MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron el asesinato de la líder ecologista Juventina Villa Mojica y de su hijo Reynaldo Santana Villa, ocurrido el pasado miércoles 28 en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, y exigieron su pronto esclarecimiento. Además, pidieron a los gobiernos federal y estatal poner fin a la inseguridad que priva en La Laguna y que ha provocado el desplazamiento de decenas de familias hacia el Puerto Las Ollas. En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, consideró que el asesinato de Juventina Villa Mojica es una de las muchas muertes anunciadas. Y fue así, dijo, porque "muchas de las víctimas que han sido asesinadas cobardemente, antes de ello han solicitado el apoyo del gobierno". Molina explicó que la activista, junto con su esposo Rubén Santana Alonso, iniciaron desde hace 15 años una lucha por la preservación de los bosques. Después del asesinato de Rubén Santana, el 15 febrero 2011, Juventina continuó con la lucha y "empezaron las amenazas de muerte en contra de ella y en contra de toda la población, con la clara intención de expulsarlos de ahí y tener manos libres, no solamente para explotar los bosques, sino para posteriormente cultivar droga", por lo que hoy existen prácticamente entre 20 y 25 muertes asesinados de la misma familia, declaró. Sobre el asesinato de Villa Mojica, señaló que sólo tienen la información oficial porque en esa zona no hay comunicación telefónica, y el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, le informó que a Juventina la acompañaban cinco policías adelante y cinco policías atrás, y que ante el ataque se protegieron ellos mismos. El secretario técnico de la Red Guerrerense relató que en septiembre pasado se reunieron con el secretario general de Gobierno para tratar el tema de la falta de seguimiento a los asesinatos de aproximadamente 15 personas, por lo que de 21 se incrementó a 31 el número de elementos de la Policía Estatal para proteger a toda la comunidad de La Laguna. Sin embargo, dijo que "a pesar de tanto policía", los ataques a balazos y amenazas contra la comunidad de La Laguna eran constantes, incluso comentó que a los policías los amenazaban para que se retiraran “porque iban a acabar con toda la gente de La Laguna”. Detalló que el pasado lunes 26, ante la desesperación de la gente, se reunieron de nueva cuenta con Salgado Gómez, y la propia Juventina, como líder del Comité de Desplazados, prácticamente les suplicó que agilizaran los trámites para su desplazamiento. Se acordó que el día miércoles 28 iba a realizarse el traslado provisional hacia Puerto de las Ollas, mismo día que –añadió–asesinaron a la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPC), y su hijo Reynaldo Santana Villa. Ambos fueron atacados a tiros por un comando, pese a que eran resguardados por al menos 25 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE) que estaban asignados a su seguridad desde mayo del año pasado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Protección Civil (SSPEPC), el hecho se reportó a las 13:15 horas en las inmediaciones del poblado serrano de La Laguna, al que se accede tras 12 horas en auto desde la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. En las últimas semanas, Juventina Villa había denunciado públicamente amenazas de muerte en su contra, mismas que se intensificaron luego de que el domingo 11 fueron ejecutados dos de sus sobrinos en la misma zona, caracterizada por la presencia de grupos paramilitares que disputan el control de la producción y trasiego de droga. La activista responsabilizó a un grupo de presuntos narcotraficantes encabezados por José Rauda, Orbelín Hernández, Marcelo Benítez Núñez y Saqueo Peñaloza Castillo, quienes dirigen un supuesto grupo paramilitar denominado “Los Gachupines”, que opera en los poblados de El pescado, Hacienda de Dolores y Los Ciruelos, en la Sierra Madre del Sur. La mujer afirmó que ese grupo delincuencial era protegido por el Ejército, que mantiene un retén en las inmediaciones del poblado El Durazno, considerado un punto estratégico para el trasiego de drogas y que conecta con la región de Tierra Caliente.