BOGOTÁ (apro).- El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que el pasado lunes 19 quitó a Colombia alrededor de 100 mil kilómetros cuadrados de área marítima, tomó al país desprevenido y en medio de un exceso de confianza que transformó el veredicto en un baldazo de agua fría y una generalizada sensación de derrota. “Tenemos dolor de patria”, dijo el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, y esa frase la repiten todos los días dirigentes políticos y funcionarios públicos, cuyo desconcierto es tan evidente como el de los ciudadanos. Lo único claro es que el fallo del litigio ante la CIJ, promovido por Nicaragua, abrió en Colombia un espacio de tensión y un intenso debate en el que se escuchan voces muy disímiles: desde aquellas que piden desacatar el veredicto, aun con todos los costos diplomáticos que deba pagar el país, hasta las que demandan su absoluto acatamiento. La cifra exacta de área marítima que perdió Colombia ante Nicaragua –país que hace 11 años presentó la demanda en La Haya para adjudicarse la soberanía del caribeño Archipiélago de San Andrés y Providencia– se desconoce porque falta un cálculo oficial, pero las estimaciones preliminares de los geógrafos hablan de entre 75 mil y 180 mil kilómetros cuadrados, equivalentes a entre 8% y 19% del mar territorial del país. El catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia, Benjamín Herrera Cháves, dijo a Apro que esa zona es rica en recursos pesqueros y, según estudios geológicos, existe una alta posibilidad de que en ella existan otros recursos naturales, como petróleo y gas. Hace dos años, Colombia había concesionado a la estatal Ecopetrol y a la disuelta hispanoargentina Repsol-YPF la exploración de dos potenciales yacimientos en esa zona del Mar Caribe, aunque las licencias fueron retiradas en octubre de 2011 por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien argumentó razones ecológicas. El fallo de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (habitadas por unas 75 mil personas), y sobre los cayos de Serranilla, Bajo Nuevo, Serrana, Quitasueño, Roncador, Este-Sudeste y Alburquerque, pero modificó el Tratado Esguerra-Bárcenas suscrito con Nicaragua en 1928 y cambió los límites marítimos en beneficio de este último país, lo que tiene a los colombianos en un estado de generalizada indignación. Acatar o no El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se ha puesto a la cabeza de quienes demandan al gobierno de Santos desacatar el fallo de la CIJ, que tiene carácter de definitivo e inapelable. “Colombia debe rechazar este fallo que derrumba la soberanía de la patria. Yo prefiero que el país tenga que enfrentar fricciones diplomáticas a que acepte que una corte le quite territorio”, dijo el exmandatario, quien protagoniza una fuerte disputa política con Santos, su antecesor y exaliado. El expresidente Belisario Betancur (1982-1986) se pronunció en cambio porque Colombia acate de manera irrestricta el veredicto de la CIJ. Entre esos dos extremos se han pronunciado los actores políticos del país en medio de un debate en el que crecen las voces que exigen deslindar responsabilidades y evaluar la actuación de los gobiernos, funcionarios y equipos jurídicos que representaron los intereses del país a lo largo de 11 años de litigio. Durante ese tiempo, el Estado colombiano ha estado bajo el mando de tres presidentes: Andrés Pastrana, Uribe Vélez y Santos. En un editorial publicado el pasado miércoles 21 con el título “Cancilleres y embajadores de papel”, el diario de negocios La República consideró que “la pérdida de 180,000 kilómetros cuadrados de mar en el Caribe debe tener responsables directos. Esa rica porción de océano no la perdimos todos los colombianos, la perdieron los embajadores en la Haya, en Managua y los ministros de Relaciones Exteriores que nunca supieron jerarquizar la magnitud del problema”. Al comparecer ante el Senado para responder las inquietudes y severos cuestionamientos de los legisladores, la canciller colombiana María Ángela Holguín sostuvo que la Corte de La Haya “rediseñó la geografía y destruyó un departamento (San Andrés) y dejó a nuestros pescadores si sustento, pero este trago no lo vamos a pasar así no más, porque la resignación aquí no cabe, vamos a defender la soberanía y el derecho de los isleños a que puedan continuar de pesca, que les da sustento, y a seguir protegiendo el archipiélago”. El presidente Santos dijo que su país “rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo (la pérdida de mar territorial)” y acusó a la corte de cometer “omisiones, errores, excesos e inconsistencias que no podemos aceptar”. Exceso de confianza Para Herrera Chávez, director de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, los diferentes gobiernos colombianos que enfrentaron este litigio incurrieron en exceso de confianza porque hicieron creer al país que el fallo sería favorable y que no había nada que temer. Recordó que hace apenas unos días, el excanciller y jefe del equipo colombiano en La Haya, Julio Londoño, expresó su seguridad en que “las cosas van a salir bien para nuestro país y no puedo hacer