MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó el recurso legal promovido por el expresidente Felipe Calderón en contra de la Ley General de Víctimas, tras de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se desistió. Sergio Valls Hernández, ministro que habría de procesar la controversia, emitió el acuerdo por el que la SCJN se da por notificada del desistimiento que hizo de esa demanda el presidente Enrique Peña Nieto. En el acuerdo se destaca que se procede a sobreseer la controversia constitucional “por desistimiento de la parte actora”, con base en un oficio de Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero jurídico del Ejecutivo federal. La Ley General de Víctimas estaba “congelada” desde el 19 de julio pasado, en que Calderón presentó la controversia contra el Congreso de la Unión, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expedía ese ordenamiento. El polémico proyecto fue elaborado con el apoyo de diversas instituciones y organizaciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). José Narro Robles, rector de la UNAM, participó en una reunión con los coordinadores parlamentarios del Senado, en que hizo una propuesta de contenidos mínimos que debería tener esa ley. Entre ellos, destacaba que el Estado asumiera la responsabilidad con las víctimas, tanto de la delincuencia organizada como la derivada de los cuerpos policiacos, a través de la creación de un fondo de apoyo, constituido de bienes decomisados, de juicios de extinción de dominio y con recursos provenientes de donaciones particulares. Y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, hizo las últimas revisiones a través del abogado Julio Barros. Luego el Congreso de la Unión promulgó la ley en junio pasado, pero ésta fue regresada por Calderón Hinojosa con observaciones. Lo anterior causó molestia entre los legisladores, quienes argumentaron que los señalamientos se realizaron fuera de los 30 días que establece la Carta Magna. Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación, manifestó la necesidad de hacer adecuaciones a la ley, entre ellas, una reforma que elevara a rango constitucional la obligación de los tres niveles de gobierno de garantizar justicia a las víctimas. El 19 de julio el caso llegó a la Corte, con lo que la Ley General de Víctimas quedó “congelada”. Ahora, con el desistimiento presidencial y la consecuente cancelación de la controversia, se abre la posibilidad de que ese ordenamiento por fin entre en vigor, tal como lo aprobó el Legislativo.