MÉXICO, D.F. (apro).- A unas horas de que Marcelo Ebrard entregue el gobierno a Miguel Ángel Mancera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la última recomendación a la saliente administración relacionada con la criminalización de la juventud. Al mediodía, el organismo presidido por Luis González Plascencia, dirigió al gobierno de Ebrard Casaubón otra recomendación, en este caso relacionada con la invasión de terrenos del área natural protegida de Xochimilco, acción tolerada por autoridades delegacionales y del propio GDF. La recomendación 20/2012, la última para al administración del perredista, se refiere a los abusos cometidos por autoridades de Benito Juárez, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) en agravio de 20 adolescentes y 27 adultos durante operativos antifiestas clandestinas, o de situación de riesgo por corrupción de menores. En un comunicado, la CDHDF da cuenta de que durante las investigaciones sobre operativos realizados entre marzo y junio de 2011, se demostró que autoridades policiacas y delegacionales irrumpían ilegalmente en fiestas donde presuntamente se expedía alcohol y drogas a menores de edad. En los operativos, las autoridades seleccionaban arbitrariamente a presuntas víctimas y supuestos responsables del delito de corrupción de menores, todos ellos remitidos ante el Ministerio Público, donde permanecían por varias horas sin tener contacto con familiares o abogados, y los jóvenes eran revisados médicamente contra su voluntad. Para la CDHDF, la investigación concluyó que “los operativos ejecutados para atender la supuesta venta de alcohol y drogas ilegales a jóvenes adolescentes no fueron idóneos para ubicar y comprobar que realmente existía la participación de personas en actividades posiblemente constitutivas de corrupción de menores, o para la aplicación efectiva de la normatividad en materia de funcionamiento de establecimientos mercantiles”. El ombudsman local puntualizó que pese a la promoción de los operativos y la exhibición pública de los presuntos corruptores, lo cierto es que las medidas “no fueron efectivas para la protección y atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes, por el contrario, durante el proceso de justicia fueron víctimas de una serie de tratos, abusos y opiniones públicas que generaron su criminalización”. La CDHDF consideró que los funcionarios de las dependencias capitalinas violaron los derechos a la libertad y seguridad personales, las garantías de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, el de la intimidad o vida privada, así como el principio de legalidad y derecho a la seguridad jurídica Con base en la investigación de las quejas, el presidente de la CDHDF reiteró su “desaprobación y rechazo a la decisión de las autoridades de utilizar el aparato institucional y la fuerza punitiva del Estado para atender el tema de adicciones en personas menores de edad o para declarar como resultados positivos una serie de operativos que en la realidad no buscan a ciencia cierta la protección de estas personas”. En sus recomendaciones a SSPDF, PGJDF y delegación Benito Juárez, González Placencia exigió se sancione a los funcionarios que agraviaron a los quejosos. En el último exhorto que hizo la CDHDF al gobierno de Ebrard, el ombudsman capitalino recordó que en la recomendación relativa a la tragedia del New’s Divine, donde 12 personas, nueve de ellas adolescentes, murieron en un fallido operativo policiaco en julio de 2008, advirtió la urgencia de contar con una política de atención a la juventud. En ese sentido, la CDHDF insistió en la capacitación del personal para atender a menores de edad, protocolos especializados para no lesionar los derechos de los menores, y coordinarse con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) “y, necesariamente, cuando se trate de asuntos en materia de adicciones, se deberá gestionar la participación de las autoridades del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México”. El organismo puntualizó que “los procedimientos que al efecto se instrumenten se deberán sustanciar con enfoque de los derechos del niño, por lo que se evitará cualquier acción u omisión que genere revictimización de las y los adolescentes agraviados”.