Admite Segob que activistas y periodistas sí fueron agraviados

MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) admitió la responsabilidad de servidores públicos en algunos de los agravios que se han cometido contra defensores de derechos humanos y periodistas.

A través de Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto se declaró abierto al diálogo con las organizaciones civiles y a continuar con los trabajos para la aplicación efectiva del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas.

Durante un evento organizado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), la exdiputada local señaló que el gobierno de Peña Nieto “reconoce que los defensores de derechos humanos y periodistas sufren amenazas no sólo por parte del crimen organizado, sino también  por otros actores, entre los cuales, en algunos casos, pueden encontrarse agentes del Estado”.

Con apenas una semana de haber asumido el cargo, la expanista, quien aspiró a gobernar la delegación Miguel Hidalgo, reconoció hoy lo que la administración de Felipe Calderón negó en todos los foros, pese a las constancias presentadas por diversas organizaciones.

De hecho, una de las principales diferencias estribó en ubicar sólo al crimen organizado como “violador de derechos humanos”.

Ante la diversidad de estadísticas en materia de agresiones a defensores y periodistas, Limón ofreció elaborar, conjuntamente con las organizaciones civiles, un diagnóstico de la violencia que sufren ambos sectores.

Luego de escuchar a representantes de organizaciones civiles, Lía Limón dijo coincidir con ellos en la urgencia de esclarecer los casos de agresiones y abatir la impunidad como un “mecanismo de prevención, para que la violencia no vuelva a ocurrir”.

La nueva funcionaria informó que en este año la Subsecretaría a su cargo recibió 16 solicitudes de protección, 14 para defensores y dos para periodistas, así como seis medidas urgentes.

Asimismo, informó que en el presupuesto de 2013 hay un fondo de 41 mil millones de pesos para la aplicación del mecanismo de protección, que podría incrementar de acuerdo a las necesidades.

Previamente, Brisa Maya Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), informó que en 2012 su organización registró 212 casos de agresiones contra periodistas y 69 contra defensores, y las principales entidades donde se reportaron los actos de violencia son Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal y Guerrero.

La defensora resaltó que en ninguno de los casos registrados hay sanciones para los responsables, “lo cual es un reflejo de la crisis del sistema de impartición de justicia”.

Solís insistió en la urgencia de definir el reglamento de aplicación del mecanismo para “aminorar la impunidad y salvar vidas”.

Daniel Zappico, de Amnistía Internacional, indicó que en su más reciente informe de la organización sobre defensores de América Latina, de 300 casos documentados, 47 correspondieron a México.

“Sabemos que no son todas las agresiones que ocurrieron en América Latina y México en 2012, pero son la punta del iceberg de la crisis que estamos viviendo en este continente, donde hay más desigualdad y violencia”, apuntó el defensor.

Agnieszka Racynska, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), destacó que aunque existen distintas estadísticas sobre las agresiones a defensores, la coincidencia es la violencia contra el sector, situación que se agravó durante la administración de Felipe Calderón, apuntó.

De los registros de la Red TDT, destacó que los grupos más agredidos son los defensores de los pueblos indígenas y de los recursos naturales, así como aquellos que apoyan a víctimas de abusos militares y a organizaciones defensoras de los derechos de género. Como principales perpetradores, agregó, están los elementos de seguridad, principalmente policías y militares.

La secretaria técnica de la Red TDT añadió que la impunidad que rodea a las agresiones “es una muestra de que el Estado mexicano ha fallado en su responsabilidad de defender a los defensores y a los periodistas, y las agresiones siguen ocurriendo”.

Y luego de manifestar que Felipe Calderón dejó una “deuda enorme con la sociedad civil”, Agnieszka Racynska dijo a Lía Limón que los defensores y periodistas “no quieren chalecos, quieren justicia”.

 

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