MÉXICO, D.F. (apro).- Presas de la persecución, amenazas, hostigamiento y criminalización por parte del Estado que se niega a regularizarlas, las radios comunitarias enfrentan también los embates del crimen organizado. En el más reciente estudio sobre la Situación de las radios comunitarias en México, 2011-2012, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMRC), capítulo México, señala que a sus “agresores históricos” provenientes del Estado, se ha sumado últimamente el crimen organizado. “Mediante extorsiones o amenazas obstaculiza la labor de las radios o la cobertura informativa de las mismas, obligando a varias estaciones a la autocensura en ciertos temas como medida de autoprotección”, acusa. La organización tiene documentados al menos tres casos de amenazas, directamente relacionadas con el crimen organizado en 2011. Se trata de llamadas telefónicas de extorsión o intimidaciones directas al personal o patrocinadores de las emisoras, cuya ubicación y nombre se reserva la organización por temor a represalias. No obstante, lo que más abunda en el reporte son los operativos por parte de la Policía Federal (PF), en los que destaca el uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, señala que en la emisora Xalli, de Villa del Palmar, Puebla, inspectores de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y policías federales desplegaron un amplio operativo “que incluía tanqueta y varios elementos con armas largas”, quienes pretendían desmantelar el inmueble con el argumento de que operaba sin permiso, a pesar de que contaba con éste desde febrero de 2010. Según la AMRC, de junio de 2008 a diciembre de 2011 ha documentado un “endurecimiento” en la persecución gubernamental contra las radios comunitarias que operan sin permiso. Afirma que el Estado mexicano, a través de la Cofetel, Secretaría de Gobernación (Segob) y Procuraduría General de la República (PGR), ha realizado operativos con más de 100 elementos de la PF para cerrar radios, algunas con potencia menor a los cinco watts, operadas por apenas cinco personas, entre mujeres y niños. “Estos hechos constituyen la utilización excesiva de la fuerza pública”, deplora la AMRC. Todavía peor, abunda, la Segob ha iniciado procedimientos penales contra integrantes de las radios comunitarias a petición de los concesionarios locales y grandes medios, mientras que la PGR ha integrado averiguaciones previas ilegales e infundadas y el Poder Judicial de la Federación emite las órdenes de aprehensión. La AMRC explica que el gobierno federal se basa en la legislación mexicana que permite infraccionar por la vía administrativa el uso de una frecuencia sin permiso. Los artículos 103 y 104 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión consideran multas de entre dos mil 150 a 21 mil 500 dólares, además de la pérdida “en beneficio de la Nación” de todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la operación o explotación de la emisora. Sin embargo, la organización apela a Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos (CPIDH) que afirma que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de un presunto ilícito. También sostiene que en una sociedad democrática “el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o los pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”. En ese sentido, la AMRC sostiene que la persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal “constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, y en particular contra las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, en comunidades en situación de vulnerabilidad”. La AMRC añade que esa vía es excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando las radios comunitarias han mostrado su voluntad de legalidad, “y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso”. Actualmente, se refiere en el documento de análisis, 96% de las estaciones comerciales de televisión están en manos de dos empresas –Televisa y TV Azteca—, y 80% de las emisoras de radio son propiedad de 13 grupos comerciales, lo que va en detrimento de la pluralidad de contenidos, la difusión de pensamiento propio y la recepción de opiniones diferentes. En México, sostiene, la monopolización de las frecuencias ha derivado en una “uniformidad” de sus contenidos: transmiten música, noticieros, programas hablados pero no incluyen a las voces menos favorecidas de la sociedad y los discursos de los sectores históricamente marginados. En las reformas promovidas por el Instituto Federal Electoral (IFE) el 27 de junio de 2011, mediante las que se incluía a las radios comunitarias para la transmisión de pautas electorales, la AMRC vislumbró un avance para su reconocimiento y camino a la legalización. Sin embargo, se señala en el estudio, los grandes medios, a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) “impugnaron el reglamento y emprendieron una campaña de desprestigio contra las radios comunitarias, calificándolas de radios ilegales, pirata y cómplices de la delincuencia organizada”, además de que acusaron al IFE de excederse en sus facultades. Por si fuera poco, las radios comunitarias enfrentan un obstáculo más. Las pocas que cuentan con permiso, no tienen autorizado comercializar el tiempo aire, debido a que operan bajo la figura de permisionadas, lo que dificulta aún más su subsistencia. Ni siquiera pueden acceder a la publicidad oficial. En octubre de 2009, La Voladora Radio, ubicada en el municipio mexiquense de Amecameca, y Radio Nhandía, en el corazón de la sierra mazateca de Oaxaca, solicitaron a la Secretaría de Salud que contratara publicidad oficial con ellas, pero ésta se negó con el argumento de que no cumplían con “las expectativas de difusión”. Ante la respuesta, las emisoras interpusieron demandas de amparo y lograron la atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró que contratar la publicidad oficial sólo en función de la capacidad de cobertura de los medios de comunicación “carece de razonabilidad”. El 24 de agosto de 2011, la Primera Sala de la SCJN resolvió que la Secretaría de Salud ha violentado el principio de igualdad, ya que ha negado un trato equitativo a un medio por el hecho de ser comunitario, “sin una base objetiva y razonable”.