una suposición de que el fallo vaya a ser desfavorable; esa consideración no está en nuestro inventario y el fallo necesariamente tiene que ser a favor de Colombia”. Herrera Chávez afirmó que “fue un error de este gobierno y de los dos que lo antecedieron (el de Uribe Vélez y de Pastrana) insistir en que Colombia no podía perder este litigio. Ninguno de nuestros funcionarios habló de la posibilidad de perder esta enorme extensión de mar. Ahora hay mucha estridencia, pero la verdad es que a nuestra clase política y a la elite económica de este país nunca le ha interesado el Archipiélago de San Andrés más que para vacacionar”. El experto consideró que el fallo adverso “desatará todo tipo de oportunismos políticos, y la enorme mayoría de los que se rasgarán las vestiduras nunca han hecho nada por esas islas ni por sus habitantes, que están sumidos en el abandono desde siempre”. “Lo único cierto es que Colombia debe acatar el fallo y negociar con Nicaragua un acuerdo pesquero”, puntualizó. Escenarios La canciller Holguín sostuvo que su país estudia los caminos jurídicos que podría seguir, como pedir a la CIJ una “revisión” del fallo, para lo cual debe aportar nuevos elementos, o acudir a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en busca de algún tipo de mediación que, de antemano, varios analistas han considerado inviable. La ministra dijo que también se deberán establecer los alcances regionales del veredicto y la manera en que éste afectaría tratados marítimos suscritos por Colombia con Panamá, Costa Rica y Jamaica. “Costa Rica está de nuestro lado”, aseguró, y sostuvo que otra posibilidad es que su país se retire de la jurisdicción de la CIJ “para que nunca nos vuelva a pasar algo así”. El especialista colombiano en derecho internacional, Eduardo Pastrana, afirmó en entrevista con Apro: “Lo que le voy a decir es muy antipopular aquí en Colombia, pero, para mí, este fallo es justo. Creo que la corte aplicó correctamente las normas de derechos del mar vigentes desde 1994 y determinó que Nicaragua, con 400 kilómetros de costa hacia el Mar Caribe, no puede quedar encerrado por otro Estado (el colombiano) muy distante de las islas en disputa (estas se encuentran ubicadas 775 kilómetros al noroeste de la costa Atlántica de Colombia y 220 kilómetros al oriente de la costa caribe de Nicaragua)”. De acuerdo con Pastrana, abogado y doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Leipzig, en Alemania, Colombia “no se puede dar el lujo de desconocer el fallo, eso lo puede hacer una potencia, como Estados Unidos, pero Colombia no. Aquí estamos frente a un descuido histórico de nuestras elites y nuestros gobernantes, que siempre han estado de espaldas al mar con un componente de arrogancia altiplánica. Hay que aceptar que perdimos territorio y que no nos queda ya ningún camino para recuperarlo. Dejemos de lado el patrioterismo”. El senador del izquierdista Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, dijo que el fallo es inapelable y que lo que procede ahora es hacer “un balance de responsabilidades políticas de cada uno de los tres gobiernos que tuvieron que ver con este litigio y cuyo manejo nos hizo perder un territorio descomunal con riquezas, también descomunales”. Tensión militar El especialista en derecho internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, Juan Ramón Martínez, advirtió que Colombia y Nicaragua deben hacer un esfuerzo para evitar la tensión militar en la zona en disputa. El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que su país mantiene en la zona siete unidades navales para “proteger la soberanía en las áreas asignadas (por la corte) y proteger a nuestros pescadores de eventuales abusos y provocaciones”. De acuerdo con el fallo de la CIJ, aunque Colombia perdió soberanía marítima alrededor de los cayos de Quitasueño y Serrana, estos le pertenecen y tiene derecho al libre tránsito para acceder a esos territorios. “Nosotros podemos transitar por esas aguas y nuestras naves van a permanecer en esa zona hasta que se aclaren de manera suficiente los alcances del fallo”, sostuvo Pinzón. Para el ministro, otro asunto de seguridad relevante es el del combate al narcotráfico, pues ese sector del Mar Caribe es utilizado por las mafias de la droga para el trasiego de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Sólo en el transcurso de este año, las autoridades han decomisado en el área 45 toneladas de ese estupefaciente, pero Nicaragua carece de una flota como la colombiana para el patrullaje naval. “Nosotros vamos a seguir persiguiendo al narcotráfico y a los traficantes de armas que se mueven ahí, no permitiremos que tomen ventaja de esta situación”, señaló Pinzón. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, respondió que si hay fragatas de Colombia en el territorio marítimo que ahora es de Nicaragua, deben ser retiradas en acatamiento del fallo de la CIJ, y advirtió que de parte de su país existe plena disposición a evitar que este diferendo produzca tensiones militares. El catedrático Herrera Chávez comentó que “a nadie le conviene en estos momentos poner a tocar los tambores de la guerra”.