La rendición de cuentas, sólo retórica

Entre sus eufemismos, el presidente Felipe Calderón suele decir que su gobierno se caracterizó por la transparencia real y tangible, aunque lo cierto es que ninguno de los funcionarios implicados en fraudes y actos de corrupción ha sido investigado, pese a los reclamos sociales. Al igual que en otros temas, Calderón presumía de lo que la realidad se encargaba de desmentir.

Como Vicente Fox en el año 2000 –es probable que Enrique Peña Nieto haga lo propio el 1 de diciembre próximo–, Felipe Calderón Hinojosa llegó a Los Pinos con buenos propósitos sobre la transparencia y el combate a la corrupción. A punto de terminar su administración los resultados son nulos.

Hasta ahora nadie de la élite calderonista ha sido investigado. Los escándalos de corrupción están marcados por la impunidad, mientras que los obstáculos para tener acceso a la información fueron sistemáticos durante su sexenio.

El jueves 22, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, comentó que la dependencia sancionó a más de 50 mil personas, de las cuales unas 2 mil eran de empresas que incurrieron en irregularidades y más de 9 mil tenían cargos “de director de área para arriba”.

Semanas antes, el 19 de septiembre, durante la inauguración de la Semana de la Transparencia organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), Calderón presumió que su gobierno se caracterizó por la transparencia y la rendición de cuentas. Dijo que había mucho por hacer en esa materia, pero no en su gobierno, sino en estados y municipios opacos en lo concerniente a la contratación de deudas.

En esa ocasión dos jóvenes que se identificaron como integrantes del movimiento #YoSoy132 interrumpieron su discurso y exhibieron dos camisetas con las leyendas: 80 000 muertos y Estela de Luz; también le gritaron ¡Asesino!.

Burlón, Calderón les decía que no se fueran. Elementos del Estado Mayor Presidencial los retiraron del hotel donde se realizó el acto.

Los adolescentes pusieron en la mesa dos temas: el de la ausencia de transparencia en la “guerra” de Calderón contra el narco –se desconoce el número de bajas, dijeron–; y cuestionaron el dispendio en la construcción de la Estela de Luz, obra emblemática erigida para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y que el mandatario pretendió convertir en icono de la Ciudad de México.

Entrevistado por la reportera Columba Vértiz de la Fuente, el arquitecto César Pérez Becerril, ganador del concurso convocado por el gobierno para construir un monumento conmemorativo del Bicentenario, comentó que fue excluido de la obra. Dijo que la Estela de Luz quedó sólo en 15% de la propuesta original y que se invirtieron en ella mil 36 millones de pesos (Proceso 1835).

Y aun cuando algunos funcionarios menores fueron sancionados, el gobierno federal protegió en todo momento a Alonso Lujambio Irazábal, quien como titular de la Secretaría de Educación fue responsable de la obra.

 

“Peces gorditos”

 

Durante sus seis años de gobierno, Calderón designó a tres titulares en la SFP: Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y el propio Morgan Ríos. Los dos primeros son amigos cercanos del mandatario saliente.

Los casos de corrupción más sonoros del sexenio tuvieron como común denominador la impunidad. Los expedientes ni siquiera fueron bien integrados; difícilmente se sostienen en la vía penal.

El pasado 1 de noviembre, al inaugurar la Convención Anual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Morgan Ríos expresó que estaban agarrando “peces gorditos”. La elección de los vocablos no pudo ser mejor, pues de los más de 50 mil sancionados que hubo en el sexenio, sólo 608 ocupaban cargos de dirección de área en adelante.

De esas sanciones, menos de 20% (unas 9 mil 500 personas) fueron destituciones e inhabilitaciones, aunque la estadística es engañosa. De los 5 mil burócratas federales investigados y acusados por la PGR por defraudar al Fovissste, la mayoría están siendo exonerados por los tribunales constitucionales.

Entre los “peces gorditos” están la exdirectora general de Pemex Internacional (PMI), María del Rocío Cárdenas Zubieta; el exdirector de Operaciones de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz, así como los funcionarios de Pronósticos Deportivos que arreglaron los resultados de un sorteo Melate.

Salvo este último caso, la mayoría de las investigaciones se realizaron durante el periodo de Vega Casillas en la SFP (septiembre de 2007-diciembre de 2011).

De todos los casos, el más notable es el de Néstor Moreno –“es uno de los más escandalosos actos de corrupción”, dijo Morgan Ríos–, quien fue acusado de recibir sobornos y ser dueño de un Ferrari Spider, un yate y cuentas bancarias por 33 millones de pesos.

Es probable que Moreno Díaz quede en libertad próximamente, toda vez que en un juicio constitucional demostró que la PGR no pudo acreditar que esos bienes fueran de su propiedad, menos aún que haya recibido sobornos (Proceso 1877).

Con respecto a Cárdenas Zubieta, a quien se acusa de incurrir en diferentes actos de corrupción, la SFP la destituyó e inhabilitó por causar un perjuicio de más de 23 millones de dólares a la paraestatal. Su caso está estancado en la PGR, aun cuando la dependencia no ha podido comprobarle ningún delito.

Otro caso es el de Carlos Armando Cantú Guerra, director de Administración de PMI durante la gestión de Cárdenas Zubieta, contra quien un juez federal rechazó obsequiar una orden de aprehensión en 2011 pues la fiscalía no acreditó el delito. Se desconoce si la PGR consiguió una orden de aprehensión contra Cárdenas.

