierno en los penales, además de la fuga de 600 reos. "Lamentablemente en estos últimos seis años se dieron incrementos exponenciales en materia de violaciones a derechos humanos, es una muestra lamentablemente, pues hubo una involución en el tema de derechos humanos, en lugar de avanzar, de que hubiera mejor desempeño por parte de los servidores públicos, fue un retroceso en la materia", deploró. Sin embargo, el panorama que describió este viernes el ombudsman nacional, a unos días de que Calderón entregue la Presidencia, ya había sido expuesto por diversos activistas y organizaciones, entre ellas Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros Sin Fronteras (RSF). El 25 de noviembre de 2011, el abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra Calderón y parte de su gabinete de seguridad, queja respaldada con más de 23 mil firmas, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada. En México, aclaró Sandoval, “existe un vacío legal que nos obliga a actuar a nivel internacional para denunciar situaciones como las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones que van más allá de un simple asesinato”. Ese clima de violencia generalizada, abundó en ese entonces, ha dejado en los últimos cinco años “más de 50 mil muertes, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”. Meses más tarde, en julio de este año, Calderón dijo en una entrevista publicada por El País que no temía ser llevado a la Corte Penal Internacional de La Haya. “No, porque hemos actuado en todo momento con escrupuloso respeto a la ley. Ha habido una gran cantidad de homicidios en México, que por supuesto lamentamos, pero los que cometen esos homicidios son los criminales. Creo que la irresponsabilidad de un gobernante hubiera sido no haber actuado. “Por otra parte, seguramente debe haber habido violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Pero éstas han sido, excepcionales, no sistemáticas. “De los miles y miles de operaciones que realizan las Fuerzas Armadas, los casos que se han llegado a denunciar son significativamente excepcionales. Y de los denunciados, según datos de la propia CNDH, probablemente sólo 1.5% o 2% de las quejas han derivado en recomendaciones con fundamento”, minimizó Calderón. No obstante, a principios de este año, HRW denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido diversas violaciones de derechos humanos y que los militares aún gozan de impunidad en esos casos. En esa ocasión, la directora de comunicación de HRW, Emma Daly, explicó a la agencia EFE que Calderón está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, subrayó Daly. En respuesta, el gobierno federal rechazó los señalamientos de HRW sobre supuestas violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad en el país. Días después, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo al presentar el informe anual de la organización en Washington que el próximo gobierno de México debe revisar la estrategia contra el crimen organizado, “pues me parece que no está funcionando”. De los más de 45 mil muertos que hasta principios de año ha dejado la lucha contra el narcotráfico, detalló Vivanco, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha reclamado jurisdicción en 997 casos y sólo se han producido 22 condenas. “No entendemos cómo el gobierno federal sigue sosteniendo públicamente que 90 o 95% de los que mueren en México son narcotraficantes que se están matando entre sí. No sabemos como pueden sustentar una apreciación de esta naturaleza”, argumentó. Violencia contra periodistas Uno de los gremios más afectados por la violencia en el calderonismo es el de los trabajadores de los medios, agresiones que han llevado a manifestarse a decenas de reporteros y ONG para exigir la protección a este sector. Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó, el 3 de mayo pasado, que los cárteles de la droga se mantienen en la lista anual de “depredadores” de la libertad de prensa. Los narcotraficantes “no dudan en corromper a algunos responsables políticos para imponer su ley”, agregó el organismo, que destacó que “la Policía y el Ejército también tienen una gran responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión”. Más tarde, Amnistía se sumó a RSF y exigió a las autoridades brindar seguridad “eficaz” para “periodistas en riesgo y a sus familiares”. Cabe destacar que desde que Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado, en diciembre del 2006, la agresión contra periodistas fue en aumento. Los ataques a las instalaciones de los medios informativos se hicieron más evidentes y, en menos de un año, nueve periodistas murieron asesinados en Veracruz, entre ellos la corresponsal de Proceso, Regina Martínez.