Pemex ha sido objeto de múltiples señalamientos, denuncias e investigaciones periodísticas que revelan la corrupción e impunidad enquistadas en el sector desde antes del sexenio calderonista. Uno de los casos más conocidos es el de los buques-tanque arrendados con sobreprecios millonarios, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la indagatoria se implicó al político panista Juan Bueno Torio, quien en 2005 era funcionario de Pemex y en 2006 se convirtió en senador. Como en los demás casos, la SFP integró un expediente administrativo en el cual se mencionaba que algunos servidores públicos serían destituidos e inhabilitados, entre ellos el veterano panista Luis H. Álvarez. Bueno Torio no fue sancionado.

En medio del escándalo y la información que difundía la SFP respecto al caso, en diciembre de 2011 a la esposa de Vega Casillas, Gladis López Blanco, se le acusó de extorsionar a concesionarios de gasolineras. Ella fue subprocuradora de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor y responsable del programa Litros de a Litro que se aplicaba en las gasolineras.

El caso ni siquiera se abrió, aunque seis verificadores fueron encarcelados. Desde la SFP Vega Casillas defendió a su mujer. En un comunicado emitido el 8 de diciembre de 2011, expuso que los señalamientos de los diputados federales, entre ellos el de Pablo Escudero, del PVEM, carecían de sustento; también advirtió que detrás de todo había un “interés político por tergiversar la verdad”.

Antes, a Vega Casillas se le asoció con una red de corrupción operada por Juan Paratore, director general de Auditoría de Obra Pública y antiguo jefe de Vega en Michoacán. Se dijo que, junto con otros panistas encumbrados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el grupo favorecía a distintas constructoras y auditaba para presionar los fallos (Proceso 1786).

Asimismo, los escándalos en los que estuvieron implicados los parientes de Margarita Zavala quedaron impunes: el de la guardería ABC del IMSS, en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 bebés a causa de un incendio. La propietaria del lugar era Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala.

Otro caso impune es el del sobrino de la cónyuge de Calderón, Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo. A pesar de ser denunciado por la ASF por contratar de manera irregular a dos empresas en el IMSS, nunca se activó el aparato de justicia en su contra.

Finalmente, el escándalo de Walmart México, que la prensa estadunidense difundió a principios de 2012 y por el cual hubo severas sanciones a la empresa en ese país, mientras que aquí no ocurrió nada. En el consejo de administración de esa firma figuran Álvaro Arrigunaga Gómez del Campo, primo de Margarita, y Enrique Ponzanelli Vázquez, cuñado de Javier Lozano Alarcón, quien actualmente es senador.

Otro cuñado de Lozano, Alberto Ponzanelli, era director de Operaciones de Comercial Mexicana cuando la empresa entró en crisis. Y aun cuando el entonces secretario de Hacienda Agustín Carstens señaló que había una lista de empresas especuladoras de divisas en 2008 –entre ellas Comercial Mexicana– se olvidó del tema. La dependencia afirmó que no existía ninguna lista, en respuesta a una solicitud de información hecha por Proceso.

En lo relativo a Pronósticos, indagado ya bajo la titularidad de Morgan Ríos, los empleados que supuestamente arreglaron el sorteo fueron inhabilitados y destituidos. Sin embargo se encuentran prófugos y se tiene conocimiento de que el caso presenta diferentes aristas que podrían implicar un revés para la acusación gubernamental.

En materia de transparencia, la SFP es una de las tres dependencias peor calificadas, de acuerdo con un estudio difundido por el IFAI en septiembre pasado. Sólo la superan en opacidad la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

La transparencia estilo Calderón

 

El 7 de septiembre de 2011, durante la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, le recordó al presidente lo que había dicho cuatro años antes en un evento similar:

“Cito: Mi gobierno seguirá por la ruta de la transparencia, porque sus ventajas y beneficios son reales y tangibles socialmente, porque la transparencia permite que la sociedad conozca, evalúe, exija el mejoramiento de las acciones del gobierno.”

La comisionada siguió: “En fechas recientes se ha dado lo que, a mi juicio, es un falso debate. Se argumenta que la transparencia vulnera la seguridad del Estado. No podemos estar de acuerdo con esta afirmación.

“Lo digo sin ambages. La fuerza transformadora del Estado y la aplicación de la ley son absolutamente ilusorias sin la transparencia y la rendición de cuentas.”

Calderón presumió que la transparencia es un logro de los gobiernos humanistas, como llama él a los gobiernos del PAN, sin reconocer el esfuerzo ciudadano del Grupo Oaxaca, antecedente de la Ley de Transparencia.

Admitió que había un debate entre transparencia y seguridad nacional. Y ordenó a todos los responsables de las Unidades de Enlace del gobierno federal que omitieran declarar reservas o litigar contra el IFAI, ni siquiera en temas de seguridad nacional.

Ni los que son ajenos a la seguridad le hicieron caso. En 2012, Pronósticos Deportivos y Condusef interpusieron amparos contra resoluciones del IFAI, en tanto que las reservas siguen.

Pero sobre todo las dependencias del gabinete de seguridad se han vuelto expertas en la opacidad. Un ejemplo: el 3 de marzo pasado se pidió por escrito a la Secretaría de Marina el nombre de sus proveedores y los contratos firmados. La dependencia respondió que los nombres no se pueden dar porque son datos personales y que no hay contratos digitales, por lo que el solicitante debía pagar más de 62 mil pesos por copias simples más gastos de envío.

Pero el 19 de septiembre Calderón dijo que debía erradicarse “la antigua y muy arraigada práctica de la opacidad y el secreto, y cambiarla por una cultura de apertura de información y de rendición de cuentas”.

Eso, según él, son los logros de su gobierno.

Comentarios

Load More